Uribe vuelve a "tirarle línea" al Congreso

En el mismo momento en que el Congreso retomó sus labores, el expresidente Álvaro Uribe hizo lo propio y "tiró línea" al sector más afín a su pensamiento.

Lo hizo para hacerle oposición a una de las más recientes decisiones de Juan Manuel Santos, la de retirar el fortalecimiento del fuero militar de la reforma a la justicia, a cambio de presentar un proyecto más integral, pero que tardaría más de un año en responder al reclamo de las Fuerzas Armadas, que es tener, de forma urgente, claridad jurídica sobre sus procedimientos en el marco del conflicto armado interno.

Uribe, en un comunicado que publicó en twitter, se opuso a que los ajustes del fuero militar se hagan fuera de la reforma a la justicia, que ya lleva seis meses de discusión y podría promulgarse el próximo mes de junio.

El expresidente pide defender ese artículo, el mismo que Santos les ha pedido a los partidos de la Unidad Nacional eliminar.

Por eso, Uribe aprovechó para "elogiar" la "firme decisión" de los senadores Juan Lozano (director de La U), Efraín Cepeda (presidente del Partido Conservador) y Juan Carlos Vélez (La U - ponente de la reforma a la justicia), "de defender el artículo en curso". El expresidente pidió a las bancadas de esos partidos que "ojalá los secunden en el tema".

La nueva interferencia de Uribe, ad portas del quinto debate de la reforma a la justicia, aumenta las tensiones en la coalición de Santos, donde La U y los conservadores (principales socios de Uribe en sus ocho años de gobierno) son mayoría absoluta.

Una tensión similar se produjo hace un año, cuando el parlamento discutía la ley de víctimas. En ese entonces, Uribe, un sector de La U y otro de los conservadores se oponían a que dicha ley reconociera la existencia de un conflicto armado interno. Aquel pulso lo ganó Santos al persuadir a La U, el partido que él mismo fundó en el 2006, y a los conservadores, el primero en aceptar la invitación a la Unidad Nacional.

La nueva intervención de Uribe se produce cuando Santos pactó una reunión con la bancada de La U en la Casa de Nariño para persuadirlos en este tema. Con esta nueva tensión el Congreso inició sus sesiones.


Este es el comunicado completo de Uribe

COMENTARIOS A LOS PROYECTOS SOBRE FUERO MILITAR

(Complementariedad de los dos proyectos siempre que se ajuste el Segundo)

Causa gran tranquilidad a los integrantes de las fuerzas militares, y a muchos ciudadanos, la firme decisión de los Senadores Juan Lozano R, Efraín Cepeda y Juan Carlos Vélez, entre varios, para defender el artículo Constitucional en trámite sobre el Fuero Militar. Ojalá sus bancadas y otros legisladores los secunden totalmente.

Decisiones de buena fe de nuestro Gobierno pudieron debilitar el Fuero Militar. En efecto, cuando empezó la eficacia del Ejército, ante la acusación de que no daban de baja a terroristas sino que asesinaban a campesinos, los comandantes y el Ministro tomaron la decisión de que en un combate las bajas no deberían moverse sino a la llegada de alguien de la Fiscalía o del CTI. Se llegó al extremo de ver, en casi todo evento de la naturaleza, un delito militar que debía investigar la justicia ordinaria. Poco antes de la reelección presidencial de 2006, integrantes del Ejército habrían asesinado a policías que se dirigían a combatir narcotráfico que al parecer protegían los militares. Se pidió que el grave caso lo investigara la fiscalía. También se interpretó como un debilitamiento del fuero.

La verdad es que los militares sienten una inhibición, no por miedo a los criminales sino por temor a injusticias de la justicia ordinaria.

Para responder a lo anterior, el Congreso ha aprobado en primer debate una Reforma Constitucional que presume que los delitos de los militares deben ser conocidos por la Justicia Penal Militar. Esta presunción es desvirtuable cuando el hecho corresponda a uno de aquellos tipos penales que universalmente se acepta que deben ser investigados por la Justicia Ordinaria.

La garantía eficaz para los militares, de acuerdo con este Proyecto del Congreso, es que el conocimiento inicial del hecho lo tiene la Justicia Penal Militar.

En el Proyecto anunciado por el Gobierno se encuentran normas que podrían ser complementarias del anterior, o materia de ley que lo desarrolle, pero en este caso se prefiere el Gobierno ubicarlas en el nivel Constitucional.

El Proyecto del Gobierno propone un Tribunal de Garantías, no militar, que hará las veces de juez de garantías en todos los procesos penales contra militares, sea que se adelanten por la Justicia Penal Militar o por la Ordinaria. POR LO MENOS DEBERÍA SER MIXTO, MILITARES Y CIVILES, PARA EVITAR EL RIESGO DE ANULAR EN LA ETAPA DE GARANTÍAS LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR, BIEN SEA POR SESGOS EN SU CONTRA O POR DESCONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA DE LOS OPERATIVOS CONTRA LA DELINCUENCIA.

El Proyecto del Gobierno trae una lista de delitos que se excluirían de la Justicia Penal Militar. En algunos no hay discusión, pero otros, DADA LA EXPERIENCIA COLOMBIANA, NO DEBERÍAN EXCLUIRSE DE ESTA JURISDICCIÓN.

De acuerdo con el Gobierno “las infracciones al derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares”. Y agrega, que las conductas relacionadas con un conflicto armado se juzgarán de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, por ende, se interpreta, que serán de conocimiento de la Justicia Penal Militar. Me he opuesto al reconocimiento del conflicto en la ley, me preocupa más al verlo en el texto Constitucional, sin embargo, a manera de atenuante, se habla de conflicto armado pero no se precisa que sea interno. Sería deseable ABRIR UN ESPACIO EN LA NORMA CONSTITUCIONAL QUE SE QUIERE APROBAR, PARA QUE LAS CONDUCTAS DE LOS MILITARES, EN EL COMBATE A ORGANIZACIONES CRIMINALES NO INCLUIDAS EN EL CONFLICTO, CON NIVELES DE PELIGROSIDAD Y AMENAZA EQUIPARABLE A AQUELLOS QUE SI SE LES RECONOCE COMO PARTE, EN CASOS ANÁLOGOS, SE LES PUEDA APLICAR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y SE LES JUZGUE POR LA JUSTICIA PENAL MILITAR. Nada se opone a que la Constitución cree un caso específico y adicional de aplicación del Derecho Internacional Humanitario cuando la amenaza criminal así lo aconseje.

Propone el Gobierno una Comisión, está sí mixta, para resolver los conflictos de competencia. Es lógico que tiene que existir con competencia para dirimir este tipo de conflictos, sin embargo, como garantía para los militares, debe ser a partir de que el conocimiento inicial de la conducta corresponda a la Justicia Penal Militar, como se infiere del Proyecto del Congreso que hace tránsito al segundo período legislativo.

En consecuencia con lo anterior, los dos proyectos podrían ser complementarios, siempre que a la iniciativa gubernamental le sean introducidos ajustes.

Es conveniente el Fuero Policivo incluido en la iniciativa gubernamental y la adición de las “materias atinentes al juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública en cualquier jurisdicción” como objeto de desarrollo de leyes estatutarias.

En conclusión, con ajustes al proyecto gubernamental, las dos iniciativas podrían ser complementarias y su efecto práctico sería que el conocimiento inicial de la conducta lo tendría la Justicia Penal Militar, esto de acuerdo con la iniciativa del Congreso, un Tribunal Mixto de Garantías haría las veces de juez de garantías y una Comisión, también Mixta, resolvería los conflictos de competencia.

Ojalá no retiren el proyecto del Congreso y ajusten él del Gobierno.

Álvaro Uribe Vélez

Marzo de 2012