Lunes, 23 de enero de 2017

| 2016/01/13 00:00

Isagén: ¿el nuevo Dragacol para el ministro Cárdenas?

La posición de la Procuraduría sobre un posible detrimento patrimonial por la venta de Isagén volvería a poner en aprietos al ministro de Hacienda. Exmagistrados opinan.

El ministro Cárdenas tuvo que afrontar una situación muy difícil por el famoso caso Dragacol, uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en su momento. Foto: Archivo particular

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, está en una gran encrucijada con la venta de Isagén que, tal como están las cosas, este miércoles pasará a manos del fondo de inversión canadiense Brookfield Asset Management.

Si concreta la operación se avivará la tormenta económica y política de las últimas semanas ante la fuerte oposición de varios analistas y dirigentes políticos que consideran un gran error salir de este activo estratégico para el sector energético, en momentos en que siguen las alertas prendidas por un posible racionamiento eléctrico.

Si no la vende, el Gobierno no contará con una fuerte importante de recursos para financiar el ambicioso programa de infraestructura vial que comprende la construcción de cerca de 40 carreteras y diversas obras, con inversiones cercanas a los 50 billones de pesos.

De estas obras se han adjudicado para su construcción 19 proyectos pero los demás están en veremos por falta de recursos. Es decir, la mitad del programa está en el limbo. Por eso la venta de Isagén es crucial para el gobierno porque recibiría 6,4 billones de pesos para este programa, más cuando las finanzas públicas están en los rines.

Ante el desplome de los precios del petróleo que amenazan con romper la barrera de los 30 dólares, el gobierno tiene un hueco en sus finanzas cercano a los 31 billones de pesos. De ahí que tengan que hacer malabares para cumplir con todos sus compromisos, entre ellos el de infraestructura.

Sin embargo, en las últimas horas le han surgido nuevos tropiezos a la venta de Isagén, que le pueden complicar la vida al ministro de Hacienda. Se trata de la posición asumida por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, que advirtió sobre un posible detrimento patrimonial de más de dos billones de pesos.

En una carta enviada al Gobierno, el jefe del Ministerio Público señala que la valoración actual de las acciones no tuvo en cuenta la verdadera incidencia en el precio del dólar, lo que se traduce en que el precio de venta es inferior en un 27 % a su valor real.

Y es que si bien el precio del 57,6 % de las acciones que la Nación tiene en Isagén se aumentó en 21 % en las últimas semanas, lo cierto es que la devaluación del peso en los últimos años ha sido del doble, lo que terminará favoreciendo al comprador.

Una investigación por detrimento patrimonial pondría en aprietos al ministro Cárdenas, que en el pasado tuvo que afrontar una situación muy difícil por el famoso caso Dragacol, uno de los escándalos de corrupción más grandes del país en su momento.

En el año 1998, al entonces ministro de Transporte también se le cuestionó por detrimento patrimonial, cuando aprobó una conciliación por 26.000 millones de pesos para Dragacol, la firma de Reginaldo Bray.

El Consejo de Estado dejó sin piso la conciliación y ordenó a Dragacol restituir a la Nación más de 13.000 millones de pesos que se le habían pagado de más por la limpieza del río Magdalena y el dragado del canal de acceso al puerto de Buenaventura.

El alto tribunal señaló que el exministro era solidariamente responsable ya que se violó el derecho colectivo a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público. Según el Consejo de Estado el valor real de lo que se debía reconocer a Dragacol no debía exceder los 4.000 millones de pesos.

Aunque Cárdenas fue exonerado por la Contraloría algunos de sus subalternos terminaron encarcelados.

A tener en cuenta

Sobre lo que se le podría venir encima al ministro, Semana.com consulto con varios expertos. Mauricio Fajardo, exmagistrado del Consejo de Estado, aclaró que no conoce el fondo jurídico del negocio. Sin embargo, señaló que para analizar la subasta de venta del patrimonio de la Nación a un solo ofertante, no se puede echar en saco roto el fallo que anuló la licitación del tercer canal de televisión. La referencia tiene cabida, dice, dado que en ese entonces el proceso fue anulado por tratarse de una subasta dirigida a un solo oferente.

Quienes se oponen a esa tesis aseguran que ese precedente judicial no incide en este caso, pues el concurso para elegir otro operador de televisión privada estaba regido por el Estatuto de Contratación Estatal y la venta de la generadora de energía no. Sin embargo, Fajardo insiste en que esa sentencia sí debe ser tenida en cuenta, debido a que no existe una regla legal que indique cómo subastar el patrimonio de la Nación a un solo interesado.

Ante el vacío en la legislación, dice, sí existen mandatos constitucionales expresos que obligan a adelantar este tipo de operación respetando los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía. Esos valores son indelegables, afirmó.

Finalmente, Fajardo indicó que si bien en estos casos nadie puede prever las consecuencias, no se pueden descartar eventuales condenas que hagan de este negocio un proceso demasiado oneroso. Lo anterior porque, si en el futuro se establece que el negocio fue ilegal, el Gobierno estaría obligado reparar los daños económicos al comprador. Eso en un escenario hipotético de fracaso del proceso.

El también exconsejero de Estado Gustavo Gómez opinó parecido. No solo cree que ese tipo de subasta sería ilegal, sino que también considera que los ministros que lideran esta iniciativa no estarían exentos de responsabilidad.

Para el exmagistrado, si en el futuro el proceso es declarado ilegal, el Estado podría ser condenado a reparar a la empresa afectada con la anulación de la venta. Esto obligaría a las entidades condenadas a exigir que los funcionarios responsables de la decisión paguen de su propio bolsillo el error, por medio de la acción de repetición.

Es por ello que Dragacol es un antecedente que seguramente ha contemplado el ministro Cárdenas, para quien este tema representó un verdadero tormento y por el que debió acudir a varias instancias para demostrar su inocencia. Ojalá la venta de Isagén no le quite el sueño y más ahora, con la contundente posición de la Procuraduría.  

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