Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2006/06/24 00:00

Vergüenza política

Córdoba tiene dos gobernadores por cuenta de un choque entre las Cortes. En Meta, un Gobernador encarcelado podría ser reemplazado por uno inhabilitado. Van siete Gobernadores destituidos en dos años. ¿Qué está pasando?

Vergüenza política

Hay un refrán en la Costa que dice: "Mompox, la tierra del sol, se acuesta uno y amanecen dos". Ese refrán se le hizo realidad esta semana al departamento de Córdoba. Por cuenta de un fallo de tutela de la Corte Constitucional fue restituido en su cargo como gobernador Libardo López Cabrales, cuya elección había sido anulada por el Consejo de Estado en agosto de 2005.

El problema es que entre la destitución y la restitución de López se llevaron a cabo unas nuevas elecciones que costaron 2.800 millones de pesos, en las que se eligió a Jaime Torralvo como nuevo gobernador. Aunque la tutela de la Corte invalida la otra elección, en la práctica ambos fueron elegidos popularmente para el mismo período. Por eso en Córdoba se sienten con dos Gobernadores. Y ambos en entredicho.

Lo de Córdoba es el último episodio de una saga de destituciones en las gobernaciones del país. Y no parece ser la última: de los 32 Gobernadores que se posesionaron el primero de enero de 2004, más del 20 por ciento ha tenido que dejar sus cargos por decisiones judiciales. Otros están en la cuerda floja (ver recuadro).

La suerte de otro de los departamentos más ricos y conflictivos del país también está en juego. Cinco candidatos aspiran a la Gobernación del Meta, pero al menos tres -los más opcionados- tendrían inhabilidades, según denunció la Asociación de Veeduría por el Meta y otras organizaciones.

Heber Balaguera, de origen liberal, tiene al menos dos inhabilidades. Hizo su actual campaña a nombre de un partido que perdió la personería jurídica en las pasadas elecciones a Congreso y fue nombrado secretario de Tránsito de Villavicencio, el 21 de diciembre de 2005. La ley establece que ningún candidato puede haber ocupado cargo público durante el año anterior a la elección. Balaguera es apoyado por Germán Chaparro Carrillo, ex alcalde de Villavicencio, destituido por el mal manejo de recursos para la salud e inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos, por la Procuraduría.

El otro con opción es Juan Manuel González por el partido de La U, quién también tuvo relaciones contractuales con el Estado pocos días antes de inscribir su candidatura. González gestionó el pasado 5 de marzo -como director de infraestructura del Ministerio del Transporte- un contrato para la construcción de la segunda etapa de un muelle fluvial en Puerto López, Meta. González es cercano al círculo político de Edilberto Castro, el ex gobernador elegido en las elecciones de 2003, hoy en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta vinculación con el asesinato de Euser Rondón, su inmediato rival político del departamento.

El tercer candidato que podría estar inhabilitado es Jacobo Matus, hijo del ex gobernador Narciso Matus, y hoy apoyado por Luis Carlos Torres, también ex gobernador y elegido a Senado para la próxima legislatura por Cambio Radical con la segunda votación de ese partido. Matus estaría inhabilitado por haber sido sancionado por la Superintendecia cuando ejercía como secretario de Salud de la Gobernación del Meta.

Balaguera dijo a SEMANA que las acusaciones no tienen peso jurídico y que no se puede prejuzgar a ningún candidato.

A pesar de estos antecedentes, ninguno ha ahorrado en su campaña electoral. Se pagaron hasta 50.000 pesos y gasolina a los taxis por llevar costosas calcomanías microperforadas en sus vehículos. En Villavicencio abundan las camionetas con publicidad, la ciudad está empapelada de afiches y vallas gigantes ocupan la plaza principal y las sedes de campaña. En las emisoras locales, las cuñas desbancaron la programación musical. A la tradicional repartición de mercados y material de construcción se ha sumado la de miles de pollos en todos los municipios del departamento. Fuentes consultadas en el departamento señalan que muchos de los alcaldes de los 28 municipios hacen proselitismo abierto a favor de su candidato.

Aún se habla de las ruidosas rumbas con las que se cerraron las campañas: Juan Manuel González llevó al Checo Acosta y a Otto Serge; Jacobo Matus no se quedó atrás y ofreció concierto de Galy Galiano y Luis Silva, el divo venezolano de la música llanera. Todos con una infraestructura que envidiaría el mismo Jorge Barón. Henry Beltrán, candidato de la cuerda política del asesinado Rondón y con poco chance de ganar, dijo a SEMANA sobre los demás candidatos que "aunque no me atrevo a decir cuánto habrán invertido, sí puedo decir que ya sobrepasaron los topes legales hace mucho tiempo".

¿Por qué tanto interés -y plata- para ganar una elección que será demandada? En parte porque todos saben que la justicia es más lenta que el reloj electoral. Como lo demostró el caso en Córdoba, al Consejo de Estado le tomó casi 20 meses anular la elección de López Cabrales, mucho más de lo que queda de período de Gobernador que termina en diciembre de 2007. Y ser Gobernador de Meta tiene un incentivo adicional. Sólo en regalías del petróleo recibió, entre enero de 2004 y junio de 2005, más de 376.000 millones de pesos, el segundo departamento del país más rico por este rubro. La otra riqueza viene por cuenta del narcotráfico que explica en parte su turbulencia política. El sur de Meta sigue siendo, de lejos, la principal despensa de coca, como lo advierte el último informe de Naciones Unidas revelado la semana pasada.

La danza de los millones que se ve en las calle de Villavicencio y los demás municipios del departamento encendió las alarmas en el tribunal de garantías del Consejo Electoral, y la Vicepresidencia de la República creó una comisión como la que supervisó las cuestionadas elecciones en Cartagena en 2005. Para muchos esa medida llega tarde. No es mucho lo que se puede hacer 48 horas antes de que se abran las urnas y cuando ya los dados están echados.

La lección es clara. Los controles deberían ser previos para evitar que se inscriban candidatos inhabilitados y no posteriores para sancionar mandatarios elegidos. Así las regiones no sólo ganarían gobernabilidad, sino que ahorrarían mucho dinero en campaña, quizá más en corrupción y no menos en vergüenza.

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