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| 11/19/2013 12:00:00 AM

Uribe persiste en evitar venta de Isagén

Guillermo Rodríguez, abogado defensor del expresidente, solicitó medidas cautelares para impedir las acciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y su abogado Guillermo Rodríguez no quieren dar el brazo a torcer en su intención de evitar que el Gobierno venda el paquete accionario de Isagén. Rodríguez le solicitó al Sección Primera del Tribunal Contencioso de Cundinamarca medidas cautelares de urgencia en contra de la decisión de vender una parte de la participación por parte del gobierno nacional.

Con un documento de dos páginas dirigido al magistrado Luis Lasso, este martes el abogado busca suspender la venta, que desde este 19 de noviembre se inició en primera medida, con unos compradores que tienen prioridad, entre los cuales hay un sector solidario, extrabajadores y empleados de la empresa, para luego dar paso a la puja por el grueso de las acciones.

Rodríguez aseguró que el anuncio hecho por el propio ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, “es una burla a los Tribunales y le hace un esquince al proceso que se adelanta en la actualidad para evitar que se comercialice el paquete accionario”.

“Llama la atención esta maniobra antijurídica, amoral y antitécnica que no tiene otro fin que evadir el actuar de la administración de justicia tratándose de esta demanda”, aseguró Rodríguez.

El abogado aseguró al Tribunal que es necesario decretar de manera urgente una medida cautelar con el fin de evitar un daño al interés colectivo. Además avoca que se tengan en cuenta las posiciones de la Contraloría y de la Procuraduría sobre este tema.

“Solicito que se les advierta a los apoderados de las partes que omitan cualquier estimación política en este proceso, dado que los argumentos y las razones de la demanda son de estricto rigor jurídico”, expresó.

La iniciativa de Uribe y su abogado nació desde agosto pasado, cuando instauraron ante el Tribunal la demanda. La acción administrativa está dirigida contra la Nación, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Pese a que se pedían medidas cautelares para evitar la venta mientras se conocía el fallo de la corporación, estas no fueron concedidas, por lo que el Gobierno pudo seguir con sus planes de enajenación.

En la acción que sigue su curso en el Tribunal Administrativo se busca demostrar que la determinación de vender el 57,66 % del paquete accionario de Isagén, que le pertenece al Estado, se habría tomado de manera irregular y sin estudios previos que permitan conocer el verdadero valor de la empresa.

Además, se pide que se explique a la opinión pública por qué se decide transferir la hidroeléctrica; al igual que se den a conocer los estados financieros y estudios de diferente índole que llevaron a poner en venta la compañía.
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