Las similitudes entre Watergate y la cúpula del uribismo

Todo el mundo ha oído hablar de Watergate. Pero pocos saben cómo fue ese escándalo. Curiosamente tiene muchos elementos parecidos a la actual situación jurídica del uribismo. Básicamente los dos casos consistieron en abusos cometidos desde el palacio presidencial para asegurar la reelección del entonces mandatario.

Obviamente hay diferencias, pero llaman más la atención las coincidencias. Watergate, en el fondo, fue un caso de espionaje y sabotaje dirigido desde la Casa Blanca para asegurarse de que Richard Nixon derrotara al candidato demócrata George McGovern. Al uribismo se le imputa haber adelantado desde la Casa de Nariño una campaña de espionaje y guerra sucia para asegurar la reelección del presidente. En ambos casos hay interceptaciones ilegales a periodistas y opositores, campañas de desprestigio y pagos de dinero por obtención de información ilegal. Pero lo que más llama la atención es que tanto en Watergate como en Uribegate prácticamente todo el primer anillo del presidente acabó judicializado.

En Estados Unidos terminaron en la cárcel el ministro de Justicia (Attorney General), John Mitchell; el secretario general de la Presidencia (Chief of Staff), Bob Haldeman; el secretario privado, Dwight Chapin; los dos principales consejeros del presidente en la Casa Blanca, John Ehrlichman y Charles Colson; y el secretario jurídico de la Presidencia, John Dean.  En Colombia no cayó el ministro de Justicia pero sí cayeron el del interior, Sabas Pretelt, y de Salud, Diego Palacios. También dos secretarios generales de la Presidencia, Bernardo Moreno y Alberto Velásquez. Uno de los altos consejeros del presidente, Luis Carlos Restrepo, es prófugo y el otro, José Obdulio Gaviria, está en investigación preliminar. El secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, está a punto de ser imputado y a una de las que más duro le cayó la justicia fue a la directora del DAS María del Pilar Hurtado.

Otros uribistas, no asociados con la reelección de Uribe, han sido acusados por supuestos delitos o abusos de poder. En esa lista están Andrés Felipe Arias, antiguo ministro de Agricultura, y más recientemente Luis Alfonso Hoyos y el hacker Andrés Sepúlveda por el papel que jugaron en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. En Estados Unidos, el símbolo del escándalo de Watergate es la irrupción nocturna de unas personas contratadas por la campaña de Nixon para forzar la puerta de la sede de la campaña demócrata y colocar unos micrófonos ocultos. En Colombia, el símbolo es la mujer de los tintos sobornada por el DAS poniendo una grabadora debajo de la mesa de la sala de reuniones de la Corte Suprema de Justicia. La principal diferencia es que Watergate causó una indignación nacional unánime y a nadie le pareció que se trataba de una persecución política. Uribegate tiene al país totalmente polarizado entre los que creen que se cometieron abusos escandalosos y los que consideran que se trata de un escándalo inflado en el que se está judicializando lo que antes era considerado aceptable. Por cuenta de estas percepciones tan disímiles, en Estados Unidos cayó la cúpula y también el presidente. En Colombia cayó la cúpula pero el presidente no solo no cayó sino que ahora es, además de senador, el popular jefe de la oposición al gobierno.

Hechas estas aclaraciones, vale la pena resaltar que hay otra gran diferencia entre los dos escándalos: el tamaño de las condenas. En Estados Unidos el presidente Nixon no fue a la cárcel porque su sucesor, el presidente Ford, le dio un perdón presidencial. Pero todos sus subalternos, que ordenaron, ejecutaron o encubrieron esos delitos fueron sometidos a la justicia ordinaria sin gabelas de ninguna clase y en medio de un ambiente hostil a nivel nacional. Aun así, sus penas fueron una fracción de las que se están imponiendo en Colombia.

John Mitchell, ministro de Justicia (Attorney General) y el segundo hombre más importante del país en ese momento, fue condenado por conspiración, perjurio y obstrucción de la justicia y pasó un año y medio en la cárcel. Bob Haldeman, el secretario general, y John Ehrlichman, el principal consejero de la Presidencia, fueron condenados a esa misma pena por los mismos delitos. De ahí en adelante nadie pasó más de un año. Dwight Chapin, secretario privado de la Presidencia, estuvo nueve meses en prisión. Charles Colson, el otro alto consejero culpable, siete. Jeb Magruder, encargado de la guerra sucia y de desprestigiar a la contraparte, también siete meses. Y finalmente John Dean, el secretario jurídico y el ‘sapo’ que prendió el ventilador contra todos, pasó solo cuatro meses en una cárcel de mínima seguridad. Como ya se ha dicho las dos situaciones no son totalmente comparables y los sistemas penales tampoco. Pero salta a la vista que las sanciones colombianas son desproporcionadas. Como jefa del DAS, María del Pilar Hurtado fue sentenciada a 14 años. Si llegan a capturar a Luis Carlos Restrepo su pena oscila entre los ocho y los 15 años. Los 17 años a los que fue condenado Andrés Felipe Arias por irregularidades como ministro de Agricultura son absurdos. Con rebajas podrían ser nueve pero aun así es exagerado. Al exministro del Interior, Sabas Pretelt, por dar una notaría lo sentenciaron a seis. El primer secretario general de la Presidencia, también por un puesto, puede tener entre ocho y 15. Y tal vez el más inocente de todos, el exministro de Salud Diego Palacios, quien era simplemente un técnico y no un político, está condenado a seis por seguir instrucciones burocráticas de la Casa de Nariño. La justificación de esas condenas, por actos de clientelismo que en el pasado hubieran sido considerados rutinarios, es que esas dádivas se entregaron para que parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo cambiaran su voto para aprobar la reelección de Uribe.

Se podría decir que los colombianos involucrados en estos hechos tenían agravantes dada la altísima responsabilidad que entrañaban sus cargos. Al fin y al cabo o eran ministros, altos consejeros en la Casa de Nariño o jefes de despacho. Pero en Estados Unidos también eran los hombres más importantes del país: ministros, jerarcas de la Casa Blanca y jefes de departamentos. El tamaño de las penas colombianas se explica en gran parte por la acusación de concierto para delinquir que hace imposible la excarcelación e implica mínimo ocho años de cárcel. Pero en Estados Unidos a varios de los involucrados se les imputa el cargo  de conspiracy, que es equivalente e igual de grave, y aun así pasan alrededor de un año en la cárcel y no entre cinco y diez.

El tamaño de esas condenas no puede atribuirsele exclusivamente a los jueces. Obedece a una combinación de factores que incluyen radicalismo penal de la Fiscalía, penas mínimas en la legislación existente y de pronto algo de politización de la Justicia. Al fin y al cabo muchos de los imputados tienen como juez la Corte Suprema de Justicia que fue precisamente a la que habían chuzado. En esas circunstancias no se puede ser muy neutral. Pero la comparación con los Estados Unidos lleva inevitablemente a una conclusión: si Andrés Felipe Arias, Luis Carlos Restrepo, Alfonso Hoyos y María del Pilar Hurtado y otros enfrentaran penas semejantes a las norteamericanas por delitos comparables, probablemente se hubieran sometido a sus seis, 12 o 18 meses de cárcel en lugar de estar buscando asilo para evitar condenas de cinco, 10 o 15 años.