La estrategia litigante del uribismo

Desde cuando comenzaron las negociaciones entre el Gobierno y las FARC hace cuatro años, el uribismo no ha escatimado ningún recurso para oponerse a la firma del acuerdo de paz. Consideran que el de La Habana es un acuerdo de impunidad, pues los jefes guerrilleros no pagarán cárcel y podrán participar en política, ‘sapos’ que no están dispuestos a tragarse.

Primero armaron un partido político, se presentaron al Congreso y consiguieron 20 escaños en el Senado y 39 en la Cámara, lo que los dejó, después de La U, como el segundo partido con más congresistas. Disputaron la Presidencia representados por Óscar Iván Zuluaga y ganaron la primera vuelta, pero las multicolores alianzas de la segunda ronda le dieron la reelección al presidente Juan Manuel Santos.
 
En el Congreso se opusieron sistemáticamente al acto legislativo por la paz, la reforma con la que se implementarán los acuerdos de La Habana. Dieron la pelea, se cogieron hasta de la letra menuda del reglamento para impedir su avance, pero fueron aplastados por el 80 % del Congreso en ocho debates.

Lo mismo pasó con la controvertida ley del plebiscito por la paz, la misma que bajó el umbral de aprobación a sólo el 13 % del censo electoral y que habilitó el mecanismo de refrendación para que los colombianos, como dijo el presidente Santos, tengan la última palabra respecto del acuerdo de paz firmado el 24 de agosto en La Habana.

Al uribismo parece no quedarle otro escenario distinto que el de las urnas, pero antes de esa prueba de fuego que supone el plebiscito del 2 de octubre, todavía tienen un plan para oponerse a lo pactado en La Habana. Ahora, la estrategia está en el terreno de la justicia.

En la tarde de este lunes los senadores Alfredo Ramos Maya y Paloma Valencia presentarán una demanda de nulidad al Decreto 1391 del pasado 30 de agosto, el mismo con el que el presidente Santos convocó al plebiscito, y donde fijó la pregunta que deberán responder los colombianos: “¿Apoya el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera?”
 
Según Ramos, ese decreto vulnera la sentencia 379 de 2016 de la Corte Constitucional, la que declaró exequible la ley del plebiscito, porque los acuerdos de La Habana tenían que venir firmados por el presidente de la República, como el titular exclusivo de la potestad de firmar este tipo de documentos, de acuerdo con la propia Constitución.

También, dice el senador, porque en los acuerdos no podía haber firmas apócrifas de miembros de las FARC que se registran con un alias o un sobrenombre, sin nombre ni cédula.

Sostiene Ramos que también se incumplió la promesa de una accesibilidad diferencial a etnias con sus propios dialectos. “En Colombia están reconocidos 68 dialectos por parte del Ministerio de Cultura, y solamente pudimos encontrar seis de los acuerdos en seis de esos idiomas, así como en sistema Braille para personas con visibilidad reducida”. Así mismo asegura que el documento enviado al Congreso estaba "incompleto”.
 
Así mismo afirma que la pregunta formulada por el presidente Santos “vuelve a incumplir uno de los mandatos de la Corte Constitucional, el de la neutralidad, una de las condiciones que impuso la honorable Corte”. Por eso le pedirá una audiencia pública al alto tribunal para vigilar el cumplimiento de la sentencia del plebiscito.
 
Con esta, ya son tres las iniciativas judiciales que en menos de una semana el uribismo ha interpuesto contra los temas relacionados con la paz.
 
El martes, Uribe y sus compañeros del Centro Democrático presentaron más 1,3 millones de firmas para respaldar la demanda contra el acto legislativo para la paz.
 
Esta demanda es trascendental. El acto legislativo para la paz es el corazón de la implementación de los acuerdos de La Habana, y entrará en vigencia sólo después del plebiscito.  
 
Para Uribe, el acto legislativo para la paz representa una sustitución de la Constitución, se aprobó de forma viciada y pone en peligro el orden institucional del país.
 
Y el pasado jueves el representante a la Cámara Santiago Valencia presentó una tutela contra la convocatoria del plebiscito, e invitó a los colombianos a hacer lo mismo: es decir, una tutelatón. La tutela de Valencia pretende garantizar los derechos fundamentales y pide “la modificación del texto de la pregunta que se pretende realizar en el plebiscito, debiendo adoptar, reconocer y garantizar que se cumplan los requisitos que determinó la Corte”.
 
Incluso reclama medidas cautelares como “suspender la votación del plebiscito hasta que el Presidente formule la pregunta de acuerdo a la sentencia de la Corte”.
 
Para apuntalar el plan, en la página del Centro Democrático se dispuso de formularios para que cualquier ciudadano en todo el país pueda presentar una tutela ante el juez más cercano.
 
La estrategia de las demandas ante los tribunales de la justicia no son novedosas, pero sorprende que el uribismo, que ha cuestionado la imparcialidad de la justicia, recurra a ella tras su cadena de derrotas en el Congreso.
 
Por ejemplo, el Polo Democrático Alternativo, movimiento de izquierda, ha demandado numerosas leyes desde el 2010. Ellos no tienen suficientes votos en el Congreso y prácticamente son arrasados por las mayorías parlamentarias. No han tenido otro camino que las altas cortes, y han tenido éxito: tumbaron la ley Lleras 2.0., la reforma al fuero militar y algunos artículos del Plan de Desarrollo relacionados con terrenos baldíos.
 
Y sin ir muy lejos en el tiempo, la tutelatón fue una de las estrategias a las que se aferró Gustavo Petro para no ser destituido de la Alcaldía de Bogotá, la cual fue muy criticada por dirigentes uribistas al argumentar que era una maniobra con la que se apuntaba a hacer colapsar la justicia.  
 
El Centro Democrático está combinado las formas de lucha. Mientras recurren a la justicia para atajar el plebiscito, los uribistas hacen campaña por todo el país invitando a la gente a participar y a que respondan No. Puede parecer contradictorio, pero son instrumentos que ofrece la democracia, y el Centro Democrático quiere agotarlos todos antes de llegar al veredicto de las urnas.