Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2015/12/20 22:54

La propuesta de Uribe que se incluyó en la justicia especial para los militares

Aunque el expresidente rechazó el acuerdo en justicia transicional para agentes del Estado, este recoge una de las propuestas que planteó en el Senado.

La propuesta de Uribe que se incluyó en la justicia especial para los militares

Una de las principales banderas del senador Álvaro Uribe ha sido la defensa del honor de las Fuerzas Armadas y de Policía. Más aún ahora, cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos está a poco de firmar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Desde años atrás el expresidente insiste en que en La Habana se está equiparando a los “héroes de la patria con los terroristas”, según sus propias palabras.

Esa tesis la mantiene aún. Incluso después de que el propio presidente Santos explicara el componente de justicia transicional para los militares con ocasión del conflicto armado, y que estará dentro del sistema de la jurisdicción especial de paz que servirá para investigar y sancionar a los guerrilleros de las FARC.

La primera reacción de Uribe a ese capítulo de justicia especial para los agentes del Estado fue de rechazo. Aunque dijo que posteriormente fijaría una posición concluyente, insistió en que el acuerdo de justicia “iguala a las Fuerzas Armadas con guerrillas”.

“Este acuerdo facilita la absolución y elegibilidad de FARC y obligará a militares, policías y civiles a reconocer crímenes no cometidos para evitar cárcel” cuestionó, y a cambio plantea que los “integrantes de las Fuerzas Armadas deben tener alivio judicial, sin impunidad y sin las condiciones de la justicia de la guerrilla”.

Uribe ha insistido en que la solución a los cerca de 13 mil integrantes de las Fuerzas Armadas que tienen procesos judiciales, debe ser “una solución independiente de los acuerdos con el terrorismo”.

Más allá de esta posición, el componente de justicia transicional propuesto por el gobierno incluyó la primera propuesta que el uribismo radicó en el Congreso, pocos días después de su estreno en el Capitolio.

En agosto del 2014, los uribistas presentaron un proyecto para establecer un Tribunal Nacional pro tempore para la fuerza pública, que sesionará durante 12 años y tendrá como función principal revisar, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios contra los miembros de la fuerza pública, “por eventuales delitos cometidos en servicio activo y con ocasión del mismo”.

Este Tribunal, según la propuesta, funcionaría con procesos a partir del primero de enero de 1980 y deberá proferir las sentencias definitivas de reemplazo a que haya lugar en cada uno de los casos actuará como máximo organismo judicial de cierre en relación con los procesos actualmente en curso.

Según el documento presentado el sábado por el gobierno, en la ceremonia de ascensos militares, es que la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sección de Revisión del Tribunal, revisará las sentencias proferidas por la justicia “por inexistencia del hecho, error manifiesto en la calificación jurídica, por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema Integral”.

Esto significa, en palabras del presidente Santos que los soldados y policías que hoy están en la cárcel cumpliendo una pena, podrán someter ante este Tribunal una revisión de su caso.

“Y en muchos casos automáticamente saldrán libres por cumplimiento de la pena porque la pena será muy inferior a la que se le impuso si es que el tribunal lo considera culpable y si es inocente con mayor razón”, explicó el jefe de Estado.

En esta jurisidicción, por ejemplo, podría acoger los casos 5.749 miembros de la fuerza pública por su presunta responsabilidad en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. La Fiscalía, actualmente adelanta 2.305 procesos penales en los que están involucrados miembros de la fuerza pública por la presunta comisión de homicidio, homicidio en persona protegida, homicidio agravado, desaparición forzada, violencia sexual, infracciones al DIH, interceptaciones ilegales y concierto para delinquir. Muchos uniformados con sentencias podrían pedir la revisión de sus procesos.



En consecuencia, el componente de justicia para militares adaptó a la jurisdicción especial de paz la propuesta que el uribismo había planteado hace un año. Pese a ello, Uribe sigue cuestionando el proceso de paz, y ahora el componente de justicia transicional para los agentes del Estado.

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