Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2007/01/27 00:00

Veredicto final

SEMANA cuenta la verdadera historia detrás de la condena a Fernando Botero y cuáles son ahora sus opciones.

Fernando Botero Zea

El jueves pasado, Fernando Botero Zea recibió la única noticia que no quería oír. La justicia lo había encontrado responsable del delito de hurto agravado y tendría que volver a la cárcel. Después de varios años de sostener su inocencia, el ex ministro se había jugado la última carta al presentar su caso a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, con la esperanza de que lo absolviera. Pero su suerte estaba echada y los magistrados decidieron dejar en firme la condena a 30 meses, sin derecho a excarcelación, que le había impuesto el Tribunal Superior de Bogotá en 2003.

La decisión también agarró por sorpresa a quienes pensaban que el proceso 8.000 había quedado en el pasado. Más aun cuando Botero ya había pagado una condena igual en la Escuela de Caballería, después de que la justicia lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a favor de terceros. Pero más allá de los líos en los que terminaron varios políticos de la época por cuenta de la financiación de los Rodríguez Orejuela a la campaña presidencial de Ernesto Samper, al ex ministro le quedaba un tema pendiente en los estrados judiciales: tenía que defenderse de la acusación de que un millón de dólares de origen lícito que entró a la campaña se hubiera destinado, aparentemente, a negocios personales.

¿Cómo es la historia que acabó con una de las carreras más promisorias de la política colombiana? En 1993 algunos empresarios y compañías tradicionales ofrecieron hacer, discretamente, un aporte a la campaña de Ernesto Samper en el exterior. Botero puso a disposición sus cuentas personales en Nueva York para canalizar esos recursos sin revelar el nombre de los donantes. De esa forma, no habría que registrarlos en la contabilidad oficial y, de paso, la campaña podría sobrepasar el tope máximo reglamentario que ascendía a 4.000 millones de pesos.

A esas cuentas fueron a parar 1.725.000 dólares donados por Overseas Trading Corporation, una empresa que siempre fue presentada como propiedad de "inversionistas amigos" del grupo Santo Domingo. Cien mil dólares que, según Botero, donó la Federación Nacional de Cafeteros, aunque la Federación lo niega y dice que fue Hans J. Buettner, un inversionista presentado por ellos, y 50.000 dólares de una compañía japonesa llamada Mitsui. En total se consignaron 1.875.000 dólares a las cuentas personales del ex ministro entre marzo y junio de 1994.

El asunto no trascendió hasta cuando Botero decidió comprar una finca en Tabio. Para pagar los 490,5 millones de pesos que costaba, utilizó cheques de distintas empresas y personas particulares, lo que causó curiosidad en los vendedores. Sobre todo, cuando Fernando Botero Zea se había convertido en uno de los protagonistas del proceso 8.000.

En ese momento una mujer que había participado en el negocio de la finca comenzó a atar cabos y sospechó que podría haber alguna vinculación entre los dineros de la campaña y la compra del predio. Según lo reveló a La W, con los cheques y la escritura en mano tocó las puertas de la Casa de Nariño pero nadie le paró bolas. Lo mismo le pasó en el despacho de la primera dama y en el Ministerio del Interior. Finalmente, por una coincidencia extraordinaria, en una buseta, camino a Fusagasugá, se puso a conversar con un desconocido con quien compartía asiento. Le comentó de su sospecha y de la frustración de no encontrar a nadie en el gobierno que quisiera oírla. El interlocutor le dijo que él tenía una hija que había trabajado en la campaña y se ofreció a ayudarle para que Horacio Serpa, ministro del Interior, oyera el cuento. La mujer aceptó y concretaron una cita en el Ministerio en la cual le hicieron llegar los documentos a Serpa.

Ese encuentro de dos desconocidos en una buseta acabó convirtiéndose en una maldición para Fernando Botero. Los cheques con los que compró la finca fueron la pieza del rompecabezas que le faltaba a la justicia para acusarlo. Cuando la Fiscalía indagó en las cuentas que Botero tenía en el Morgan Guaranty y en el Bank of New York, encontró que en los dos años anteriores a la campaña presidencial del 94, el movimiento promedio de las mismas era de 56.000 dólares mensuales, y que durante los meses que duró la campaña presidencial entraron cerca de seis millones de dólares que no coincidían con el historial financiero de esas cuentas, según la información entregada por el Departamento de Justicia norteamericano.

Después de empezar a unir todos estos cabos sueltos, la Fiscalía citó a Botero para oír su versión. En su declaración del 22 de enero de 1995, manifestó que por razones de orden práctico, efectivamente le prestó sus cuentas personales a la campaña para recibir los aportes de donantes que querían contribuir en el exterior y permanecer anónimos. Dijo, además, que como esos recursos entraron transitoriamente a un fondo común con los propios, sólo tenía que justificar ante la justicia los provenientes de contribuciones políticas, pero no los demás. Agregó que efectivamente había recibido alrededor de dos millones de dólares del Grupo Santo Domingo, de la Federación de Cafeteros y de la Mitsui. Botero sostuvo que los gastos que requiere una campaña en los últimos días -no sólo para atender pagos en pesos sino en dólares- son múltiples, y que la totalidad de ese monto fue destinada a la elección de Samper.

La investigación de la Fiscalía llegó a conclusiones diferentes. La providencia afirma que se pudo determinar que el 10 de junio de 1994, entre la primera y la segunda vuelta electorales, Botero trasladó un millón de dólares de sus cuentas de Nueva York a Bogotá. El mecanismo utilizado fue altamente sofisticado. El dinero fue transferido a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá y allá se expidieron unos bonos Ley 55 que fueron repartidos entre nueve personas allegadas a Fernando Botero. Esas personas recibieron cheques de gerencia que fueron endosados por ellos mismos y entregados a Botero Zea. Esa plata, cuya modalidad de traslado dejaba claro que se buscaba impedir su rastreo, fue destinada en su totalidad a gastos de la campaña a través de los tesoreros regionales, como pudieron establecer los investigadores.

En cuanto al resto del dinero -800 millones de pesos (un millón de dólares de la época)-, ingresó a Colombia a través de un mecanismo igual de complejo, pero el 23 de junio, pocos días después de que Samper había sido elegido Presidente. El problema de este último giro no fue tanto la fecha como el destino. Que hubiera entrado después de la elección no significaba nada porque las campañas terminan con cuentas elevadísimas por pagar. Sin embargo, en esta ocasión Botero no pudo convencer a las autoridades judiciales con el argumento de que en una campaña electoral pueden entrar y salir grandes cifras todos los días y es difícil determinar con exactitud en qué fueron utilizadas.

La justicia determinó que del segundo millón de dólares, 490,5 millones de pesos fueron usados para la compra de la finca en Tabio, y la suma restante fue a parar a las cuentas personales del ex ministro. Con ese fundamento, la Fiscalía lo acusó de hurto agravado.

En su defensa, Fernando Botero argumentó que la familia Botero Zea tenía capacidad financiera para realizar negocios de ese monto y que el origen del problema era la confusión sobre cuáles eran recursos propios y cuáles de la campaña. Sostuvo que las cifras eran producto, en parte, de negocios personales que incluían la venta de una propiedad de su madre por un valor de 1.400.000 dólares y unos cuadros de su padre que le vendió a Luis Carlos Sarmiento por 650.000 dólares.

El juez de primera instancia lo absolvió en 2001, pero la Fiscalía y la Procuraduría apelaron la decisión y el Tribunal que revisó el caso consideró que los documentos presentados por Botero y las fechas de las negociaciones no coincidían con su versión. De esa forma, el 30 de abril de 2003, el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 meses de prisión. La decisión fue apelada, y la última esperanza del ex ministro se esfumó el jueves pasado, cuando la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia dio el veredicto final en contra suya.

¿Qué le espera?

Aunque Fernando Botero Zea ya anunció, a través de su abogado, Edgar Saavedra, que dará la pelea en tribunales internacionales porque considera que en Colombia se le violó el debido proceso, eso no lo exime del cumplimiento de la pena impuesta por la justicia. De hecho, en este momento el DAS ya fue informado de la condena a Botero y la oficina de la Interpol en Colombia emitió 'la circular azul' para que la Policía internacional ubique al ex ministro y siga sus movimientos. En el momento en que se cumplan los trámites de rigor, se dará la orden de capturarlo en cualquier lugar del mundo, sin que el gobierno colombiano tenga la discrecionalidad para decidir lo contrario.

Esto en la práctica significa que Botero, quien nació en el país azteca y tiene nacionalidad mexicana -pues su padre y Gloria Zea residieron allá en los años 50-, no correrá peligro de caer preso mientras permanezca en ese país porque México tiene una tradición de no extraditar a sus propios ciudadanos. A Colombia no podrá regresar porque sería capturado automáticamente y aun si viaja a otro país del mundo, se expone a ser detenido en cualquier aeropuerto.

Su otra opción es volver a Colombia y buscar unas condiciones favorables para pagar la condena de dos años y medio, aunque el fallo excluye cualquier posibilidad de suspenderle la pena o de otorgarle la detención domiciliaria. Sin embargo, tendrá derecho a la reducción de penas que, por buena conducta, trabajo y estudio, podría ser de 10 meses. Es decir, su condena real podría llegar a ser de un año y ocho meses privado de la libertad.

La gente no alcanza a medir el impacto que ha tenido este calvario en la vida de una de las familias que más le han aportado al país durante varias generaciones. El nombre de Botero es, con el de García Márquez, el de mayor prestigio de Colombia en el mundo. La generosidad del maestro con la donación de su colección privada de arte al país lo convirtió en el mayor filántropo de la historia nacional. El abuelo materno de Fernando, Germán Zea, fue un símbolo de patriotismo y de rectitud política en el siglo XX. Su madre ha sido la mayor impulsora de la cultura en Colombia durante los últimos 40 años. Detrás de la fría y escueta noticia de la condena definitiva a Fernando Botero Zea hay una gran tragedia familiar.

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