Dos magistrados de la JEP preocupan al uribismo

Rodolfo Arango es abogado de la Universidad de los Andes y filósofo de la Nacional. Es de izquierda, y aunque ha sido más académico que político, alguna vez fue candidato al Senado por el Polo Democrático, arropado por su amigo Jorge Robledo, pero sin éxito para alcanzar una curul.

Sandra Rocío Gamboa también es de izquierda. Es abogada litigante, y se ha desempeñado en el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que lidera muchas causas contra miembros del Ejército. Incluso ella aparece como denunciante en un proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por las chuzadas del DAS.

Los dos fueron presentados este martes como magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz. La instancia que investigará los delitos más graves del conflicto, la que juzgará a los miembros de la guerrilla, pero también a civiles que confiesen su participación en la guerra interna que ha tenido el país.

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Rodolfo Arango y Sandra Rocío Gamboa son dos nombres que inquietan al uribismo. Estos magistrados, en el pasado, hicieron comentarios contra Álvaro Uribe y otros miembros del Centro Democrático, por lo que este partido cuestiona su imparcialidad. Incluso, no descarta recusarlos, “si llega a ser necesario”.

Santiago Valencia, congresista del Centro Democrático, aceptó que la JEP quedó conformada por “excelentes juristas” pero admite que hay algunos casos que les preocupan, porque llegan a este tribunal con una preconcepción frente al expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático.

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Se refiere a varias declaraciones de Rodolfo Arango, que en enero de 2015, escribió en su cuenta de Twitter: “Expresidente Uribe se queja de persecución penal por Santos por lo que hicieron en su Gobierno. ¿No será más bien retaliación entre bandas?”. Los uribistas entienden que los llamó “banda”.

En 2013, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Luis Alfredo Ramos escribió: “Con la probable condena de Luis A. Ramos por vínculos paramilitares quedará muerto y sepultado el uribismo. O, ¿debería en un país decente?”.

Pero también a las de Sandra Rocío Gamboa que en el año 2011, en una audiencia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, afirmó “quienes estamos aquí fuimos quienes denunciamos al señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto quiere decir que estamos absolutamente interesados en que se desarrolle un procedimiento sobre su responsabilidad penal sobre los crímenes que hemos denunciado”. Para el uribismo, esa afirmación anticipa las presuntas intenciones es juzgar a Uribe.

Otra nueva “objetiva” magistrada que no ha prejuzgado y tampoco va a llegar a perseguir políticamente a nadie #SandraRocioGamboa pic.twitter.com/61jUs7QO0d

— Santiago Valencia G (@sanvalgo) 26 de septiembre de 2017

“Se supone, o por lo menos es lo que dice el Gobierno, que la JEP será para juzgar a las Farc y no a terceros. Pero lo que ve el Centro Democrático es que va a ser un tribunal de inquisición contra alguien que no esté de acuerdo con el proceso de paz”, dijo Valencia.

Para el congresista los dos magistrados ya prejuzgaron y podrían ser recusados, si llegan a tomar alguna decisión que compromete a quienes se opusieron al proceso.

Valencia considera que también hay otros magistrados que podrían estar incursos en conflicto de interés, pues fueron abogados en procesos contra el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y otro grupo que ha sido contratista del Estado. “Haremos las recusaciones que sean necesarias”.

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Para la senadora y precandidata presidencial, María del Rosario Guerra, no se puede reconocer la elección de los magistrados de la Justicia Especial para la Paz. "Se han elegido unos magistrados afectos a la izquierda y a las Farc; magistrados del (Colectivo de Abogados) Alvear Restrepo; magistrados defensores de derechos humanos que claramente han defendido a las Farc, que han atacado a los militares colombianos, que tienen como propósito perseguir a Álvaro Uribe Vélez y a la oposición que representamos en el Centro Democrático. Lo que quieren es llevar (ante la JEP) a los militares y a los civiles que de una u otra manera han tenido que confrontar a las Farc. Por eso no la podemos reconocer ni aceptar. Los que hacemos la oposición vamos a terminar: civiles, empresarios, militares, ciudadanos que respetamos la Constitución y la ley, muy seguramente juzgados por una justicia politizada y sesgada hacía las Farc”.

Aunque en la JEP quedó claro que ese sistema de justicia no tenía competencia para estudiar ningún caso contra cualquier expresidente, entre los opositores al proceso de paz estos dos nuevos magistrados crean desconfianza. A pesar de los anuncios que ha hecho el uribismo, no es claro frente a qué procesos concretos los podrían recusar. La JEP, a pesar de tener ya sus magistrados, por ahora está lejos de comenzar a andar. Se requiere el trámite de una ley estatutaria en el Congreso, así como la elaboración de un reglamento y de un código de procedimiento para que esos casos comiencen a ser estudiados.