Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/06/23 00:00

¿Usted no habría ordenado la detención de los firmantes del Pacto de Ralito?

El ex fiscal Gustavo de Greiff regresa al país y le responde a María Isabel Rueda.

Después de 13 años de ausencia, esperaba encontrar el país más ordenado, pero lo he encontrado igual de despelotado y desorientado

M.I.R.: Usted fue el primer Fiscal que tuvo el país. Lleva 13 años viviendo en México. ¿A su regreso, encuentra al país menos o más despelotado de lo que lo dejó?
G. d G.: Pues yo sí esperaba encontrarlo más ordenado, pero lo encuentro igual de despelotado y de desorientado. Con problemas diferentes, pero con la misma maña de querer resolverlos sin un estudio previo, a las carreras, sobre la marcha, que es lo que pasa con la desmovilización y el acogimiento a la justicia de los paramilitares. El ideal habría sido un plan preconcebido, estudiado detenidamente, y quizá primero ensayado en pequeño, en lugar de lanzarse a ver qué sale de eso. No se le informó oportunamente a la opinión pública qué es lo que se propone esa ley, qué se acordó, qué se pactó y qué se espera que se logre. Es posible que sí exista un plan que la opinión pública echa de menos, pero lo ideal es que los ciudadanos estén bien informados de las decisiones que atañen a hechos fundamentales para la vida en sociedad.

M.I.R.: ¿Qué diferencia hay entre la política de sometimiento a la justicia que usted promovió como Fiscal para desarticular el narcotráfico y la actual Ley de Justicia y Paz?
G. d G.: La ley de sometimiento tuvo éxito para desvertebrar el cartel de Medellín, pero posteriormente fracasó por las influencias del gobierno norteamericano y la decisión del presidente Gaviria de acogerse a la presión de Estados Unidos. La política de sometimiento a la justicia tenía una base filosófica que me parece acertada: darles la oportunidad a los que están fuera de la justicia de entregarse y recibir unos beneficios a cambio de esa entrega y de colaborar confesando y entregando sus bienes ilegalmente adquiridos.

M.I.R.: ¿Y no es lo mismo lo que se está tratando de hacer ahora con los paramilitares?
G. d G.: La parte de ofrecerle a una persona que se entregue, confiese y aporte bienes a cambio de su reingreso a la sociedad, eso está bien.

M.I.R.: ¿Entonces por qué el presidente Gaviria critica la Ley de Justicia y Paz, si básicamente busca lo mismo que la política de sometimiento que él se inventó?
G. d G.: No debería criticarla porque no tiene valor moral esa crítica, si la Ley de Justicia y Paz funcionara como está concebida. Teóricamente sí hay entre las dos cosas un paralelo. Lo que no está saliendo bien es que no se están controlando las actividades de los que han aceptado desmovilizarse y acogerse a los beneficios de la ley. Parece que siguen delinquiendo. La política de sometimiento indudablemente sirvió para acabar con el cartel de Medellín, pero después no se siguió aplicando por las interferencias que ya le comenté. Pero a mí me criticaron mucho por iluso, al creer que con ese sistema podía acabar con el narcotráfico.

M.I.R.: ¿Y sí fue un iluso?
G. d G.: Yo lo que pensé es que con la política de sometimiento se podría disminuir sustancialmente el narcotráfico en Colombia e inclusive que podría llevar a terminar globalmente con el problema, o por lo menos que lograría que se trasladara a otros países. No fui iluso, pero intereses políticos e internacionales impidieron que la política de sometimiento siguiera triunfando. Cuando me fui, por cumplir la edad de retiro forzoso, el cartel de Cali había manifestado su interés de acogerse a la justicia, pero el gobierno americano y el famoso senador Kerry, que después fue candidato derrotado a la Presidencia, alegaron que la política de sometimiento a la justicia se estaba aplicando en beneficio de los delincuentes y no de la justicia. Eso fue una infamia. El Fiscal podía acordar el acogimiento a la justicia, pero no podía ofrecer una absolución total, y quien dosificaba las penas de acuerdo con la colaboración con la justicia eran los jueces. Inventaron que el Fiscal quería beneficiar a los narcotraficantes o que era un iluso.

M.I.R.: ¿Y cómo encuentra la Fiscalía, una institución que usted fundó: afianzada o fracasada?
G. d G.: Crear la Fiscalía fue una acertada decisión de la Constituyente del 90. Aunque al pasar del sistema inquisitivo al acusatorio, quizá se le dio demasiado poder al Fiscal. Desde un principio lo advertí y afortunadamente en varias reformas ese poder se ha ido acortando, estableciendo ciertos controles a las actuaciones del Fiscal por parte del juez del proceso.

M.I.R.: ¿Se atrevería a calificar las administraciones de sus sucesores?
G. d G.: Si lo hago, me colocaría en una posición muy antipática. Uno debe someterse a que lo evalúen, pero uno no está para evaluar a sus sucesores. Cada rey reina en su momento.

M.I.R.: Cuando asumió la Fiscalía en 1992, ¿cuánta gente tenía bajo su cargo?
G. d G.: Cerca de 2.000. Hoy hay como 20.000. Tuve que absorber los jueces penales aduaneros, los de instrucción criminal, los penales municipales, muchos de ellos nombrados por intereses políticos, por lo que, un poco en broma, yo decía que la Fiscalía se había fundado con los peores estudiantes de las peores universidades del país. Claro que al lado de ellos hubo gente muy buena. Creo que si se hace un balance desapasionado de la Fiscalía como institución -no de los fiscales-, los resultados son muy buenos, porque se reconoció que la Fiscalía es una parte del proceso penal y no maneja todo el proceso, como sucedía antes con los jueces en el sistema inquisitivo. Me tocó una época en la que el principal enfoque de la Fiscalía era el narcotráfico. Ahora es el del paramilitarismo. En ambos aspectos la Fiscalía ha cumplido un papel aceptable, pero sin duda falta bastante por hacer, ya que la guerra contra el crimen no se termina nunca.

M.I.R.: Pero con el vaso comunicante del narcotráfico, que también comparte la guerrilla…
G. d G.: Tan definitivo es eso, que yo sostengo que si Colombia tuviera el valor de promover con fuerza y políticamente con habilidad la legalización de la droga, ese sería el golpe más terrible que podrían sufrir los narcotraficantes, los paramilitares y los guerrilleros.

M.I.R.: Por haber propuesto esa tesis a usted Estados Unidos le quitó la visa… ¿Sigue sin visa?
G. d G.: Sigo sin visa y nunca la pediré. Ni más faltaba. Parafraseando a Ramírez Moreno, sufro de un extraño mal en la columna vertebral que me impide inclinarme ante los poderosos.

M.I.R.: ¿Será que el paramilitarismo le puede al actual Fiscal?
G. d G.: Es tan grave y tan grande el fenómeno, que se requiere aumentar la planta de fiscales. Pero lo más importante no es la parte material, sino la intelectual. Qué concepto tiene el Fiscal acerca de lo que está sucediendo y cómo cree que debe enfocar la investigación. Yo le tengo al doctor Iguarán estimación, tiene una hoja de vida brillante. Si él sabe mantenerse por encima de las influencias políticas independientemente del poder ejecutivo y decide de acuerdo con la ley y con las conclusiones de sus investigaciones, sin interferencia alguna, es posible que lleve este proceso a feliz término. Él está preparando un libro sobre la historia de la Fiscalía, para lo que ha entrevistado a los distintos Fiscales que ha habido. En la entrevista que me hizo le dije que de los elementos más importantes de la Fiscalía en Colombia, uno es el hecho de haberse creado como parte del poder judicial y no de la rama ejecutiva.

M.I.R.: Como es en Estados Unidos…
G. d G.: Y desgraciadamente también en México, donde ya se está proponiendo que se independice del poder ejecutivo, lo cual es esencial porque hay muchos delitos que tienen carácter político o en los que están involucrados políticos. Una Fiscalía que depende del poder ejecutivo es muy proclive a dejarse influir por él.

M.I.R.: ¿Entonces sí cree que el actual Fiscal va a poder con el proceso paramilitar?
G. d G.: Me da miedo que la Fiscalía y la Corte Suprema se estén apresurando a decretar privaciones de la libertad sin hacer mayor investigación. Una de las cosas que más combatí en la Fiscalía era el concepto que existía -y encuentro 13 años después que todavía existe- de que a nadie se le niega un auto de detención. No conozco, naturalmente, a fondo los expedientes, pero por las publicaciones que de ellos he leído, da la impresión de que la Corte ha encontrado culpables y dignos de ser detenidos a una serie de congresistas por el solo hecho de que firmaron el famoso pacto de Ralito, que dizque tenía el propósito de "refundar" el país. Eso sólo no me parece que configura una asociación para delinquir, porque no se dice que el propósito de refundar el país fuera para delinquir.

M.I.R.: Pero si el pacto se firma con unos delincuentes, se supone que es para delinquir…
G. d G.: Un juez no actúa sobre presunciones. Actúa sobre hechos.

M.I.R.: ¿Entonces cree que entre la Corte y la Fiscalía están armando un andamiaje que se nos podría venir abajo?
G. d G.: Me da mucho miedo que se esté tratando de aplicar, le repito, el obsceno dicho de que a nadie se le niega un auto de detención. Al primer indicio, nuestros jueces y fiscales se lanzan a dictarlo. Es mejor hacer una investigación a fondo, enriquecer con pruebas la situación jurídica y luego sí proceder a decidir sobre el tema de la libertad. Sería muy desilusionante para el país que al final, por defectos en el proceso, tengan que soltar a los que están presos, o se queden presos los inocentes.

M.I.R.: ¿O sea que usted no habría dictado orden de detención por la firma del pacto de Ralito?
G. d G.: No por sólo eso…

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