Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2016/06/14 16:54

El ‘Parador de Buga’, el escándalo que llevó a la captura de una jueza

Se trata de Norella Acosta, salpicada en un caso judicial que ya suma un muerto, dos hermanos implicados y una demanda por $40.000 millones contra la ANI.

Una jueza autorizó que, de manera irregular, el predio pasara de costar 2.100 millones a casi 17.000 millones de pesos. Foto: Archivo particular

La Fiscalía capturó este martes a la jueza Norella Acosta Tenorio, en Buga (Valle), sindicada de presuntos hechos de corrupción dentro de un caso judicial que contempla una millonaria demanda contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Allí laboraba como jueza segunda civil del circuito.

Según informó la Fiscalía, le imputarán los delitos de prevaricato por acción, concusión y cohecho propio. Junto con ella también fue capturado Carlos Andrés Grajales Gamba, a quien le endilgarán los mismos delitos en calidad de determinador.

¿De dónde se derivan estas capturas? La jueza resultó salpicada en un escándalo de corrupción que ya suma un muerto, dos hermanos capturados y en el medio una jugosa demanda contra la ANI, por valor de 40.000 millones de pesos.

Y en esa compleja trama judicial también apareció el nombre del exfiscal general Mario Iguarán, tal como lo reveló el periodista Daniel Coronell en su habitual columna de SEMANA. En esa ocasión, el periodista expuso la curiosa coincidencia de que el exfuncionario sea el defensor de los intereses de los demandantes contra la Nación.

Lo que llamó la atención de Coronell es que, justamente, fue el fiscal Iguarán el receptor de una carta en la que Jaime Grajales Patiño reveló los presuntos hechos de corrupción que se presentaron en ese proceso y salpicó a jueces de la República y a sus propios hermanos.

Paradójicamente ese denunciante fue asesinado en el 2008 y entre las hipótesis que manejan las autoridades se cree que detrás de ese crimen estaría uno de los hermanos de la víctima. El crimen habría sido ejecutado por la temida banda de cobro bugueña ‘La 19’, que servía de brazo armado al narcotraficante extraditado Ramón Quintero Sanclemente.

Esa historia judicial se remonta al 2005, cuando el desaparecido Instituto Nacional de Concesiones (INCO), hoy reemplazado por la ANI, inició un proceso de expropiación del mítico hotel y restaurante conocido como el Parador de Buga, construido a orillas de la carretera principal entre Cali y Buga.

Esa expropiación era necesaria para culminar el trazado de la doble calzada del proyecto de la malla vial del Valle del Cauca, terminada y en operación.

Pero el proceso se complicó por dos frentes. Por un lado, la Fiscalía descubrió que dos de los hijos extramatrimoniales del propietario del Parador de Buga se aprovecharon de la enfermedad de su padre, Jaime Grajales Santa, para falsificar su firma en poderes donde ellos aparecen como los nuevos dueños de la propiedad y autorizados para recibir el dinero de la expropiación.

El caso avanzó y la Fiscalía ordenó la captura en el 2010 de los dos hermanos (Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina), al igual que la de una jueza de nombre Myriam Henao. Todos lograron la libertad.

Pero al tiempo con esa trampa los hermanos Grajales montaron trama con propósitos multimillonarios. Lograron que la jueza Acosta autorizara un nuevo avalúo del Parador de Buga que elevó su valor ocho veces respecto al peritaje inicial. Es decir, la propiedad pasó de costar 2.100 millones a casi 17.000 millones de pesos.

Esa cifra agregada a los intereses e indexada a valores actuales es lo que suma la astronómica cifra de 40.000 millones de pesos.

Precisamente esta semana, en la sede de Paloquemao en Bogotá, se realizaría la audiencia para definir la forma de pago de la demanda, pese a que abogados de la ANI trataron por todos los medios legales de obtener una medida cautelar que frenara la expedición del cheque.

El argumento para impedir el pago es simple: en poder de la propia Fiscalía existen, desde hace varios años, audios que comprometen a la jueza Acosta con los demandantes, es decir, los hermanos Grajales, en presuntos hechos de corrupción para favorecerlos en el caso.

Las llamadas que fueron interceptadas por investigadores del CTI confirmarían buena parte de la trama de corrupción en el proceso que denunció el asesinado Grajales Patiño.

Pero con la reciente captura de la jueza Acosta y la recaptura de uno de los hermanos Grajales, es probable que el anhelado cheque por el Parador de Buga no se firme y se desinfle hasta su valor real.

La otra buena noticia que se podría dar en esta truculenta historia judicial de sangre, dinero y corrupción es que por fin se sepa quiénes ordenaron el asesinato de Jaime Grajales Patiño.  

 

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