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| 7/27/2016 8:48:00 PM

Vecinos no quieren planta para limpiar el río Bogotá

La CAR ya contrató la obra por de US$430 millones para ampliar la planta de tratamiento de aguas residuales. Los residentes se oponen al considerar que no quieren una “letrina gigante” en el sector.

El barrio El Cortijo, ubicado en la localidad de Engativá (noroccidente de Bogotá), pasó de ser un botadero de basura en la década de 1980, a una de las zonas residenciales de mejor perfil de la capital.

Este lugar, que cuenta con un bosque de 35 hectáreas, cuyos conjuntos están rodeados de parques y atravesado por una ciclorruta, también es hogar de flora y fauna. Así lo señalan los habitantes, quienes reclaman la existencia del humedal Cortijo-Tibaguya. En definitiva, como dijo un vecino, “esta es una zona estrato 3 que envidian los del estrato 6”.

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Los habitantes de este sector, aledaño al río Bogotá, aseguran que se podría perder un “paraíso habitacional” una vez se inicien las obras de ampliación de la planta PTAR Salitre, un proyecto que busca descontaminar las aguas residuales de dos millones de habitantes del norte y el centro de la capital, una obra que tras la licitación, quedó avaluada en 430 millones de dólares.

La idea del proyecto, cuya adjudicación se realizó por parte de la CAR en abril del 2016, es ampliar el tratamiento de las aguas residuales de 4 a 7,1 metros cúbicos por segundo y que las aguas puedan ser usadas para cultivos. Pero no a todos les suena esa idea.

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Las denuncias

A pesar de las bondades del proyecto, que ayudará a descontaminar el rio Bogotá, los vecinos de al menos 12 conjuntos residenciales, unas 11.000 personas, se oponen a esta iniciativa y han entablado acciones legales para evitar esa ampliación.

Varias razones alegan para no permitir esa obra: la primera es que en el terreno de 98 hectáreas existe un humedal, que, aunque no está reconocido por el Distrito, sí hay un informe técnico de la Secretaría de Ambiente que en abril del 2014 determinó que existían “características ecosistémicas que permiten su clasificación como un humedal”.

Otro de los temas en los cuales los representantes de la comunidad ven inviable que se construya la obra es la contaminación en el ambiente por malos olores y la posibilidad de que a la zona lleguen plagas. Los tanques no van a tener cubrimiento y por esta razón los voceros de la comunidad aseguran que por la proximidad se van a ver expuestos a enfermedades.

Lo cierto es que ni los miembros de la comunidad ni la CAR tienen un estudio que determine con qué males se van a enfrentar. El biólogo Fidel Gómez, que asesora a los habitantes, señala que “aumentaran las emisiones de ácido sulfúrico, que es venenoso, el tratamiento es aerobio (…) pueden existir afectaciones respiratorias”.

Más problemas

Un tercer tema es la pérdida del valor de los predios de hasta el 30 %. “Nadie en su sano juicio se irá a vivir en un sitio en donde se va a enfermar, huele feo y convive con las excretas de los habitantes del norte de Bogotá”, señaló Camilo Moreno, líder de la comunidad.
 
A esto se suma que los habitantes aparentemente fueron engañados para autorizar la ampliación. Según los voceros, se hizo una consulta que califican de irregular a la comunidad. Denuncian que en las actas aparecen firmando personas foráneas y miembros de ONG ambientalistas que no conocían el proceso.

Ante eso, enviaron una carta al Banco Mundial, entidad que presta el dinero, para que se detenga la iniciativa. “No hubo socializaciones y nadie está enterado del proyecto”, dijo el presidente de la junta de acción comunal del Cortijo, Juan Carlos Perafán.

Las preocupaciones han sido respaldadas con una acción de tutela para que se respete el derecho a la vida, la salud y el ambiente sano, radicada el 30 junio del 2016 en el Juzgado 11 Penal de Bogotá, así como una acción popular que busca evitar afectaciones y fue presentada en octubre del 2015.

Por último, los representantes analizan presentar una acción de grupo para que los indemnicen si en el futuro se presentan problemas. Ahora recogen 50.000 firmas para respaldar estos procesos.

Qué dice la CAR

Para la CAR no hay vuelta de hoja y se tiene que construir el proyecto. Y son varias las razones que argumentan desde la entidad: la PTAR es un proyecto inconcluso, existe una orden del Consejo de Estado que obliga a que se termine la planta y es imposible cambiarla de lugar porque todo el sistema alcantarillado desde la calle 220 hasta la calle 26 se construyó en dirección a la planta.

“Sí o sí el único sitio en donde se puede hacer la ampliación de la planta no es otro distinto a donde esta funcionado la PTAR Salitre (…) no es un capricho de la CAR adelantar la obra, lo hacemos por razones técnicas definidas hace 20 años”, dijo a Semana.com el director de la CAR, Néstor Franco.
      
Frente a los reclamos de la comunidad, señala que desde hace dos años trabajan en mesas de concertación con la comunidad, que ha participado activamente al punto de que el diseño de la planta está “monitoreado, revisado y preaprobado por el Banco Mundial”.

Las preocupaciones de los habitantes hicieron que el Banco Mundial obligara a la CAR a incorporar tecnologías que garanticen que no haya olores ofensivos, vectores y exista una baja contaminación auditiva. “No va a generar afectaciones a la salud ni merma el valor de los bienes; a pesar de la planta actual, los apartamentos se han valorizado de casi el 600 %”.
 
Finalmente, el director de la CAR aseguró que a pesar de que se va a utilizar un humedal artificial de 1,2 hectáreas, se va a construir uno mayor de 12 hectáreas en una zona en la que va a recibir agua limpia y se va a trasladar la fauna y la flora.

Lo cierto es que todo indica que a pesar de los cuestionamientos de la comunidad, la ampliación de la PTAR Salitre va a ser una realidad. Se espera que el acta de inicio de la obra se firme en agosto.

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