Uribismo exige reparación de las FARC por crímenes ambientales

En la madrugada del pasado 22 de junio, un atentado perpetrado por las FARC en Tumaco, Nariño, generó una de las mayores catástrofes ambientales de la historia del país, según lo definió el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo.

Los subversivos derramaron 410.000 galones de crudo en las fuentes hídricas, que contaminaron los ríos Mira, Caunapí y Rosario, afectaron los ecosistemas y dejaron sin agua potable a por lo menos 160.000 personas. Una mancha de diez kilómetros de crudo, en la bahía de Tumaco, fue la imagen de la tragedia. Según el Gobierno, se necesitarán por lo menos 50 años para superar sus efectos.

Este atentado se produjo en días en los que la guerrilla de las FARC había levantado el cese unilateral decretado desde diciembre. La guerrilla justificó este atentado como un “daño colateral” propio del conflicto, y aseguró que era consecuencia de “la ausencia de un cese al fuego bilateral”.

Estas declaraciones, y el acuerdo en materia de justicia transicional que firmaron el Gobierno y las FARC la semana pasada en La Habana, han llevado al uribismo, el principal crítico del proceso de paz, a concluir que los daños ambientales perpetrados por la guerrilla quedarán en la impunidad.

Según el uribismo, son tres los daños ambientales causados por la guerrilla. Los atentados contra la infraestructura petrolera, los cultivos ilícitos, y la minería ilegal.

Este martes, liderado por el representante Fernando Sierra (Meta), el uribismo adelantará un debate de control político en el que pedirá a los ministros de Ambiente y del Interior respuestas sobre cómo va a reparar la guerrilla los daños causados al ecosistema.

“En La Habana acaban de anunciar un acuerdo de justicia, pero nunca hablan de los delitos contra el medio ambiente, ni narcotráfico, que, es bueno recordar, son catalogados por la legislación internacional como crímenes contra la humanidad. Desconoce el Gobierno la orden expresa del Consejo de Estado de incluir los crímenes ambientales en la negociación. Es importante que los ministros nos den claridad del lugar que van a ocupar estos delitos dentro de su nueva fórmula de justicia”, dice el representante Sierra.

Más de cuatro millones de barriles derramados

Según la información recopilada por el congresista, desde 1986, cuando el ELN atacó por primera vez el oleoducto Caño Limón-Coveñas, a suelos y ríos del país han caído 4.119.667 barriles de petróleo por atentados terroristas.

Esa cifra es algo más de cuatro millones de barriles, equivale a 262 piscinas olímpicas y son cerca de 655 millones de litros que han sido derramados por el país y que tienen severas consecuencias en el medio ambiente.

Basados en cifras oficiales, los uribistas aseguran que en los tres años de proceso de paz, se elevó el número de atentados a la infraestructura petrolera. Entre el 2012 y el 2015 se produjeron 438 atentados contra la infraestructura petrolera, el 92 % de ellos fueron atribuidos por las autoridades a las FARC.

¿Cuánto deben reparar las FARC? Sierra compara el caso del derrame accidental de la British Petroleum Company en el golfo de  México, en el 2010, cuando se liberaron en el mar cerca de 4,9 millones de barriles, cifra muy parecida al total del derrame ocasionado por el accionar de grupos guerrilleros en Colombia. Ese derramamiento afectó cerca de 400 especies y dejó una cifra de más de 2.624 animales muertos.

Para contener la contaminación, la BP tuvo que invertir cerca de US$12.500 millones. En cuanto a indemnizaciones por contaminación, en el caso de Estados Unidos, la BP acordó pagar US$ 18.700 millones.

Los bosques arrasados por el narcotráfico

Para el uribismo, el narcotráfico no puede ser conexo al delito político. Entre otras, porque lo describen como una de las principales causas de la deforestación de casi 300.000 hectáreas de bosque en el país.
Por ejemplo, en Chocó han sido arrasadas 4.000 hectáreas de bosque que sólo se restaurarán totalmente luego de 200 años, según informó recientemente el director de la Policía, general Rodolfo Palomino.
 
Según cifras de la oficina para las drogas y el delito, de Naciones Unidas, en los últimos 13 años la siembra de coca ha provocado la deforestación de 290.992 hectáreas de bosque, lo que equivale un poco más de dos veces el área de Bogotá.

Un estudio de los investigadores del departamento de Ecología y Evolución de la Universidad Stony Brook de Nueva York comprobó que existe una relación directa entre los cultivos de coca y la deforestación en los alrededores de estos. Y señaló que Colombia perdió en bosques el equivalente a dos veces y medio el tamaño de Jamaica. Por eso, el representante Sierra asegura que “el mayor depredador de bosque en Colombia es el cultivo de coca”.

La tesis del uribismo es que si los delitos ambientales no quedan incluidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto, la Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia para castigarlos.

El argumento es que el Estatuto de Roma, en el capítulo que clasifica los crímenes de guerra, señala como una de las conductas sancionables la de “lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas, lesiones a civiles o daños a bienes de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea”.

Por eso el uribismo le exigirá al Gobierno que los delitos ambientales no queden fuera del acuerdo de paz, y sobre todo que se establezca que las FARC deben reparar por los daños causados a ríos, fauna y población afectados. Este martes el Gobierno dará respuestas a estas nuevas observaciones del Centro Democrático.