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Esperan recoger en tres meses al menos 100.000 firmas. | Foto: Álvaro Tavera

BOGOTÁ

Con firmas buscan que Peñalosa concerté con ambulantes

Los promotores esperan recoger en tres meses al menos 100.000 firmas con las que buscan respaldar un debate de control político en el Concejo.

11 de julio de 2016

Los vendedores ambulantes en Bogotá no están dispuestos a salir de las calles sin antes haber concertado con el alcalde, Enrique Peñalosa, una política pública que les permita garantizar el derecho al trabajo.

En lo que va corrido del año, los vendedores han entablado acciones legales y organizado protestas. Una de esas demandas fue resuelta el 17 de junio por la jueza 50 administrativa de Bogotá, Zaida Martínez. En el fallo, que da respuesta a una acción de cumplimiento presentada por el representante a la Cámara Inti Asprilla (Alianza Verde), se le ordenó al alcalde que en el término de tres meses, “tome decisiones administrativas necesarias con el fin de conformar y convocar una mesa de trabajo”, con los vendedores.

A pesar de ello, este lunes se dio el lanzamiento de recolección de firmas del para citar a un cabildo abierto en el Concejo de Bogotá. Este tiene como objetivo citar al alcalde al cabildo de para que se adelante un debate de control político.  

“Este cabildo es una notificación al alcalde Peñalosa para que sepa que los vendedores son ciudadanos con capacidad de organización y que harán uso de las herramientas jurídicas necesarias para defender sus derechos”, dijo el representante Asprilla, quien lidera la iniciativa.

La recolección de firmas es adelantada por un comité promotor y son los propios vendedores ambulantes y sus familias los que recogerán las firmas en las 20 localidades de la ciudad.

Aunque los ambulantes necesitan 27.500 rubricas que tendrán que recogerse en seis meses, los organizadores esperan recolectar cerca de 100.000 firmas en los próximos tres meses.

Con esas rúbricas y tras el proceso de verificación por parte de la Registraduría Nacional,  el presidente del Concejo de Bogotá tendrá la obligación de citar al alcalde a un debate de control político con quienes promovieron el cabildo y esa citación es de obligatorio cumplimiento.