Miércoles, 1 de octubre de 2014

| 2013/08/09 00:00

Venta Isagén, la nueva pelea entre Uribe y Santos

El expresidente busca frenar con una demanda la venta de las acciones que el Estado tiene en la hidroeléctrica.

El expresidente Álvaro Uribe presentó una acción popular. Foto: SEMANA.

Un nuevo enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Juan Manuel Santos quedó planteado luego que se interpusiera una la acción popular interpuesta por Uribe. Con esta se busca frenar la venta de las acciones que le pertenecen al Estado de la Empresa de Energía Isagen S.A E.S.P.

La demanda de 26 páginas, interpuesta ante la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conocida por Semana.com, fue presentada por el abogado Guillermo Andrés Rodríguez, apoderado del exmandatario. La acción administrativa está dirigida contra la Nación, la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El documento presentado ante la corporación busca demostrar que la determinación de vender el 57,66 % del paquete accionario de Isagén, que le pertenece al Estado, se habría tomado de manera irregular y sin estudios previos que permitan conocer el verdadero valor de la empresa.

En el escrito se le solicita al Tribunal tomar diferentes acciones para que los demandados entreguen explicaciones relacionadas con el hecho de poner a la venta el paquete accionario el pasado 29 de julio. Esto luego de un Consejo de Ministros encabezado por el presidente Santos.

Además, se pide que se explique a la opinión pública por qué se decide transferir la hidroeléctrica; al igual que se den a conocer los estados financieros y estudios de diferente índole, que llevaron a poner en venta la compañía y se solita que se ordene suspende cualquier actividad relacionada con el tema.

Se incluye en la petición la práctica de diferentes dictámenes periciales, entre los que se encuentra establecer el valor económico real de la empresa a la fecha en que se decidió la venta, en el presente y con una proyección de diez años.

Uribe también solicitó que se hagan inspecciones judiciales de las actas del Consejo de Ministros, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a las instalaciones de Isagén. Esto con el fin de conocer documentación y elementos materiales de pruebas relacionados con el tema.

La acción popular incluye un llamado a interrogatorio al presidente Juan Manuel Santos; al ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas; al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo; a los miembros del Consejo de Ministros y su secretario.

Al igual que solicita que se llame a declarar a la contralora general de la República, Sandra Morelli; al gerente general de Isagén, Luis Fernando Rico; al exministro de Minas y Energía y exmiembro de junta directiva de Isagen, Ramiro Valencia Cossio; al exministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga; a la presidente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Industria Energética (Sintrae), Jaime Aristizabal Tobón y presidente sindicato de trabajadores de Isagen , Óscar Albeiro Vallejo.

“Derechos amenazados”

En la demanda se señala que se ven diferentes derechos de la ciudadanía afectados con la venta de la empresa energética, entre los que se destacan la moralidad administrativa, defensa patrimonio público, la seguridad y salubridad pública, puesto que la determinación se hizo sin que se hubiera informado a la junta directiva de Isagen, sus empleados, pensionados y accionistas.

Resalta que el paquete accionario que le pertenece al Estado supera el 50 %, hecho que le entrega el dominio de la termoeléctrica e hidroeléctrica, que además es considerada la tercera empresa más importante del país.

El expresidente le hace ver en su acción al Tribunal que Isagén es una empresa visiblemente rentable, que ha demostrado un superávit y una eficiencia financiera, por lo que se desconoce cuál es la verdadera intención del Gobierno con poner a la venta sus acciones por valor de 4,5 billones de pesos. Se estima que el costo total de la hidroeléctrica es de 7,8 billones de pesos.

“Se estaría lesionando evidentemente el patrimonio público en virtud de que el gobierno nacional estima recibir de dicha venta unos 4,5 billones de pesos, valor que se estimó para el año 2010 por la banca de inversión Credit- Suisse  - Inverlink, sin tener  en cuenta que sólo los activos en el 2011 y el 2012 aumentaron cerca de un billón de pesos”, indica la acción popular.

También se resalta la afectación que presentarían los accionistas minoritarios, entre los cuales están las Empresas Públicas de Medellín, con el 12,95 % del paquete accionario y Empresa de Energía de Bogotá, 2,52 %, al no haber sido tenidos en cuenta a la hora de tomar la determinación.
  
Acciones
 

Según la demanda del expresidente, Isagén es una empresa que de acuerdo con los reportes del Ministerio de Hacienda, cuenta con 2.726 acciones, de las cuales 1.572 son del Estado.

En cuanto a utilidades se destaca que en el 2010 fueron de 409.776 millones, para el 2011 ascendieron a 479.122 millones, mientras que en el 2012 disminuyeron a 460.903 millones.

También se resalta que en los últimos años se han girado 8.24.000 millones para inversión social e infraestructura. Monto que se perdería –según lo dicho en la demanda- si se ejecuta la anunciada venta.

A todo se le suma la crítica que se hace dentro de la demanda a la relación cercana que tiene Inverlink con Interbolsa, debido, según los demandantes, esto lesionaría la moralidad administrativa, por escándalo que rodea la comisionista.

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