El uribismo se baja de la propuesta de la Constituyente

La actual crisis por la que atraviesa la Justicia, y especialmente la que era considerada la joya de la corona de las instituciones en Colombia, la Corte Constitucional, podría ser un ‘bocato di cardinale’ para que el uribismo reciclara su propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente, tal como el propio expresidente Álvaro Uribe lo había planteado en julio del 2012, precisamente cuando el gobierno de Juan Manuel Santos afrontaba el escándalo por la fallida reforma a la justicia.

Pero no sucedió así. Para sorpresa de muchos, el uribismo cambió de postura, y aunque responsabilizó al presidente Santos de haber desinstitucionalizado el país y llevado a la justicia a la peor crisis de su historia, ahora cree que la Constituyente no es la salida.

El lunes en la tarde, Óscar Iván Zuluaga, jefe del Centro Democrático, leyó ante las cámaras de televisión un comunicado en el que el movimiento de oposición fija su postura frente a la actual crisis. Calificó de “mediocre” el proyecto de reequilibrio de poderes que actualmente cursa en el Congreso y que fue presentado por el ministro del Interior, y propuso un gran acuerdo nacional que no sólo vincule a los partidos políticos, también al empresariado, la academia, los sindicatos, la rama judicial, las veedurías ciudadanas, para acordar “la reforma integral que hoy demanda el país”.

Zuluaga dijo que el Centro Democrático insistirá en la propuesta de incorporar temas como calidades de los magistrados, modificar el origen de su elección así como de los organismos de control, investigación y juzgamiento, un riguroso régimen de inhabilidades y la erradicación de los llamados ‘roscogramas’.

Para el uribismo, como se lo dijo a Semana.com el senador Alfredo Rangel, el Congreso es la institución que debe encargarse de adelantar esta reforma a la justicia. Algo que difiere de la postura de Álvaro Uribe hace tres años, cuando, a raíz del escándalo que se armó en el Congreso por los micos que se le habían colgado a ese proyecto, propuso una Constituyente como salida a la crisis.

Eso fue el 5 de julio del 2012, en un homenaje a Fernando Londoño en el Club El Nogal. Allí Uribe afirmó: “Una Constituyente, limitada en sus atribuciones a reformar la Justicia, dedicada a este propósito sin la interferencia de interés diferente, puede ser respuesta al clamor de la hora”.

De hecho, los uribistas materializaron dicha propuesta. En agosto de ese año, Juan Carlos Vélez, en ese entonces senador de La U y uno de los pocos que se mantuvieron alineados con el expresidente Uribe, presentó un proyecto que luego fue derrotado aplastantemente en el Senado. El argumento principal que se oyó en contra de la propuesta es que una Constituyente terminaría convertida en una ‘caja de pandora’ y que podría permitir la reelección presidencial indefinida para que, precisamente, Uribe pudiera volver al poder.

Ahora, hay una situación más grave que la del fracaso de la reforma a la justicia. Uno de los magistrados de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, fue denunciado por uno de sus compañeros de haber, presuntamente, pedido 500 millones de pesos para acompañar una tutela interpuesta por la firma Fidupetrol. Pretelt respondió a la denuncia no sólo atornillándose a su cargo, sino acusando a diestra y siniestra, vinculando a cuatro magistrados y al fiscal general, Eduardo Montealegre, en procedimientos cuestionables.

Sin embargo, ante esta situación, el partido de Uribe, quien en marzo del año pasado se atrevió a calificar de ilegítimo al Congreso que fue elegido en las urnas, ahora considera que el Congreso sí es el indicado para resolver esta crisis. Ya no piensa en la Asamblea Constituyente. ¿Por qué?

Probablemente una de las razones para este cambio de postura es que los únicos que hablaban de Constituyente eran Uribe y las FARC. El expresidente la defendía para reformar la justicia, exclusivamente, mientras que la guerrilla para refrendar los eventuales acuerdos de paz y crear un nuevo orden constitucional. Quizás el uribismo quiere evitar esa coincidencia.

Incluso, Alfredo Rangel, utiliza el mismo argumento con el que se sopusieron a la Constituyente propuesta por Uribe: “Estamos convencidos de que una Constituyente se sabe dónde empieza pero no dónde termina, y contribuiría a la incertidumbre institucional del país”, asegura. Ahora, dice, “el Congreso con un gran consenso nacional, podría asumir la inevitable, ineludible y necesaria tarea de reformas la justicia colombiana”.

José Obdulio Gaviria incluso asegura que él también defendía la Constituyente y así lo expuso en dos columnas que por ese entonces tenía en diario El Tiempo. Ahora dice que lo importante no es el mecanismo, sino llegar a un pleno consenso para reso0lver la crisis. Un consenso que en su criterio será imposible ante la falta de liderazgo del presidente Juan Manuel Santos.

“Pero pongámonos de acuerdo todos, el Congreso mismo es capaz de hacerlo ahora. No sería la Constituyente omnímoda que se declara absolutamente soberana, independiente, sino que serían temas restringidos. Lo que no veo es quién guíe al Congreso a ese acuerdo porque sin participación del Ejecutivo que llame a todos los partidos a mirar los contenidos es muy difícil el acuerdo”, explica Gaviria.

En lo que los uribistas parecen mantener su coherencia es en las críticas al gobierno Santos por la actual crisis de la justicia. Para ellos, la reforma al equilibrio de poderes que impulsa en el Congreso el ministro del Interior va a ser el segundo fracaso del Gobierno para reformar la justicia. El gobierno Uribe, en ocho años, no pudo sacar adelante una reforma integral y Santos no pudo hacerlo en su primer cuatrienio, incluso en su único intento fracasó escandalosamente.