Así querían hacerle trampa a la Judicatura

La noticia ha ido creciendo como espuma y en juego están los cientos de cargos para jueces y magistrados que el Consejo Superior de la Judicatura debe proveer una vez se conozca la lista de elegibles que saldrán de una prueba que se hará el próximo domingo 7 de diciembre, a nivel nacional.

El proceso, que venía en completa calma, fue salpicado este miércoles luego de que cuatro jueces de Samaniego, Nariño, le enviaran una carta a la Judicatura advirtiendo de supuestas irregularidades en la prueba psicotécnica que se hará el domingo próximo.

Al respecto, este portal habló con Andrea Calvache, juez primera promiscua de Samaniego y una de las firmantes de la carta que contiene la grave denuncia y sacudió el proceso.

La togada precisó que el ofrecimiento de los resultados ocurrió el día lunes primero de diciembre y que la propuesta se la hicieron a varios de los empleados del despacho a través de sus celulares, “esas llamadas las recibieron los secretarios”.

Añadió que entre los detalles de la propuesta indecente que deja entrever que los resultados del examen ya están en manos de terceros, está que exigían una suma de dinero de acuerdo al cargo a proveer: “si es para un empleado raso del juzgado pedían 8 millones de pesos; pero si era para aspirar a juez o magistrado, pedían dos salarios del cargo”.

Dijo además que una vez hicieron la denuncia ante la Judicatura y ésta se hizo pública, “recibimos llamadas de colegas de otras ciudades del país narrando hechos similares”, aseguró.

Frente a esa situación, este jueves el presidente de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, salió a los medios y anunció que la denuncia que recibió de los jueces de Samaniego, sobre la supuesta venta de resultados de los exámenes, fue remitida a la Fiscalía donde pidió que se abriera una investigación.

“Creo que el concurso en principio se puede salvaguardar. Voy a hablar con el Vicefiscal o el Fiscal para mirar cómo podemos de manera conjunta proteger que no vayan a suceder hechos el día que son los exámenes (7 de diciembre)”.

Con esa salvedad el magistrado Claros despejó cualquier duda en torno a la posibilidad de aplazar la prueba y no descartó que existan intereses “oscuros” de que eso suceda; aunque reconoció que en esta ocasión las denuncias son “bastante serias”.

Las preguntas que se harán el 7 de diciembre a los aspirantes del famoso examen de la rama judicial fueron elaboradas por la Universidad de Pamplona, Norte de Santander, institución de educación superior contratada por la Judicatura para tal fin.