Uribe al tablero

Es un espectáculo que era impensable hace apenas un año. El expresidente Álvaro Uribe, con el pelo más blanco que nunca, acompañado de su esposa, Lina, pálida y angustiada, en el banquillo frente a unos congresistas desconocidos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. La pareja presidencial llegó con una comitiva integrada por Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez Uribe y María del Rosario Guerra. Y en una esquina, Juan Lozano, quien no encontró asiento. Y como se trataba de una indagación preliminar sobre el caso de las 'chuzadas', en representación de las víctimas estaban el congresista Iván Cepeda, los abogados de Piedad Córdoba y Hollman Morris y miembros del Colectivo de Abogados que fueron a hacer ruido.

Uribe se defendió con la táctica que practica siempre: que no hay mejor defensa que un ataque. A pesar de sus circunstancias, su elocuencia definitivamente no ha disminuido. Como si se tratara de un consejo comunitario, salpicó sus intervenciones de cifras concretas y datos muy detallados. Como las interceptaciones telefónicas eran responsabilidad del DAS, comenzó por defender a las personas que ocuparon la dirección de ese organismo durante su gobierno. Sin embargo, defendió más el nombramiento que las gestiones de las mismas. Explicó que los elementos de juicio que tenía para haber escogido a esos funcionarios no incluían ningún indicio de conducta inapropiada y que muchos de ellos obedecieron a recomendaciones de personas muy respetables en cuyo criterio confiaba. Negó categóricamente haber dado órdenes de espionaje telefónico y, por el contrario, señaló que sus instrucciones claras habían sido las de no utilizar el DAS como policía política. Resumió su posición con la siguiente frase: "Soy vehemente en el discurso, pero transparente en el juego democrático". Con esto, de alguna manera se curaba en salud, pues dejaba entrever que su responsabilidad llegaba hasta la designación de los directores, pero que en el trabajo del día a día gozaban de un gran margen de discrecionalidad.

En las cinco horas se oyeron más ataques que defensas. El libreto era definitivamente uribista. A Piedad Córdoba la trató de "enemiga de la patria" por haber pedido en una reunión en México ruptura de relaciones con Colombia. Al expresidente de la Corte Suprema Yezid Ramírez lo acusó de querer "derrocar el gobierno". De Iván Cepeda afirmó que para buscar testimonios en contra del gobierno Uribe había estado dispuesto incluso a entrevistarse en las cárceles con los paramilitares, que habían sido en el fondo los asesinos de su padre. Al periodista Hollman Morris lo tildó de "publicista del terrorismo". Y al Colectivo de Abogados, que también son víctimas reconocidas en el proceso, lo calificó de "defensor de los terroristas".

Hasta ahí la película era conocida. Sin embargo, hubo un capítulo novedoso. En varias ocasiones, el expresidente utilizó la palabra "criminal" para referirse a una conspiración o a una venganza que, según él, se ha puesto en marcha para desprestigiar su gobierno. No fue muy concreto sobre quiénes serían los inspiradores de ese complot. Pero quienes lo escucharon detectaron definitivamente a algunos sospechosos. El abanico era amplio, pues iba desde el jefe paramilitar Macaco, hasta las ONG, pasando por la fiscal Viviane Morales. No pudo ocultar su animadversión por el ministro del Interior, Germán Vargas, de quien llegó a afirmar que, pasado de copas, se quejaba por el maltrato burocrático de Cambio Radical. Se rumora que Uribe estaba preparado con un expediente de cargos mucho más agresivos contra Vargas Lleras, pero que su abogado Jaime Lombana logró contenerlo.

Como era de esperarse, la intervención de Uribe les pareció contundente a los uribistas y manipuladora a los antiuribistas. Las dos partes tienen algo de razón. Puede ser cierto que Uribe nunca haya dado una orden explícita de espiar telefónicamente a alguien, pero es indudable que esto sucedió en dimensiones muy superiores a las que hubieran podido darse en el pasado. La explicación, por lo tanto, tendría que ser que el desenfreno obedeció al clima de pugnacidad y confrontación que reinaba en la Casa de Nariño. Y en cuanto a la conspiración criminal, en realidad se trata más de un conjunto de críticas y manifestaciones de indignación que han aflorado espontáneamente como consecuencia de revelaciones recientes, que de un complot orquestado y articulado por enemigos de Uribe que querían vengarse.

Independientemente de quién tenga la razón o qué tan justas o injustas sean las acusaciones, lo que es seguro es que el proceso en la Comisión de Acusaciones no va para ningún lado. Se trata de una etapa preliminar de un órgano que tiene seis meses para determinar si abre una investigación formal o no. La Comisión está controlada por el uribismo, y si algo la ha hecho célebre a lo largo de la historia es que allá no han prosperado acusaciones muchísimo más graves que las que se le imputan actualmente al expresidente. Por eso, aunque se podría afirmar que mediáticamente le fue bien a Uribe en esa 'indagatoria' en que jugaba de local, jurídicamente no tendrá ninguna conclusión.

Otra cosa que ha quedado clara es que los colombianos están cansados de la confrontación entre uribistas y antiuribistas, de los escándalos del gobierno anterior y de la supuesta persecución al expresidente. Lo que quiere el país es que se pase la página y que dejen gobernar a Santos. Habrá que ver si el temperamento de Uribe lo permite.