A VECES LLEGAN CARTAS...

Pocos finales de gobierno tan movidos como el del presidente Virgilio Barco. Con una preocupante situación de orden público, con un grupo guerrillero en proceso de desmovilización y reinserción en la vida civil y con voceros de las autodefensas en busca de diálogos con el gobierno, en los días pasados el país vivió uno de los cruces de comunicados y de propuestas más intensos de los meses recientes.

Entre las muchas cartas que aparecieron a lo largo de la semana que terminó, tal vez la que más atrajo la atención de la opinión pública fue la que envió Fidel Castaño, el conocido "Rambo", jefe de los paramilitares de Córdoba, por intermedio de una cadena radial. En ella, Castaño se compromete a desarticular su organización, con la condición de que el EPL sea sincero en sus diálogos de paz con el gobierno. Según "Rambo", "La única razón por la cual nos vimos obligados a organizar un grupo de autodefensas en el departamento de Córdoba, fue por los continuos atropellos, secuestros, chantajes, etc, que venían ejerciendo los grupos guerrilleros que tienen asentamiento en esta región del país". Dos cosas llaman poderosamente la atención en el documento enviado por Castaño: la primera es que en ninguna parte del comunicado hace referencia a ningún tipo de diálogo entre su organización y el gobierno ni busca acogerse a las políticas de paz que están en vigencia. La segunda es que ofrece desactivar lo que él llama "un grupo de autodefensas en Córdoba", para colaborar con el proceso de paz que está en marcha entre el EPL y el gobierno. Castaño afirma que dado que el EPL abandona los métodos violentos, su organización puede desaparecer pues "no existe motivo para mantener nuestra presencia en Córdoba".

La carta de Castaño, a primera vista, se convierte en un nuevo elemento favorable a las aspiraciones de paz del EPL, por lo menos en lo que tiene que ver con Córdoba y Urabá. Lo que todavía no este claro es la respuesta que dará el gobierno a esta iniciativa pues aunque Castaño habla de autodefensas su nombre aparece vinculado a varias masacres y asesinatos en esas regiones lo que de entrada lo descalifica como autodefensa y lo pone en el rango de paramilitar, más aun si se le comprueban nexos con el narcotráfico.

OTRA DE MEDELLIN
En lo que tiene que ver con los narcotraficantes, el pasado 27 de julio el grupo conocido como "Los Extradiatables" hizo público un documento en el que anuneió la suspensión de los asesinatos de "policías, jueces, magistrados, políticos y periodistas", así como los atentados dinamiteros, en una actitud que ciertos sectores han interpretado como de buena voluntad hacia el gobierno entrante. También, hay que anotar que el comunicado apareció horas después de que se terminaron las jefaturas militares. El documento, que en uno de sus apartes pide que la extradición sea contemplada como uno de los temas en las discusiones que se adelantan sobre la Asamblea Constitucional, causó diversas reacciones. Por una lado, el ministro de gobierno Horacio Serpa Uribe no dudó en afimmar que le repugnaba leer un comunicado en el que se afirma que no se asesinarán más policías, mientras que su colega Roberto Salazar, ministro de Justicia, fue enfático al explicar que la extradición no se debe incluir en la agenda de la Constitucional pues se trata de un arma del Estado para combatir la delincuencia. Por otro lado, el presidente electo César Gaviria tomó el anuncio como una buena nueva. Es "una buena noticia el que esas agrupaciones eventualmente dejen de hacer terrorismo", afirmó el presidente a menos de una semana de su posesión. Días antes a este pronunciamiento, al responder a una pregunta de los periodistas sobre la extradición, Gaviria dejó en claro que la aplicación de tal norma estaba sujeta a la situación de orden público. Esto, en otras palabras, pareció condicionar la aplicación de la extradición al cese de cualquier actividad narcoterrorista.

Pero no solo los extraditables escribieron. Desde semanas atrás, el ministro de gobierno y los voceros de las autodefensas del Magdalena Medio se habian reunido, habian conversado e intereambiado mensajes. Y el pasado jueves 2 de agosto, Serpa envió una comunicación de seis páginas a Henry de Jesús Pérez y Ariel Otero Salazar, quienes conforman el llamado Estado Mayor de las Autodefensas Campesinas, en la que contestó a una carta enviada días antes por ellos y en la que hizo varias precisiones para un posible diálogo con tales organizaciones. Ante los reparos hechos por los voceros de las autodefensas en el sentido de que la primera carta del gobierno adolecía de vacíos e inconcreciones, Serpa hizo un extenso recuento de los marcos en que es posible adelantar el proceso de diálogo. Para comenzar, se reafirmó en su idea de que no es posible ningún tipo de acercamiento con los grupos de sicarios ni con los paramilitares y solo manifestó la posibilidad de ".. .diligenciar la manera de encontrar la exoneración de responsabilidad penal a quienes hubiesen incurrido en las conductas punibles de Porte llegal de Armas y Pertenencia a Grupo Armado, actos ilegales que se supone son los ejecutados por los que frente a determinadas circunstancias asumen la actitud de la defensa".

Lo cierto del caso es que, aunque el tono del documento ministerial apunta al establecimiento de unas reglas de juego claras para las negociaciones, éstas serán particularmente dificiles en el caso de las autodefensas. Para comenzar, existen denuncias que vinculan a estas organizaciones con crimenes y acciones de ataque que las dejan por fuera de cualquier posibilidad de conciliación en los témminos aplicados por el gobierno. De hecho, en la actualidad existen procesos, como el de la masacre de La Rochela, en la que fueron asesinados varios jueces, que vinculan a miembros de las llamadas autodefensas con el crimen. Por otro lado, existen indicios claros que señalan a estos grupos como organizaciones al servicio del narcotráfico. Todo lo anterior pondria a estos grupos bajo el rótulo de paramilitares y no de autodefensas, con lo que se cerraria cualquier posibilidad de entendimiento. Para Serpa, algunas de las características que deben cumplir las personas que quieran aparecer como autodefensas son las de ser personas "arraigadas a determinadas zonas donde residen con sus familias, dedicadas al trabajo productivo, siempre respetando a las Autoridades y a la Ley, sin nunca exceder el propósito de su responsabilidad, ni participar en acciones criminales." En otro de los apartes de la carta, el ministro aclara las condiciones que rigen para que un delito pueda ser considerado político según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, condiciones que, a primera vista, no cumplen los grupos que operan en el Magdalena Medio.

Lo cierto del caso es que, como lo afirma Serpa en su respuesta a las organizaciones de autodefensa, la palabra la tiene ahora César Gaviria. En lo que tiene que ver con las guerrillas, dado que encuentra las conversaciones con el EPL a medio camino, parece poco probable que la política de paz del nuevo gobierno de un giro rotundo, al menos a corto plazo. En lo que tiene que ver con "Rambo" y las organizaciones del Magdalena Medio, sin duda será un proceso tanto o más complicado que el adelantado hasta ahora con el M-19 y el EPL, pues parece dificil que estos grupos se puedan asimilar fácilmente al concepto que tiene el gobierno de autodefensas y de crimenes políticos. Pero, de todas formas, como lo dijo el columnista Enrique Santos Calderón en su columna Contraescape del pasado jueves 2 de agosto, "se trata en todo caso de un panorama contradictorio y confuso, pero en medio de un todo alentador".