Minhacienda deberá rendir informe sobre venta de Isagén

Este miércoles se instaló la audiencia en la que se estudiará la legalidad de la venta de Isagén. El Consejo de Estado determinó que, para juzgar el caso, es necesario estudiar en detalle los estudios financieros que respaldaban el negocio y su relación con la construcción de vías de cuarta generación, que fue el objetivo por medio del cual el Gobierno justificó esta venta.

Entre las pruebas más importantes que autorizó decretar el magistrado ponente, Jorge Octavio Ramírez, se cuenta un exhorto al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al presidente de Findeter, Clemente del Valle, para que rindan un informe bajo la gravedad del juramento.

Desde el 2013, el Gobierno anunció su propósito de vender su participación accionaria en la empresa Isagén. Desde entonces, se inició una cruzada jurídica que buscaba evitar a toda costa la concreción del negocio.

Las intenciones del Gobierno se vieron truncadas porque el Consejo de Estado emitió medidas cautelares en dos ocasiones. Eso provocó que el Ejecutivo se viera obligado a aplazar el inicio del proceso de enajenación.

Esas trabas se levantaron en septiembre del 2015, cuando ese mismo alto tribunal que había suspendido la venta decidió levantar dicha medida y dar vía libre para que el Gobierno pusiera en marcha su iniciativa.

Ahí apareció un grupo de congresistas que gestó un contrataque contra el negocio. Viviane Morales, Sofía Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Antonio Navarro, Jorge Iván Palacio y otros parlamentarios interpusieron una nueva demanda que, aunque fracasó en su intención de que se suspendiera la subasta en la que se vendieron las acciones, hoy se propone a tumbar todo el proceso.

La audiencia para estudiar esas pretensiones se inició este miércoles.  En ella, el magistrado Ramírez definió qué pruebas se tendrán en cuenta para emitir un juicio definitivo. Además del informe juramentado del ministro de Hacienda y el presidente de Findeter, el jurista le pidió a esa misma cartera y a la Presidencia de la República que hagan llegar a su despacho todos los comunicados relativos a la venta de Isagén que produjeron entre el 2013 y el 2015.

Además, tendrá en cuenta el informe de la Contraloría y las advertencias que hizo la Procuraduría, pues en ellas se formularon objeciones sobre el impacto de la venta y la fórmula para calcular el precio por acción. Igualmente, se estudiarán los debates de control político que se adelantaron en el Congreso al respecto de este proceso y los proyectos de vías de cuarta generación que lo justificaban.

Al finalizar la diligencia, los senadores demandantes presentaron una crítica adicional a esta venta, indicando que, dado que Isagén, vendía la energía más barata, si la Nación contara con esos activos en este momento, la estrategia para afrontar la actual crisis energética habría sido menos costosa.

La audiencia continuará el próximo 13 de abril, anunció el magistrado Jorge Octavio Ramírez. Ese día se conocerá el contenido de las pruebas que fueron anunciadas este miércoles.