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A la derecha, las urbanizaciones que el gobierno está construyendo para dar vivienda gratis y que ya han sufrido el boleteo. A la izquierda, en el mismo sector la extorsión ha llegado a tal punto que quien no pague 5.000 pesos le disparan a su casa.

ORDEN PÚBLICO

Vacuna a las casas gratis

Algunas de las viviendas que el gobierno quiere entregar gratis se encontraron con una dificultad inesperada: la extorsión. En Medellín están demoradas por ese preocupante fenómeno.

20 de julio de 2013

El proyecto de las 100.000 casas gratis que quiere entregar Juan Manuel Santos encontró una zancadilla en Medellín. En un recorrido por las obras, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao se encontró con una amarga noticia. La construcción está retrasada por un preocupante motivo: “Los constructores nos han manifestado que existen problemas de vacunas, de bandas criminales que los extorsionan”, dijo. 

Se trata de tres urbanizaciones, de más de 300 apartamentos cada una, ubicadas en un sector conocido como Nuevo Occidente, en la salida que lleva de Medellín a Urabá. “La meta es entregar las viviendas en enero, pero ya con esto se nos están alargando a marzo”, lamentó el ministro. 

Las vacunas a los constructores no son algo nuevo. En noviembre pasado, el gerente de Camacol en Antioquia, Eduardo Loaiza, alertó que diez proyectos de 5.000 viviendas de interés social estaban suspendidos por las mismas razones. Según dijo en ese entonces “el año anterior no teníamos este tipo de problemas, ni en los últimos cinco años. Es la primera vez que tenemos registro de esta problemática. 

En total los constructores han puesto 17 denuncias y la respuesta de las autoridades ha sido positiva, atenta y rápida”. Hace unos días, el juzgado 16 de Medellín ordenó medida de aseguramiento para un joven de 22 años que le estaba cobrando 700.000 pesos mensuales a un constructor. Agentes del Gaula lo capturaron en flagrancia mientras recibía el dinero. 

Las denuncias han permitido identificar un modus operandi de los grupos ilegales. Cuando llegan las máquinas y los materiales, aparecen los ‘muchachos’, en general jóvenes que si acaso superan los 20 años. 

Ofrecen seguridad a cambio de un pago mensual en dinero. Suelen exigir empleo para ‘cuotas’ suyas, que por lo general son desempleados del barrio que pocas veces tienen experiencia en construcción. Y al final, cuando están terminadas las obras, piden que les den uno o dos apartamentos en la urbanización. Y entonces se inicia una nueva fase del negocio. 

“Cuando nos entregaron los apartamentos, hicimos la primera asamblea de copropietarios y llegaron los ‘muchachos’. Dijeron que ellos eran los que nos iban a prestar seguridad”, dijo a SEMANA el administrador de una urbanización en Robledo, vecina a las obras que está construyendo el gobierno. 

El cobro semanal es de 5.000 pesos por apartamento y el que tenga carro, debe pagar 10.000. “Me exigieron hacer el recaudo como parte de la cuota de administración y me negué. A los pocos días me hicieron ir y ahora ellos pasan apartamento por apartamento pidiendo su cuota”, contó el administrador. El pasado mayo, los extorsionistas dispararon a la portería de una urbanización porque el administrador no quiso pagarles la vacuna. El negocio es lucrativo. 

Una urbanización donde están cobrando las vacunas tiene diez torres, cada una con 40 apartamentos. Solo por esta urbanización los grupos ilegales reciben semanalmente 2 millones de pesos, que equivalen a 8 millones mensuales. O el doble, si todos tuvieran carro. En ese mismo sector hay por lo menos 15 urbanizaciones. Todas vacunadas.

Para los que viven allí es una pesadilla. Una pareja compró un apartamento por 60 millones de pesos. A los pocos días les tocaron la puerta y les cobraron los 10.000 pesos porque tenían carro. Ellos se negaron y al día siguiente, encontraron la puerta marcada con pintura por no haber pagado. Les insistieron con el cobro y la pareja decidió irse a pagar arriendo en otra parte. 

Pero tuvieron que regresar porque la plata no les daba. Cuando llegaba la hija, los muchachos la acompañaban en el trayecto del parqueadero a la casa, así ella se negara. Aceptaron pagar y ahora están intentando vender el apartamento, pero con semejante problema no les ofrecen más de 50 millones de pesos. Un caso similar le ocurrió a un vigilante que compró un apartamento. 

No quiso pagar la vacuna y en dos ocasiones le pincharon  las llantas de la moto. “Hace poco un vecino llegó para que le firmara el paz y salvo de la administración porque vendió el apartamento. Me dijo que no le dieron más de 45 millones, a pesar de que lo había comprado en 60”, cuenta el administrador. Lo que encontró el ministro es apenas una parte el problema que se está presentando en las viviendas de interés social en Medellín.