Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2001/10/08 00:00

Vender el sueldo

El atraso en el pago de las pensiones de Barranquilla ha producido una cadena de corrupción en la ciudad.

Vender el sueldo

Yo soy una de las que tiene que vender el sueldo”. Lo dice la presidenta de la Sociedad de Jubilados del Municipio de Barranquilla, Ena Gómez. Y como ella lo hacen muchos de los 2.550 pensionados del Distrito y las antiguas Empresas Públicas Municipales, a quienes la administración pasada les quedó debiendo siete mesadas. Aunque este año el alcalde, Humberto Caiaffa, ha sido puntual, el incumplimiento de su antecesor dejó 1.150 tutelas que han puesto en jaque al Fondo Territorial de Pensiones.

El atraso, originado en julio de 2000, creó una cadena de corrupción dentro y fuera de la Alcaldía, en la cual hay funcionarios amangualados con abogados para cobrarles a los pensionados comisiones, según se dice, hasta de 30 por ciento por ‘gestiones de cobro’.

El modus operandi de los agiotistas consiste en prestarles dinero a los jubilados a cambio de que éstos les entreguen su tarjeta débito y la clave como ‘garantía’ de pago. A un jubilado de salario mínimo, por ejemplo, le prestaron 40.000 pesos semanales durante varios meses. Cuando el Distrito inició el pago de las mesadas que le correspondían de este año los agiotistas comenzaron a hacer los retiros y a cobrar los intereses ‘por la derecha’. Pero como éstos habían aumentado en proporción al plazo del préstamo el pensionado pagó y quedó en las mismas, por lo que tuvo que volver a prestar.

Lo insólito, según pudo establecer SEMANA, es que uno de esos prestamistas es directivo de la Sociedad de Pensionados de las Empresas Públicas, una organización que actúa como un sindicato y exige el cumplimiento de prebendas incluidas en la antigua convención colectiva de los trabajadores de dicha empresa, liquidada en 1991.

Luis Pulido, director del Fondo Territorial de Pensiones, considera que el peso de la usura sobre los pensionados ha contribuido a la avalancha de tutelas. Sin embargo este instrumento legal se ha convertido en otra forma de especulación. Los abogados y sus cómplices cobran 100.000 pesos por la tutela, 5 por ciento por cada mesada que se recupere y 7 por ciento por la prima de diciembre de 2000 si ésta es cancelada.

Para desactivar esa bomba, Pulido se ha convertido en una especie de agente antiexplosivos. Lo primero que hizo fue suscribir acuerdos de pago. Quienes aceptan comienzan a recibir los meses atrasados en forma gradual: un mes reciben dos mesadas atrasadas más la corriente y al siguiente una mesada atrasada más la corriente. Así ha logrado bajar las tutelas de 25 diarias en febrero de este año a una o dos semanales. Con esta estrategia la Secretaría de Hacienda ha logrado ponerse al día con 600 pensionados y está en proceso con otros 250 a través de los acuerdos, reduciendo así a 5.000 millones de pesos un pasivo que valía 12.000 millones.

La participación de algunos funcionarios de la Alcaldía, no sólo en las tutelas sino en la defraudación del fisco por falsas pensiones, fue tal que al Fondo de Pasivos de las Empresas Públicas Municipales llegaron a decirle el “Foncolpuertico”, lo que llevó al entonces alcalde Bernardo Hoyos a destituir a varios funcionarios y a liquidar la antigua entidad para crear el Fondo Territorial de Pensiones, que hoy dirige Pulido. No obstante la destitución estuvo viciada y muchos de los funcionarios despedidos lograron que se les reintegrara mediante el mecanismo de la tutela. Actualmente están laborando en el Fondo y es casi imposible comprobar sus vínculos con los abogados tutelantes.

Todo esto hace aún más difícil la labor de Pulido, quien revisa con lupa cada documento para evitar nuevos ‘goles’. Esa acuciosidad le ha permitido desenmascarar a siete falsos pensionados que le estaban costando al Distrito 20 millones de pesos mensuales y se propone descubrir a los que faltan que, al parecer, pueden llegar a 80.

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