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| Foto: Archivo SEMANA

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Vendedores ambulantes: peor el remedio que la enfermedad

Procuraduría dice que multar y destruir mercancía de los comerciantes es desproporcionado. Pide tumbar apartes del Código de Policía.

3 de noviembre de 2016

Las protestas de los vendedores ambulantes en todo el país, después de la aprobación del Código de Policía, fueron escuchadas por la Procuraduría.

El Ministerio Público acaba de enviar un concepto a la Corte Constitucional en el que pide que se tumben, por “desproporcionados”, varios apartes del Código que estiman sanciones como multas y la destrucción de la mercancía a quien ocupe indebidamente el espacio público.

Para el ente de control,  las medidas que contempla la nueva Ley en lugar de mitigar pueden terminar  estimulando el problema: “Las sanciones como el decomiso definitivo o destrucción de mercancía pueden lesionar de manera grave e inadmisible el patrimonio de tales personas; dejándolas  incluso en una situación más gravosa que aquella que dio origen a la informalidad”.

La demanda fue interpuesta por el Representante a la Cámara Inti Raúl Asprilla Reyes, quien alega que las normas vulneran el derecho al trabajo, al mínimo vital y ubicación laboral ya que prohíbe la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales; estos quedan sujetos a multas decomisos y destrucción de bienes.

Aunque la Procuraduría no desconoce el deber del Congreso de regular la protección y la integridad del espacio público, recordó prima el interés particular de los vendedores. De hecho, así lo ha reiterado la Corte Constitucional, en sentencias donde ordena que solo se proceda a los desalojos cuando haya un proceso judicial o policivo que lo permita y cuando se garantice que los ocupantes no quedarán desamparados.

“Se establecieron sanciones, multas, el decomiso de mercancía e incluso destrucción de la misma. Son tan gravosas que efectivamente vulneran la norma superior”, dice

El Código de Policía, que entrará en vigencia a mediados del año entrante, es revisado con lupa por la Corte Constitucional. Ya son varias demandas de constitucionalidad, en general, por supuestamente darle “súper poderes” a la Policía. En el caso de los vendedores ambulantes, dicen los críticos, es la persecución constante a los comerciantes informales sin que se resuelva de fondo la problemática del uso del espacio público.