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| 7/28/2011 12:00:00 AM

Usar niños y ancianos como testaferros, una maniobra de los corruptos

Esta trampa complicaría el trabajo de la justicia para castigar a los culpables del desfalco en la DIAN. Cámaras de comercio se defienden de críticas sobre la flexibilidad en Colombia para crear empresas, algunas "de papel".

Crear empresas “de papel” para realizar exportaciones falsas y cobrar fraudulentamente el IVA ante la DIAN fue una de las dos estrategias utilizadas por los corruptos para realizar este millonario desfalco. Y en la conformación de estas compañías, se recurrió a  niños y personas mayores de 65 años como testaferros, una maniobra que dificultaría el trabajo de los investigadores y de la justicia, dado que la edad penal en el país está entre los 18 y 65 años.
 
La afirmación la hace el presidente del Colegiado de Notariado Colombiano, Álvaro Rojas Charry, quien asegura que será un trabajo difícil para los investigadores saber quiénes están detrás de este desfalco, y también para recuperar el dinero público que a través de estas empresas quedaron en bolsillos de particulares.
 
Tras el escándalo de corrupción en la DIAN, su director, Juan Ricardo Ortega, también llamó la atención para ejercer mayor control sobre estas empresas y cuestionó la verificación de datos que realizan las cámaras de comercio. Asimismo, planteó la necesidad de tomar medidas ante el alto número de empresas inactivas, que suman 2’000.000 de las 3’000.000 registradas en las cámaras de comercio, otra de las estrategias utilizadas por los corruptos.
 
Las críticas se centran en las Sociedades por Acciones Simplicadas (SAS), una figura legal de conformación de empresas que funciona en Colombia desde el año 2008 y que se creó para disminuir los trámites, fomentar la creación de empresa, generar empleo, reducir la informalidad y aumentar la inversión en el país. Un modelo que también facilita la comisión de delitos, según Rojas Charry.
 
“Las SAS no tienen control de legalidad. No hay un funcionario que las analice y eso lo hacíamos los notarios: verificar que los documentos sean legales y que su objeto social sea determinado y no tan abierto y difuso. Nosotros teníamos que informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) sobre lavado de activos y allí se detectaban movimientos sospechosos. Las cámaras de comercio no están obligadas a reportar en la UIAF información de constitución de sociedades”, asegura.
 
EL 80 por ciento de las sociedades conformadas en Colombia son SAS. Es un modelo que según el Colegiado de Notariado Colombiano es “muy avanzado” para el país y aunque no creen necesario acabarlo, sí proponen que los trámites que un ciudadano realice para crear una empresa se hagan de nuevo ante una notaría.
 
Para los críticos, la forma como hoy se crean estas empresas no garantiza que en realidad tengan los recursos que declaran, puesto que la norma les permite pagar el capital dos años después de su conformación. “¿Cómo arranca uno una sociedad sin un peso y cómo adquiere compromisos económicos y patrimoniales sin tener dinero?”, cuestiona Rojas Charry, quien asegura que la mayoría de las empresas creadas para hacer captación ilegal de dinero (pirámides) y aquellas “clínicas de papel” a través de las cuales se habrían prestado falsos servicios de salud para que algunas EPS cobraran irregularmente recursos al Estado, son SAS.
 
“Registramos y verificamos lo que la ley exige”: cámaras de comercio
 
Antes las críticas, Julián Domínguez, presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), asegura que estas entidades sí hacen verificación exhaustiva de los documentos que se presentan, sin embargo, aclara que la función de las cámaras no puede ser fiscalizadora, puesto que legalmente no pueden hacerlo.
 
“Nosotros no tenemos la facultad legal para hacer nada distinto a la verificación documental. Se trata de documentos que tienen presunción de legalidad y constitucional de buena fe. Si alguien falsifica la firma de un notario o una escritura, le corresponde al juez declarar la nulidad de ese documento. No somos organismos de control ni de vigilancia”, asegura Domínguez.
 
Contrario a lo que opina el director de la DIAN o el Colegiado de Notariado Colombiano, para el representante de las cámaras de comercio “no es fácil hacer empresa” y asegura que el verdadero problema está en la corrupción y en la forma de atacarla. Creer que el centro del problema está en la flexibilidad para crear empresas, algunas de papel, es equivalente a “vender el sofá”, asegura.
 
“El debate es cómo atacar la corrupción para que funcionarios públicos no cometan fechorías como lo ha denunciado la DIAN. Colombia está en el puesto 74 en el ranking mundial de constitución de empresas que mide a 182 paises. Es decir, que en el mundo hay 73 países más que crean empresas con menores requisitos de los que se exigen aquí”.
 
Es una tendencia mundial, agrega y resalta como ejemplo el indicador Doing Business, que el Banco Mundial tiene para medir la facilidad de constituir empresas en diferentes países.
 
“Les compete a las entidades oficiales ejercer la vigilancia. Ellos ponen las condiciones y nosotros las cumplimos”, afirma. Plantea que un trabajo pendiente para tener más control sobre esas nuevas empresas es el cruce de las distintas bases de datos que les ayudará a todas las entidades a corroborar la información que presenta un ciudadano o una empresa.
 
Por mencionar algunas, está la información de la DIAN, las cámaras de comercio, la Registraduría, las capitanías de puerto, la aeronáutica, las secretarías de tránsito y los bancos.
 
Antes del 2012 se eliminarán empresas inactivas
 
La segunda estrategia de los corruptos para hacer exportaciones falsas fue usar el nombre de empresas inactivas. Como lo reconoció el director de la DIAN, para lograrlo fue necesaria la colaboración de funcionarios de la dirección de impuestos con acceso a estas bases de datos.
 
Actualmente hay 2'000.000 de empresas sin actividad, número que se espera se reduzca este año con la aplicación de la ley 1429 del 2010. “Al 31 de diciembre de este año a las empresas que no hayan renovado la matrícula mercantil y lleven diez años de inactividad se les cancelarán los registros de las cámaras de comercio, si son de personas naturales. Si son sociedades quedarán disueltas y en estado de liquidación”, explica el presidente de la Confecámaras.
 
Paralelo al cumplimiento de esta norma está el proyecto de ley que promueve el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, y que busca reducir los trámites en tiempo y costos para quienes deseen liquidar su empresa. La norma será discutida en esta legislatura.
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