Martes, 21 de octubre de 2014

| 2013/01/26 20:00

Uribismo pone sus cartas sobre la mesa

El uribismo ha dejado saber cuáles serán sus dos banderas electorales. Una es legítima y la otra no.

Uribismo pone sus cartas sobre la mesa

Hace pocos días tuvo lugar una cumbre uribista en la cual se habría concretado un poco más el proyecto político del expresidente. A esta asistieron, además de Álvaro Uribe, Martha Lucía Ramírez, Óscar Iván Zuluaga, Juan Carlos Vélez, Carlos Holmes Trujillo, Francisco Santos y Rafael Guarín. De esas deliberaciones salieron los dos elementos básicos de lo que se constituirá en la plataforma electoral de la restauración uribista. Estos son:

“1. Rechazamos que el presidente Santos avale el llamado cese unilateral de hostilidades de las Farc y minimice los asesinatos perpetrados en los dos últimos meses como simples excepciones. De igual manera apoyamos la posición del presidente de Fedegan, José Félix Lafourie, en el sentido de que ‘las Farc no han abandonado su pretensión de tomarse el poder por las armas ni abandonan la combinación de todas las formas de lucha, y siguen victimizando al pueblo que dicen defender’. Y que tal y como está planteado el proceso lo que habrá es una lavandería de activos de la guerrilla. La arremetida del terrorismo es la respuesta al abandono de la seguridad democrática y a la promesa de impunidad con el marco jurídico para la paz. 

2. Instamos al gobierno a que decida y anuncie públicamente que no va a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia que despoja a Colombia de más de 100.000 kilómetros. Le pedimos al presidente Santos no evadir tal decisión”. 

Al respecto vale anotar que el primer punto es totalmente legítimo y el segundo no. Oponerse al proceso de paz de Juan Manuel Santos es una opción política válida. No solo es coherente con lo que ha sido la vida y el gobierno del expresidente Uribe, sino con lo que sienten millones de colombianos que consideran que hay un deterioro en la seguridad nacional y que una negociación con las Farc es un salto al vacío. Solo el tiempo dirá cuál de los dos jefes nacionales tenía la razón, pero en todo caso se trata de un enfrentamiento entre dos puntos de vista igualmente reales e importantes cuyo desenlace definirá la historia de Colombia en los años por venir. 

El segundo punto, el de no acatar el fallo de la Corte de La Haya, es sorprendente y hasta irresponsable. El presidente Uribe ha tenido muchos detractores, pero nunca nadie lo había acusado de falta de seriedad o de coherencia en sus posiciones. Su llamado al desacato es difícil de entender si se tiene en cuenta que su gobierno tuvo el manejo de ese proceso durante ocho años y que él mismo se había comprometido con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a acatar el resultado fuera cual fuera. Cuando se acepta un árbitro, desconocer sus decisiones por que no gustan no es serio y Colombia ha sido históricamente considerado un país serio en la comunidad internacional.

El presidente Santos sabe que tiene que acatar ese fallo. Sin embargo, ante la popularidad del nacionalismo de Uribe le ha tocado también a él enarbolar la bandera patriotera para no acabar siendo percibido como el presidente que entregó la soberanía nacional. Todo el pataleo jurídico del gobierno probablemente no va para ningún lado. Lo único importante es salvaguardar los derechos de los pescadores sanandresanos, lo cual el presidente Ortega ha aceptado desde el principio. 

Ante una coyuntura histórica tan difícil, la cual en el fondo no tiene culpables, lo que se requiere de los jefes políticos es solidaridad para minimizar el golpe. Lo que está haciendo el presidente Uribe es un golpe bajo. Lo paradójico es que la mayoría de sus generales están auténticamente indignados con el proceso de paz, pero no están en el fondo de acuerdo con un desacato que si bien es popular, no es viable. Es un sapo que personas muy serias han tenido que tragarse por la causa.

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