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| 1/16/2016 10:00:00 PM

Turbulencia política con la venta de Isagén

La venta de Isagén se convirtió en el debate público más serio de los últimos años. Pero sus coletazos no han empezado.

Después de la tempestad no vino la calma. El Estado vendió su porcentaje en Isagén, como se preveía, al fondo canadiense Brookfield Asset Management, por el monto anticipado de 6,5 billones de pesos, y en el día y hora anunciados: el miércoles 13 de enero a las nueve de la mañana. Para bien o para mal, quedó atrás un proceso largo y de mucha controversia.

Pero no fue un debate cualquiera. Hace rato no se veía una discusión pública tan de fondo y tan seria, que generara tantas opiniones de tantos sectores, y con convergencias que nadie habría podido imaginar: el uribismo, algunos liberales, las Farc, el Polo Democrático y los verdes, casi todos a una, se pronunciaron con vehemencia contra la venta. Jorge Robledo, Álvaro Uribe, Horacio Serpa, Marta Lucía Ramírez e Iván Márquez aparecieron en la misma ‘foto’. Los tuits de dos voceros de orillas políticas tan diferentes, como las del senador Uribe y el vocero de las Farc Iván Márquez, casi coincidieron. Según Uribe, “que la Nación venda su porcentaje de Isagén en 6 billones de pesos es detrimento patrimonial”. Y para Márquez, “Isagén será vendida para financiar con créditos blandos a constructores privados de vías 4G en detrimento del patrimonio nacional”.

El de Isagén puede haber sido uno de los debates de mayor calidad que se han producido desde hace mucho tiempo en un país polarizado. Hubo mucho argumento y poco insulto. En los medios, en los organismos de control, en el Congreso y en las redes sociales pesaron más las voces en contra de la venta que la del gobierno –que apoyaba la transacción- o la del comprador, que por razones obvias permaneció en silencio.

Las críticas se concentraron en tres puntos. Uno de tinte ideológico, que reeditó la vieja confrontación entre quienes defienden la propiedad estatal de servicios públicos y quienes en la otra orilla propenden por la privatización para buscar más eficiencia. Otro sobre la conveniencia: ¿tenía más rentabilidad social la empresa que las carreteras que se construirán con el producto de su venta? Y uno más, sobre la legalidad: ¿se podía adjudicar una puja en la que se habían retirado todos los participantes, menos uno?

Lo cierto es que Isagén hoy está en manos de Brookfield, como socio mayoritario, y que en un par de semanas 6,5 billones de pesos ingresarán a las arcas de la Financiera de Desarrollo Nacional, que administrará los fondos para financiar obras de infraestructura. Ahora vendrá el coletazo del intenso debate que antecedió a la formalización de la venta. El primer escenario será el judicial. A diversas instancias como la Procuraduría, la Contraloría y el Consejo de Estado llegarán demandas y acciones de todo tipo que buscarán dos objetivos. El primero, echar para atrás la operación. Y el segundo, pasarle una alta factura política al gobierno por haberse empeñado en ella.

Echar para atrás la venta no es una tarea imposible pero es altamente improbable. El trámite se cumplió según lo establecido, y el comprador adquirió un derecho. El que haya habido una gran controversia no lo hace diferente, desde el punto de vista jurídico, a las transacciones que se han hecho en los últimos 15 años de varias empresas de servicios públicos que han sido privatizadas. Cualquier decisión judicial sobre las demandas también deberá tener en cuenta el efecto que tendría para la confianza inversionista internacional el desconocimiento de una millonaria transacción ya terminada.

La otra secuela se producirá en el terreno político. La coalición de gobierno –la Unidad Nacional –se dividió frente al asunto. Mientras Cambio Radical y La U acompañaron de frente al gobierno, en el liberalismo hubo representantes de la línea titular –Horacio Serpa, Luis Fernando Velasco, Viviane Morales– que se pronunciaron en contra. Morales alcanzó a decir que los rojos se deberían retirar de la Unidad Nacional. Una hipótesis que no se concretará porque la mayoría de la bancada liberal prefiere permanecer en el Ejecutivo.

El otro coletazo de carácter político, originado en la venta de Isagén, es el desgaste que sufrió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Fue la cabeza visible de la impopular decisión y del esfuerzo por sacarla adelante en contra de la corriente. Tan pronto se anunció la venta, la representante de la Alianza Verde, Angélica Lozano anunció que intentará una moción de censura contra el funcionario. Como el presidente Juan Manuel Santos acaba de anunciar que convocará al Congreso a sesiones extras el próximo mes para modificar la ley de orden público, se aprovecharía la ocasión para buscar la salida de Cárdenas. Se necesitaría que la mitad más uno de la Cámara votara en su contra, y más que esa cantidad de congresistas en contra de la venta de Isagén: el año pasado 80 senadores suscribieron una carta en la que se manifestaron en contra.

La moción de censura será un nuevo palco de discusión pública pero no va a prosperar. Para empezar, porque tendría obstáculos de forma. La venta de Isagén puede ser buena o mala, pero es una potestad del Ejecutivo. Aunque el procurador, el contralor, o la mayoría de los senadores se opongan, el Consejo de Ministros tiene facultades para llevarla a cabo. Pero también hay realidades políticas: más allá de las sensibilidades de los parlamentarios sobre Isagén, a los partidos de la Unidad Nacional les conviene seguir en la coalición del gobierno en momentos en que se aproxima la firma de un histórico acuerdo de paz con las Farc y se empiezan a mover fichas con vista a las presidenciales de 2018. Y falta ver si el ruido producido por la venta de Isagén se mantiene hasta dentro de un mes, cuando se volverá a reunir el Legislativo. La agenda pública en Colombia cambia en cuestión de días.

La moción de censura es una figura sin dientes. Ni uno solo de los intentos que se han hecho para ponerla en marcha desde 1991, cuando nació, ha funcionado. El poder ejecutivo cuenta con suficientes instrumentos para evitar que el Legislativo tome una acción en su contra. En el caso de Cárdenas, Santos se jugaría el todo por el todo para defenderlo. Al fin y al cabo, la venta de Isagén no es un capricho del ministro, sino una decisión del gobierno y del presidente. El compromiso de Santos con la causa se hizo evidente cuando llamó a Horacio Serpa, en medio de una reunión de la bancada roja en la que se discutía el tema de Isagén, para alinearlo y pedirle su apoyo.

Pero sí es cierto que Mauricio Cárdenas salió magullado. Quedó como artífice de una iniciativa impopular. De frente a su posible aspiración presidencial, fue la cara más visible del costo político de la polémica transacción. Y no por coincidencia, en contra suya estuvieron sus copartidarios Alejandro Ordóñez y Marta Lucía Ramírez que también forman parte de la baraja para la nominación azul en 2018. El guarapazo le coincidió a Cárdenas con otro golpe del destino que también afectó su suerte: la filtración de algunos aspectos de las recomendaciones de la comisión de expertos para aumentar los impuestos.

El ministro Cárdenas está en su momento más difícil. Turbulencia en los mercados, expectativas pesimistas en la economía, polémica sobre Isagén y reforma tributaria. Pero ante estas coyunturas la función de los gobiernos, y en particular de los ministros de Hacienda, es actuar. Al final del día en la política se premia la seriedad que reconoce la historia y no el populismo de la actualidad. Carlos Lleras, César Gaviria y Juan Manuel Santos ocuparon esa silla, hicieron reformas tributarias, y a la larga llegaron a la Presidencia.

Mauricio Cárdenas tiene un gran desafío por delante y todo dependerá de la habilidad con la que enfrente la tormenta. Y en política, esos momentos muchas veces se convierten en un trampolín. Lo único claro es que la venta de Isagén quedó atrás, pero sus coletazos se seguirán sintiendo durante varios meses.
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