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| Foto: Archivo SEMANA

JUSTICIA

28.000 millones se quedaron congelados en cuentas de exfuncionarios del Incoder

El dinero iba a ser destinado a la financiación de proyectos productivos de los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

13 de junio de 2017

El dato lo lanzó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, durante la audiencia de rendición de cuentas de la entidad. De acuerdo con lo que denunció, los 28.000 millones de pesos que quedaron congelados en las cuentas bancarias de exdirectores regionales eran destinados a cubrir gastos notariales y de registro de tierras así como a la financiación de proyectos productivos de los campesinos beneficiados por la reforma agraria.

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Sin embargo, estos fondos no han podido ser entregados a sus beneficiarios debido a que los responsables de las cuentas bancarias no han entregado su titularidad a más de un año y medio de la desaparición del liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y de la creación de las seis entidades que lo remplazaron, entre las que se encuentra la Agencia Nacional de Tierras.

Aunque en un principio apeló a la buena fé de los exfuncionarios involucrados en esta "irregularidad pasmosa", Samper Strouss también precisó que se habían interpuesto 26 tutelas y un incidente de desacato para el reclamo de la entrega de los recursos que han sido desembolsados hace más de nueve años.

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Pero el meollo del problema reside en que los titulares de las cuentas bancarias no han podido ser identificados nominalmente a la fecha porque se encuentran cobijados por la Ley de protección de datos personales, lo cual podría cambiar pronto con la participación en el proceso investigativo los cinco bancos que contienen 90 por ciento del dinero faltante.

El caso trae a la memoria las horas más sombrías del instituto que fue creado para remplazar entidades como el Incora, el Instituto de Adecuación de Tierras (Inat) y el Instituto de Pesca y Agricultura (Inpa), así como el Fondo de Cofinanciación para la Inversión Rural (DRI), que tuvo que ser liquidado por su incapacidad para desempeñar sus actividades y por los escándalos en los que se vieron involucrados varios de sus altos funcionarios, algunos de los cuales fueron condenados por apropiación indebida de recursos públicos.

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