Vendrían más capturas en el ‘carrusel’ de la salud en el Ejército

En menos de 48 horas han quedado en libertad 10 de los 35 supuestos miembros de la red criminal que estafó al Estado por más de 24.000 millones de pesos. Una red que fue desmantelada el viernes pasado en medio de un nuevo escándalo de corrupción en el Ejército.

Las investigaciones señalan que los integrantes de tal entramado montaron a lo largo de tres años un verdadero ‘carrusel’ de la salud que, desde el 2013 hicieron trampas con pensiones de invalidez, conceptos médicos falsos e indemnizaciones fraudulentas.

La Fiscalía detalla que la red estaba integrada por 17 militares activos, 15 en uso de retiro y dos especialistas médicos externos. Este grupo delincuencial operaba en Bogotá, Ibagué, Medellín, Puerto Berrio, San Vicente del Caguán y Bucaramanga.

Este lunes se conoció, sin embargo, que al menos una decena ellos quedaron libres, lo que hizo suponer a varios que estaban libres de responsabilidades. Sin embargo, su libertad se dio, según conoció Semana.com, por errores procedimentales por parte de la Policía judicial, que llevaron a que un juez de garantías declarar ilegal la captura.

No obstante, la Fiscalía apeló en la misma audiencia y están pendientes de que se fije una nueva fecha para la diligencia, en la que buscarán que un juez avale su recaptura.

Fuentes del ente acusador aseguran que no hay duda de que en la apelación llevarán a los acusados tras las rejas, dado que están seguros de contar con todas las pruebas contra los miembros de la red.

Hasta la fecha han quedado en libertad los sargentos César Alberto Posada, Óscar Cediel, Roberto Muñoz, Édgar Gaviria, Juan Carlos Molina y William Cabezas, así como el soldado Gentil Menza Mosca, el abogado José Ovidio Reyes, y el médico Julián Andrés Lozada Montes. También el teniente (r) Óscar Fernando Murcia y el cabo (r) Otoniel Antonio Aguirre, quienes fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí en Antioquia a la ciudad de Bogotá para iniciar dicho proceso judicial.

Semana.com habló con Carlos Arturo López, el abogado de los uniformados, quien aseguró que ambos quedaron en libertad por el “procedimiento improvisado de la justicia”. Según él, a sus clientes nunca se les informó por qué razón fueron requeridos por un juez de Bogotá.

Su culpabilidad, sin embargo, no ha sido desestimada, pero será un juez el que decida posteriormente.
Fuentes de la Fiscalía advierten que esta es sólo la primera fase de una larga investigación y que, en la segunda, podrían realizarse nuevas capturas.

“No nos comprometemos con tiempos. Pero estamos revisando nuevas carpetas de casos fraudulentos para establecer responsabilidades de civiles y militares”, dijo un funcionario del ente acusador a este portal.

Los capturados serán procesados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y peculado por apropiación.