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| 3/5/2016 12:00:00 AM

Centro Democrático: el Tea Party colombiano

En medio de un panorama polarizado, la política se ha degradado y la oposición uribista parece cada vez más radical.

Hace mucho tiempo el país no vivía un clima político tan agitado. El ambiente de los últimos días hace recordar las épocas de polarización de los años noventa en torno al proceso 8.000. Las conversaciones en la calle y en los lugares públicos no salen del monotema de la pelea entre el santismo y el uribismo y de quiénes están a favor o en contra del proceso de paz con las Farc. En discusiones caldeadas sube el tono y baja la profundidad.

La oposición uribista ha liderado en buena parte la degradación de la política y a raíz de la orden de captura contra Santiago Uribe terminó de desbocarse. El mismo día de la noticia, el martes, la bancada se retiró del Congreso y en la entrada de la Casa de Nariño pidió con pancartas la renuncia del presidente Juan Manuel Santos. Lo que pretendió mostrar como un plantón liderado por el presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, fue más una gritería de un puñado de congresistas y muchos escoltas. Más que la forma, la protesta era muy débil por el fondo: abandonar el Legislativo para quejarse ante el Ejecutivo por una decisión judicial.

Pero las formas, la seriedad y el rigor han sido los grandes damnificados en medio de la pugna entre el gobierno y la oposición uribista. En la última semana hubo deslices de lado y lado. Del presidente Santos, al pedir una veeduría internacional para el proceso de Santiago Uribe, cuando lo que le corresponde, como jefe de Estado, es fortalecer la justicia nacional y defender la soberanía. Y de ministros como Gina Parody, que se metió en terrenos muy lejanos a los de su cartera para decir que la reacción del uribismo obedecía a que esa fuerza política tiene ‘rabo de paja’.

En las toldas uribistas los excesos fueron mayores. Pedir la renuncia del presidente, por un fallo judicial, se sale de todo parámetro de seriedad y cordura. El exvicepresidente Francisco Santos comparó al gobierno con la mafia del narcotráfico y dijo que aplica la misma estrategia de “plata o plomo”. Y sugirió que la apertura de un proceso preliminar contra RCN Radio por razones administrativas –de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio– era parte de la persecución del gobierno contra el uribismo. La senadora Paloma Valencia convocó a una “rebelión contra la dictadura”. Su colega Ernesto Macías tuiteó en protesta por rumores sobre “intenciones del fiscal de meter a la cárcel a los hijos de Álvaro Uribe”. Y el propio exmandatario, en su cuenta, escribió: “¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”.

Toda una cascada de exageraciones, versiones sin confirmar y rumores. En el debate en el Senado sobre la reforma a la ley de orden público, la bancada llegó a decir que los generales activos que forman parte de la subcomisión del fin del conflicto en el proceso de paz en La Habana habían renunciado por desacuerdos con el gobierno. Lo que hubo fue un comunicado de ellos mismos para negar la versión. Pero nada detuvo la ofensiva de improperios que pretenden mostrar al sistema político colombiano como más autoritario y dictatorial que el de Venezuela, lo cual no resiste el más mínimo análisis.

A finales de la semana, los partidos de la Unidad por la Paz publicaron una declaración para pedir mesura en el lenguaje político. De ella forman parte el Polo Democrático y la Alianza Verde, que suscribieron el texto y han asumido una postura de apoyo a la paz y de crítica al gobierno. Este hecho pone de presente la diferencia del tipo de oposición que ha hecho la izquierda en los últimos años y la que ahora desempeña el Centro Democrático. Algo va de los debates de denuncia y control político de Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo e Iván Cepeda, al desborde demagógico de algunos miembros de la bancada uribista. Porque no son todos: los senadores Iván Duque y María del Rosario Guerra, y el representante Samuel Hoyos se han distinguido por su seriedad en los debates.

La oposición es una necesidad en una democracia. Desde el punto de vista institucional se requiere para que los intereses de las minorías estén representados y para que ideologías diversas participen en forma pluralista. Su función es vigilar al gobierno de turno, moderar sus políticas y prepararse para llegar al poder en el futuro. Pero algunas formas de oposición no son funcionales, sino perjudiciales, para la naturaleza democrática del régimen político. La que destruye, bloquea, y no propone alternativas, sino siembra odio y fomenta conflictos personalizados, no les conviene a las instituciones: afecta la gobernabilidad, deteriora la credibilidad en el sistema y termina por dificultar la convivencia entre sectores diversos y con intereses distintos, esencia de la democracia.

El debate sobre la oposición negativa y la que le conviene a la política no solo existe en Colombia. En Estados Unidos se ha cuestionado el papel del llamado Tea Party, empeñado en bloquear cualquier iniciativa de los dos cuatrienios de Barack Obama. Basta revisar la prensa internacional para ver el peligro que le haría a la imagen de Estados Unidos un eventual triunfo de Donald Trump y de los sectores más radicales del Partido Republicano, que forman parte de esa corriente.

Lo mismo le podría ocurrir al uribismo, que es visto por fuera del país de una manera mucho más negativa que en el terreno local. Por algo el gobierno de Barack Obama, que apoya los diálogos con las Farc, ha buscado tender puentes entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Lo intentó el enviado especial Bernie Aronson, quien propició una reunión del exmandatario con el jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle. Y la propia Casa Blanca, que incluyó en la reciente visita de Juan Manuel Santos a Washington una ceremonia de celebración de los 15 años del Plan Colombia, que habría sido una oportunidad para que Santos y Uribe compartieran un espacio. Pero el exmandatario no aceptó.

Por el contrario, Uribe suele viajar a la capital estadounidense para hacer proselitismo a favor de su visión apocalíptica de la realidad colombiana. Hace dos semanas acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para denunciar una persecución oficial de su partido. Una intención que, ni en forma ni en fondo, encaja con el mandato de esa entidad. Los intentos de Uribe por bloquear el apoyo estadounidense al proceso de paz apenas tienen eco en un senador que es producto de la Guerra Fría: el cubano-estadounidense Marco Rubio, que ha salido mal librado en las primeras elecciones internas de su partido. Pero más allá de la efectividad del discurso uribista en Washington cabe preguntar: ¿es esa una función de un expresidente? ¿No debería lavar la ropa sucia en casa? ¿En qué se diferencian estos actos con los que hacía Piedad Córdoba contra el gobierno de la seguridad democrática, a los que el mandatario de entonces –Uribe– calificaba de “apátridas”?

El sentido de la moderación es una virtud en la política. Pero la tendencia en Colombia no va en ese sentido, sino todo lo contrario. De hecho, están quedando atrás sanas costumbres de buscar consensos y diálogos en los momentos de crisis. El uribismo anuncia una marcha para el 2 de abril contra el proceso de paz y el expresidente Uribe preparaba, al cierre de esta edición, un duro discurso que pronunciará este domingo contra el presidente Santos. Las manifestaciones de protesta, crítica y la diversidad de ideas son bienvenidas y convienen, siempre y cuando respeten fronteras de cordura y sensatez.

Porque todas las ideas son valiosas pero no todos los métodos para defenderlas son aceptables. El uribismo todavía está a tiempo de orientar su tarea en favor de la democracia y evitar convertirse en el Tea Party colombiano.

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