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| 8/5/1985 12:00:00 AM

VEGA URIBE EN EL BANQUILLO

El fallo del Consejo de Estado sobre torturas cae en un mal momento político

"Todo se ha limitado a una tempestad en la que no cae rayo", decía el presidente, Julio César Turbay el 20 de abril de 1979 al diario El Mundo de Medellín, comentando las acusaciones de torturas contra su gobierno.
Seis años después, el 27 de junio de este año, cayó el primero: un fallo del Consejo de Estado condenando a la nación a indemnizar a la doctora Olga López de Roldán por las torturas físicas y psíquicas sufridas durante su detención por la Brigada de Institutos Militares, en enero de 1979.
El Consejo de Estado no limita el tema al caso individual de la doctora López, sino que lo extiende a "las torturas padecidas por todas aquellas personas, en su mayoría profesionales y estudiantes, que cayeron en las redes de la inteligencia militar de la época y que no evitaron ni el Presidente de la República como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, ni el Procurador General como supremo fiscal de la Nación". Y traslada el caso a la Corte Suprema, a la Procuraduría y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de representantes, para que se establezcan las responsabilidades de altos funcionarios del gobierno de entonces: el presidente Turbay, su ministro de Defensa, general Luis Carlos Camacho Leyva, su procurador general, Guillermo González Charry, y el entonces comandante de la Brigada de Institutos Militares (BIM) general Miguel Vega Uribe, actual ministro de Defensa del presidente Betancur.
Rayos de tanta consideración no habían caido, pero en cambio, y desde la época de los acontecimientos, no habían faltado los truenos. Las torturas o al menos las denuncias sobre presuntas torturas habían comenzado desde fines del año 78, cuando con motivo del cruel asesinato del ex ministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas, el gobierno de Turbay dictó el llamado Estatuto de Seguridad. Este, aunque no hacía otra cosa que recopilar diversas medidas adoptadas por gobiernos anteriores bajo el régimen de estado de sitio, indudablemente sembró un nuevo espíritu en los organismos de seguridad, en las Fuerzas Armadas y en la misma justicia penal militar: espíritu que el fallo del Consejo de Estado condena hoy diciendo que "resulta inadmisible, contrario a derecho, que para mantener la democracia y el Estado de Derecho el ejecutivo utilice métodos irracionales, inhumanos, sancionados por la ley, rechazados por la justicia y proscritos mundialmente por todas las convenciones de derechos humanos y que ninguna concepción civilizada del ejercicio del poder podría autorizar, o legitimar". Tal espíritu, sin embargo, se exacerbó con el robo de cinco mil fusiles en la noche del 31 de diciembre, a raiz del cual el Ejército lanzó una vasta cacería contra los miembros del grupo subversivo M-19.
El general Vega Uribe declaraba al respecto hace unos pocos meses a SEMANA: "Ante hechos que eran una afrenta al Ejército como el robo de armas del Cantón Norte, el Ejército se propuso recuperarlas y lo hizo con creces, poniendo a buen recaudo a 105 autores del hecho. ¡Este Ejército es adorable!".
Otros, que no pensaron que los métodos utilizados fueran especialmente "adorables", los denunciaron en aquel entonces, empezando por la revista Alternativa (que publicó detalles sobre el caso de la doctora López en su número del 29 de enero) y los diarios El Espectador y El Bogotano.
Los denunció incluso El Tiempo, que era decididamente turbayista. El Instítuto de Medicina Legal elaboró un informe sobre las torturas que no fue hecho público, (y desapareció luego de los archivos de la Procuraduría) pero que según su director, el doctor Odilio Méndez, daba cuenta de "evidencias de lesiones traumáticas en los detenidos". Una Comisión Accidental nombrada por la Camara de Representantes para estudiar las denuncias de torturas, expresó su "convicción" de que sí las había habido, tras señalar que no había sido posible reunir pruebas de ellas a causa de las trabas interpuestas a la Comisión por la Procuraduría. Y finalmente, el Primer Foro por los Derechos Humanos que se reunió el 30 y 31 de marzo del 79, veinte días antes de las declaraciones del presidente Turbay a El Mundo, resumía las acusaciones diciendo: "en razón de la forma como se ha aplicado la tortura sobre un número tan grande de detenidos en la propias instalaciones militares, la comisión ha llegado a la convicción de que tales hechos no habrían ocurrido de no contar con la aprobación de los altos mandos".
A la prensa y al Foro, las autoridades civiles y militares respondían rechazando los cargos. Según el general Camacho Leyva, trataba de una "campaña de descrédito contra el gobierno" Según el ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra, todo "era parte de la estrategia comunista para desprestigiar al Ejército" El presidente Turbay declaró enérgicamente en un discurso en Girardot, el 17 de febrero del 79: "Puedo afirmar que la tesis de las torturas corresponde a una estrategia encaminada a distraer al país sobre la verdadera gravedad de los hechos cometidos por aquellas personas" Y precisó dos meses más tarde: "Los teorizantes de los derechos humanos no han podido señalar un solo caso concreto de tortura"
Ahora, seis años después, el fallo solemne del Consejo de Estado pone al gobierno de Belisario Bentancur en un aprieto. Se trata, para empezar, del más alto Tribunal administrativo del país. No es sospechoso de veleidades "subversivas", como podían serlo los peritos de medicina legal que hace seis años verificaron torturas a los de tenidos y fueron destituidos por el ministro de Justicia de la época. Al contrario: el magistrado ponente del fallo, doctor Jorge Valencia Arango, es conocido como hombre muy militarista. La calidad del Tribunal, ha meticulosidad de los testimonios y pruebas citados, y la extrema dureza de los términos utilizados por los magistrados, llegan a darle al pronunciamiento características que algunos no vacilan encalificar de" desestabilizadoras",dada la grave situación de orden público que atraviesa el país. En efecto, el Consejo de Estado acusa de "violar la Constitución y la ley penal, por acción o por omisión" a quienes enterados de los atropellos, "los toleraron y pudiendo evitarlos no los impidieron". Y entre ellos figura el general Miguel Vega Uribe, hoy ministro de Defensa, calificado de "ministro de la Paz" por el presidente Betancur cuando le dio posesión de su cargo hace unos meses.
De ahí que el rayo disparado por el Consejo de Estado no haya venido acompañado de ninguna tempestad.
Por el contrario, las pocas reacciones suscitadas por él parecen haber sido arrancadas con sacacorchos, y al cierre de esta edición sólo un vasto silencio había rodeado la noticia escueta, publicada por la prensa el viernes 28 de junio. Incluso a El Espectador, diario resueltamente antiturbayista y que por lo general no desperdicia ninguna oportunidad de atacar aquel cuatrenio, le tomó más de una semana decidirse a editorializar sobre el fallo; y del editorial está conspicuamente ausente el nombre del general Vega Uribe. La reacción de la prensa se había limitado a un puñado de comentarios previsibles de columnistas como Vázquez Carrizosa, Jorge Child y Antonio Caballero en El Espectador, Daniel Samper y Enrique Santos Calderón en El Tiempo, Héctor Abad Gómez en El Mundo, Juan B. Arteta en El Heraldo. Pero ninguno de los grandes diarios de la capital o de provincia le había dado al asunto el despliegue que sin duda merece, incluso desde un punto de vista estrictamente periodístico: por primera vez en la historia de Colombia un alto Tribunal de justicia reconocía la existencia de torturas y señalaba como responsables a un Presidente de la República y a sus más altos funcionarios civiles y militares. Y no de cualquier clase de torturas los "maltratos" que ocasionalmente registra la Procuraduría, sino de asuntos serios: colgamientos, ahogamientos, choques eléctricos, privación de sueño y comida, utilización de niños para "ablandar" a los padres. Como señala a SEMANA el ex parlamentario Iván López Botero, padre de la torturada, "mi determinación de de mandar al Estado en nombre de mi hija era excepcional no sólo en el país sino en el mundo. Ninguno de los abogados que apoderaban a personas que fueron salvajemente torturadas créía que una demanda por tortura prosperaría, y todos consideraban iluso esperar que el Estado fuera a indemnizar. Cuando la demanda fue aceptada recibi mensajes de felicitación de todas partes, ya que se trataba del primer caso en el mundo en que se demandaba a un Estado por tortura".
Tampoco los dirigentes políticos han comentado el tema, con excepción del presidente del Centro de Estudios Liberales y el secretario de la Comisión Política Central, Hernando Gómez Buendía, quien apoyó en el Foro de la Paz una propuesta de un delegado pidiendo la renuncia del ministro Vega Uribe. Virgilio Barco, no se ha pronunciado sobre el tema. Y tampoco lo ha hecho Luis Carlos Galán, pese a que fue uno de los que convocaron al Primer Foro Nacional por los Derechos Humanos en 1979.
Ni Alvaro Gómez Hurtado, pese a que en los últimos meses se ha enorgullecido en repetidas ocasiones de su tradición familiar de defensa de los derechos humanos, que llevó a su padre el presidente Laureano Gómez a destituir fulminantemente al general Rojas Pinilla cuando se denunciaron las torturas castrenses al señor Felipe Echavarría.
El presidente Belisario Betancur tampoco ha dicho nada. Sin duda no es conveniente para él pedirle la renuncia a su ministro de Defensa en medio de la tormenta o de los rayos sin tormenta, sobre todo existiendo el precedente Rodrigo Lara, a quien mantuvo en el Ministerio de Justicia durante todo el debate sobre los "dineros calientes", cuando la mafia lo acusaba de haberlos recibido. Es verdad que quien acusa ahora no es la mafia, sino el Consejo de Estado. Pero tambien es cierto que Colombia es un país en donde toda renuncia es interpretada para la opinión como un reconocimiento implicito de culpabilidad. Culpabilidad que, por otra parte, no ha sido establecida ni en lo político ni mucho menos en lo penal.
Por eso el Tribunal administrativo traslada los hechos comprobados, para que se especifiquen responsabilidades personales, a la Sala Penal de la Corte Suprema, al Congreso y al Procurador. El general Vega Uribe, con quien SEMANA intentó infructuosa mente ponerse en contacto durante la semana para que comentara el fallo, declaró brevemente a los periodistas de otros medios: "Creo y confío en la juslicia colombiana, y será ella la que dé el dictámen final después de que se agoten todos los recursos que ella tiene. Hay unos recursos... Esperemos". A su vez, el entonces ministro de Defensa y hoy embajador en Italia, general Camacho Leyva, consultado en Roma por SEMANA contesto: "No conozco el fallo, ni sé a qué se refiere. No voy a dar ninguna opinión, porque opinar sobre algo que uno no conoce es muy difícil".

Los demás funcionarios mencionados en el fallo del Tribunal han sido menos lacónicos, y más accesibles (con excepción del ex procurador Guillermo González Charry, con quien SEMANA trató de hablar una y otra vez en vano). El ex presidente Turbay Ayala declaraba a esta revista la semana pasada, apenas conocida la noticia, que en su momento habia informado a sus ministros de defensa y Justicia, así como al procurador González Charry, tanto de las denuncias del caso de Olga López como de todas las demás, provenientes del país o del extranjero, que sobre el tema de las torturas se presentaron bajo su mandato. "Les solicité la más escrupulosa vigilancia" afirmó el ex presidente. Y señaló que los había comisionado para visitar las instalaciones militares mencionadas en las quejas y alli los detenidos sólo se habian quejado de la "tortura sicológica" de ser interrogados por hombres encapuchados. "El gobierno procedió a impartir inmediatamente la orden para que en lugar de cubrirse el rostro usaran anteojos negros", precisó Turbay.
El Espectador, en el editorial mencionado, llama "burla ofensiva a esta precisión del ex presidente. Su ministro de Justicia de entonces, Hugo Escobar Sierra, la aclara para SEMANA diciendo que tal vez falla la memoria del ex mandatario, pues los interrogadores dejaron de trabajar con el rostro cubierto "y las gafas negras se colocaban a la persona interrogada para que no pudieran identificar a su interrogador". Sobre el tema de fondo, tanto Escobar como el ex ministro de Gobierno Germán Zea quien también visitó las caballerizas militares de Usaquén, fueron enfáticos en conversación con esta revista: "Llegamos allá a la madrugada y sin previo aviso--dice Germán Zea--y no pudimos establecer que ninguna de las quejas correspondiera a la realidad de lo que vimos. Les preguntamos a los detenidos, en ausencia de sus interrogadores militares, si habían sido torturados, si habían recibido presiones físicas o psíquicas, y ninguno se quejó. Podría ser por temor de que nosotros fuéramos a delatarlos, pero lo cierto es que fue unánime. De esa visita yo saqué la impresión de que no había torturas de ninguna naturaleza.
Estoy seguro de que al menos a esos que vimos no les había pasado nada.
Hugo Escobar corrobora: "Yo no fui solamenle esa ve "sino diez o doce más, y nunca vi a nadie golpeado allí (en la Escuela de Caballería de Usaquén) Eso es lo que yo puedo decir, fuí a la escuela de Caballería de Usaquén, y nunca vi a nadie golpeado allí. Nunca se nos informó nada sobre las instalaciónes de Facatativá que llaman cuevas de Sacromonte. Nunca tuve noticias, pero si algo hubiera sabido, allá hubiera ido también. Porque yo estuve siguiendo todo eso muy de cerca, a pesar de que en realidad no estuviera dentro de mis funciones como ministro de Justicia: lo hacía por sentimiento patriótico y lealtad con las instituciones republicanas. Durante mi período como ministro de Justicia, en ningún establecimiento carcelario bajo mi jurisdicción hubo denuncias o quejas de malos tratos. Eso se decía de las instalaciones militares.
Germán Zea Aclara también: No pretendo eludir responsabilidades, estoy dispuesto a aceptar las consecuencias. Pero quiero aclarar que el Ministerio de Gobierno poco tuvo que ver, en realidad, en ese usunto: esos problemas los trataban el MInisterio de Defensa o el de Justicia de la misma Presidencia de la República. Ahora: todo esto estaba bajo la justicia penal militar, por que estabamos bajo estado de sitio, y lo que quiso el gobierno es que esta justicia funcionara sin presiones ni interfenrencia del ejecutivo, como lo hubiera hecho la justicia civil. Lo que sí se es que en consejo de ministros, en presencia del General Camacho Leyva, el presidente Turbay se expresó muchas veces en contra de las torturas. Pero nunca nos inmiscuimos en el funcionamiento de la justicia penal militar. Nos limitamos a averiguar, sin intervenir directamente".
Una de las quejas que en aquel entonces hacían los defensores de los detenidos se refería justamente a eso: a que los militares estuvieran actuando a la vez como juez y parte--particularmente el general Vega Uribe a quien como comandante de la BIM le habían robado las armas del Cantón y que era simultáneamente juez de primera instancia en el caso--SEMANA como ya se dijo no pudo hablar del tema con el ex procurador González. Charry; pero en su momento--según se consigna en el fallo del Consejo de Estado--la Procuraduría declaró a los defensores que ella no podía penetrar en las instalaciones militares, y estaba en incapacidad de investigar lass denuncias por falta de recursos". Por todo lo cual, una vez más, el tema de las torturas acaba cayendo directamente sobre los hombros de los militares, y especialmente del actual ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, a quien el fallo del Consejo de Estado menciona repetidamente en sus diversas calidades de comandante de la BIM y juez instructor del proceso contra Olga López y los demás detenidos (cerca de mil en los primeros tres meses del año 1979).
Dado el ambiente político que reina actualmente en Colombia, con la opinion pública sensibilizada en favor de las fuerzas militares a causa de las muchas víctimas que han puesto últimamente en la lucha contra contra la guerrilla cabe suponer que el fallo del Consejo de Estado difícilmente encontrará eco.
Es poco probable que el Parlamento se sienta inclinado a adelanlar un juicio de responsabilidades que le produzca roces con el establecimiento militar que pudieran debilitar a este en un momento de muy delicado del proceso de paz. Por otro lado, queda claro de antemano que como dice explicitamente el fallo "las instituciones no delinque, y esto explica que las fuerzas armas como tales no resultan comprometidas en este proceso". Para el Presidente Betancur, sin embargo, el problema es un poco diferente. Dado que ha centrado prácticamente todo el esfuerzo de su gobierno en la reconciliación nacional, que seguramente será sobre lo cual lo juzgará la historia el hecho de tener como "ministro de la Paz" a un oificial por cuyas actuaciones la nación ha sido condenada a pagar una indemnización por torturas lo coloca en una dificil situación. Como decia a SEMANA el ex ministro Germán Zea: "Yo declaré en uno de los debates que hubo en el Congreso sobre el tema de las torturas que tal vez las quejas fueran verosímiles en un diez por ciento. Y me dijeron, con razón, que bastaría con que lo fueran en un uno por ciento para que se tratara de algo inadmisible. Eso es así: cualquiera que hubiera sido el delito no se justifica la tortura de ninguna manera".

VAZQUEZ: TORTURAS Y DESAPARICIONES
El doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, ex canciller de la República y presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos desde su fundación en 1979, comentó para SEMANA el fallo del Consejo de Estado en los siguientes términos: A. VAZQUEZ CARRIZOSA: Este fallo implica una rectificación del concepto de estado de sitio como "arma secreta" de todos los gobiernos desde el Frente Nacional: no se resuelven los problemas, sino que se acude al estado de sitio para sepultarlos. El fallo indica que hay que devolverle al estado de sitio los limites que tenía cuando fue concebido: para situaciones excepcionales, con causas definidas y por un tiempo definido.
No como sustituto permanente de la Constitución. El Consejo de Estado llama la atención sobre que los métodos del gobierno, y llegado el caso los métodos de la represión, no pueden salirse del marco constitucional. Por eso en el fallo no hay solamente el concepto de reparación a los perjudicados (Olga López de Roldán y su hija Olga Helena), sino el de incumplimiento de la Constitución por los llamados a defenderla. El traslado del caso al Congreso significa eso. Porque esta sentencia--como la del Tribunal Superior, hace dos meses, en el caso de torturas a Ernesto Bedoya- no puede simplemente quedar escrita: de ella tienen que derivarse consecuencias políticas y jurídicas que pongan límites a la defensa del Estado, para evitar que se llegue a métodos no sólo ilícitos, sino inhumanos.
SEMANA: Como presidente del Comité de Derechos Humanos ¿cree usted que la tortura se sigue aplicando en Colombia actualmente?
A. V.C.: La tortura sistemática, tal como se aplicaba en el período 78-82, ha desaparecido. Pero ha surgido un fenómeno que entonces prácticamente no existía: las desapariciones de detenidos. La tortura ha perdido eficacia porque es cada día más difícil usarla ante el clamor de la opinión pública, y ahora ante las sentencias de los tribunales. Pero en cambio se multiplican las desapariciones. El Procurador tiene en sus manos unos doscientos casos. Y es importante que estas investigaciones lleguen a su fin, porque no podemos quedarnos en Colombia en una situación como la que sufrieron en la Argentina las Madres de la Plaza de Mayo: docenas de mujeres desfilando todos los jueves por las calles de Bogotá sin que nadie sepa por qué. No culpo de esto colectivamente a los servicios secretos del Estado. Pero por su honra y por la de las Fuerzas Armadas es necesario que no se identifiquen con los autores de esos excesos, y que admitan que si los ha habido se señale a los culpables: que no haya encubrimiento.
LAS CIFRAS DEL COMITE DE DERECHOS HUMANOS
1981 1982 1983 1984
ASESINADOS 161 177 14 119
DESAPARECIDOS 89 76 61 46
DETENIDOS 2.224 2.341 1.297 1.762
TORTURADOS Y HERIDOS 387 347 205 282
AMENAZADOS 25 11 139 48.
LOS HECHOS DENUNCIADOS
Hechos (denunciados por Iván López Botero, página 7 del expediente). "En efecto Olga López Jaramillo fue en ese sitio que hoy se conoce como la Escuela de Comunicaciones del Ejército en Facatativá (parque arqueológieo anteriormente conocido como "Piedras de Tunja") donde fue brutalmente torturada por espacio de diez (10) días torturas que consistieron en colgamientos del cuerpo con las manos atadas a la espalda por espacio de varias horas durante las cuales recibía violentos golpes con objetos contundentes en el abdomen costillas y muy particularmenle en la región mastoidea de la cabeza. Los senos se los halaban con unas pinzas diciéndole: "Cantá o le hacemos dar leche...". Hubo amenazas de violación tanto para ella como para su hija de quien le decían estaba en su poder para lo cual le hacían óír las grabaciones tontadas de la voz de la niña con llamados angustiosos. Fue ésta una modalidad de tortura psicológica que atormentó a Olga López mucho más que el sadismo físico de los torturadores. La etapa final de las torturas las constituyeron dos hechos: a) Cuando la subieron a una mesa y le ataron una cuerda al cuello amenazándola con ahorcarla si no decía en dos minutos, dónde se encontraban las armas sustraídas al grupo mecanizado "Rincón Quiñonez", Y b) Cuando para llevarla ante el Juez Primero de Instrucción Penal Militar en las primeras horas de la noche para que rindiera indagatoria le suministraron, en una taza con agua de panela, una fuerte dósis de escopolamina que la delenida alcanzó, por sus conocimientos médicos, a detectar cuando sintió un adormecimiento de la lengua, por lo cual solicitó ser llevada al baño donde, tomando grandes cantidades de agua de la cisterna del inodoro o sanitario, provocándose un lavado gástrico para expulsar el tóxico bajo cuyos efectos pretendían interrogarla en declaración injurada".
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