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| 7/10/2010 12:00:00 AM

Vergonzoso

La insólita demanda de Íngrid Betancourt contra el Estado es un suicidio político y no tiene viabilidad jurídica.

La vida pública de Íngrid Betancourt se ha caracterizado por su inigualable habilidad para sorprender a la opinión pública. Ese talento le sirvió para sus campañas electorales, en las que repartió condones y Viagra, y para sus recordados debates en el Congreso contra la corrupción política, el Proceso 8000 y la compra de fusiles Galil por parte del Ejército. Uno de ellos incluyó una impactante huelga de hambre. Después de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, causaron conmoción las historias sobre la crueldad del cautiverio, las novelescas versiones sobre sus relaciones con otros secuestrados y, finalmente, el espectacular rescate de las Fuerzas Armadas en la Operación Jaque. Lo que ha quedado claro es que Íngrid es una mujer que polariza. Con ella no había medias tintas, la gente la adoraba o la odiaba, pero nunca ha generado indiferencia.

El viernes pasado en esa ecuación primó el odio, o por lo menos la indignación. Las emisoras de radio divulgaron que la ex candidata presidencial y su familia -Yolanda Pulecio, su madre; Astrid, su hermana, y sus hijos, Mélanie Claire y Lorenzo- demandaron al Estado en busca de una millonaria indemnización por su secuestro. La noticia se expandió rápidamente y generó cientos de comentarios en las redes sociales y en las páginas de Internet de los grandes medios de comunicación. En ellos se reflejaban sentimientos de estupefacción, sorpresa e indignación. Al fin y al cabo, como dijo el ex candidato del Polo Democrático Gustavo Petro, "las Farc fueron las que perpetraron el secuestro, no el Estado, y si está libre fue gracias a una operación militar exitosa y no a una liberación unilateral (de las Farc)".

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado, informó que efectivamente la familia Betancourt Pulecio a través de un abogado -Juan Gabriel Devis Morales- solicitó ante la Procuraduría General la convocatoria de una conciliación extrajudicial con dos entidades del Estado: los ministerios de Defensa y del Interior. La ley establece que la propuesta de arreglo directo es un requisito previo a la presentación de una demanda formal. Las expectativas de los demandantes ascienden a 15.431 millones de pesos, que se dividen en 5.831 por los daños y perjuicios causados a Íngrid y 9.600 adicionales a su familia cercana. Entre ellos se incluyen daños morales y el precio de los ingresos que la ex secuestrada dejó de recibir durante los 3.320 días de inhumano cautiverio en manos de las Farc.

El episodio está lleno de ironías. El pasado viernes 2 de julio se cumplió el segundo aniversario de la Operación Jaque y el Ministerio de Defensa convocó una emotiva ceremonia para conmemorarlo. A ella asistieron la mayor parte de los 14 liberados, incluidos los contratistas estadounidenses, pero sin duda alguna la estrella fue Íngrid. Los colombianos prácticamente no la habían visto en el país ya que una noche, después de su liberación, se desplazó a Francia y viajó por todo el mundo con una aureola de heroína. Por eso su presencia causó admiración, y fueron muy bien recibidas sus palabras con las que reiteró un gran reconocimiento a las Fuerzas Armadas que la rescataron, y al presidente Uribe, a quien siempre se ha referido con cariñoso agradecimiento. En los últimos 24 meses la ex secuestrada había sido coherente y consistente en sus declaraciones, que desde el primer día de liberada calificaron el operativo militar como "perfecto".

Nadie se habría imaginado que dos días antes de su visita, Íngrid había presentado una demanda contra el Estado colombiano. Su actitud desconcertó, no solo por la contradicción que entrañaba, sino porque culpar al Estado por un acto criminal de las Farc es un desafío a la lógica. La demanda se basa en dos argumentos principales. El primero, que no hubo suficiente protección oficial el día del secuestro para que la candidata presidencial del Partido Oxígeno se desplazara a San Vicente del Caguán, y, el segundo, que no se hicieron suficientes esfuerzos para acelerar su liberación. Ninguno de esos dos argumentos parece sustentable.

La acusación de la falta de protección del Estado es poco convincente. Cabe recordar que Íngrid quería realizar un evento proselitista en San Vicente pues el alcalde del municipio había sido elegido por su misma colectividad. Sin embargo, tres días antes del viaje, el presidente Andrés Pastrana había dado por terminado el Proceso de Paz y se había concluido el despeje de los 42.000 kilómetros cuadrados de la zona del Caguán. La guerrilla de las Farc estaba en pleno repliegue y el ejército poco a poco estaba recuperando el territorio, y se sabía que las condiciones de seguridad eran muy precarias.

Otros candidatos, como Horacio Serpa, también planearon ir a San Vicente pero tuvieron que desistir cuando el gobierno de Andrés Pastrana, a través del comisionado de Paz, Camilo Gómez, les advirtió que no podría garantizar su seguridad y que les solicitaba abstenerse de viajar, "no solo porque no podíamos participar en política, sino porque había estallado la guerra y la zona era francamente peligrosa", según le dijo Gómez a SEMANA.

En el caso de Íngrid, según relató en detalle Clara Rojas en su libro Cautiva, ese 23 de febrero ella y la candidata llegaron a las nueve de la mañana al aeropuerto de Florencia, rumbo a San Vicente. Allí les dijeron que quizás las podrían embarcar en uno de los helicópteros que irían acompañando al presidente Andrés Pastrana. Mientras esperaban llegó Pastrana, pasó a su lado y sin decirle nada se subió al helicóptero con otras personas del gobierno que llenaron el cupo.

Camilo Gómez recuerda que allí, en el mismo aeropuerto de Florencia, le mandaron razón con un oficial a Íngrid de que el riesgo de viajar era alto, y en el DAS reposa un acta fechada el 23 de febrero, firmada por el subcomandante operativo de la Policía del Caquetá, Omar Rubiano, el capitán Jaime Barrera, el jefe de protección del DAS del departamento, Alberto Fajardo, y dos escoltas, en la que relatan los riesgos que existían, los hechos violentos que habían sucedido en esos días y las amenazas de las Farc de parar cualquier vehículo que pasara por la vía a San Vicente.

Clara Rojas no menciona estas advertencias en su libro, pero sí relató que el DAS de Florencia les prestó una camioneta azul (dato que también reposa en el DAS) pero sin personal de seguridad, y el capitán que protegía a Íngrid les dijo que tampoco las acompañaría, ni sus escoltas. Una periodista francesa, la traductora y el jefe de prensa de Oxígeno también se quedaron.

El capitán de la Policía ayudó poniéndole banderas blancas al carro y carteles de la campaña de Íngrid. Partieron cinco personas, la candidata, Clara, el conductor, un periodista francés y su camarógrafo. La Policía de Florencia los escoltó hasta la salida de la ciudad. La carretera estaba vacía y llegaron a un retén del ejército. "Allí nos informaron que no había habido ningún combate en la zona ni en el camino a San Vicente, pero le advirtieron a Íngrid que si se arriesgaba a continuar, lo haría exclusivamente bajo su responsabilidad".

La controversia sobre la culpabilidad del secuestro se desató desde el primer momento. Mientras los ministros de Justicia y del Interior declararon que Íngrid era la causante, su partido respondió airado: "Reclamamos al gobierno que asuma su responsabilidad (…) porque fue por su negligencia que la candidata tuvo que transportarse por tierra hacia San Vicente del Caguán". Íngrid, por su parte, a veces reconoce esa responsabilidad y a veces no. En una prueba de supervivencia declaró que "se le ha dicho a la opinión pública que fuimos irresponsables, que fuimos imprudentes y que por lo tanto somos culpables de estar aquí secuestradas. Eso es mucha crueldad o mucha ignorancia. Añadir a lo que hemos vivido ese tipo de comentarios". Pero lo cierto es que, a pesar de esta declaración, si se desmenuza la secuencia de los eventos es evidente que más advertencias no se pudieron haber hecho de los riesgos que implicaba ese viaje, y lo que sucedió de allí en adelante tuvo su origen en una decisión que Íngrid tomó contra todas las opiniones de las autoridades conocedoras de la región y del gobierno central.

El segundo argumento tiene que ver con los seis años que duró el cautiverio. Íngrid Betancourt, su madre, su hermana y sus hijos consideran que el Estado no hizo todo lo que podía para recuperarla, y que esa omisión prolongó su drama y profundizó sus daños. Esa acusación no es menos absurda que la anterior. Posiblemente no ha habido ningún otro secuestro en la historia de Colombia que haya recibido más atención por parte del gobierno. La presión internacional -en especial de Francia- y el empeño del gobierno Uribe en combatir a las Farc convirtieron la liberación de Íngrid en una verdadera prioridad. Por ella el presidente Uribe aceptó la solicitud que le hizo Nicolas Sarkozy de dejar en libertad a Rodrigo Granda, el llamado canciller de las Farc. Por ella se desplazaron aviones franceses a las selvas del Amazonas con el supuesto fin de recogerla como producto de una gestión humanitaria de ese país. Por ella las relaciones con Francia prácticamente se congelaron durante dos años. ¿Qué responsabilidad le puede caber a un Estado que aceptó tantas concesiones para buscar la libertad de Íngrid Betancourt?

En realidad, durante el largo cautiverio se produjo un persistente debate sobre si el gobierno Uribe debía intentar la negociación de un acuerdo humanitario o si más bien debía intentar un rescate por la vía militar. Yolanda Pulecio hizo una campaña ruidosa y constante, tanto en Colombia como en el exterior, en la que en forma insistente le pidió al gobierno Uribe que descartara un operativo, por el riesgo que significaba para su hija. En cambio, solicitó en forma insistente que se negociara una liberación mutua de secuestrados y guerrilleros presos en las cárceles con procesos judiciales por varios delitos.

Esa posición, totalmente comprensible desde el ángulo de una madre, no se le puede imponer a un gobierno que tiene razones de Estado tan válidas como las familiares. Cualquier Estado puede optar por una política de no negociar con el terrorismo, o con grupos ilegales de cualquier índole, precisamente con el fin de evitar un círculo vicioso de canjes que incentiven secuestros adicionales. Esa ha sido una actitud de varios países que han tenido que combatir el terrorismo durante décadas, como Estados Unidos e Israel.

El presidente Uribe descartó negociar un canje con las Farc porque consideraba que si lo aceptaba ayudaría a consolidar la percepción de que el secuestro de dirigentes políticos y de oficiales y soldados sí producía los resultados criminales que buscan los captores y, en consecuencia, lo fomentaría. Se puede estar en desacuerdo, por razones políticas o de ideología con ese concepto, pero desde el punto de vista jurídico no se puede argumentar que una decisión que busca desincentivar ese flagelo genera la responsabilidad de lo contrario: de la ejecución de un secuestro.

El argumento de que un secuestro por parte de la guerrilla es responsabilidad del Estado es tan poco sólido que hay un ejemplo que lo demuestra perfectamente y que por coincidencia tuvo lugar justamente un día antes de que Íngrid y Clara fueran secuestradas. Ese día, un tribunal alemán determinó que los gastos del operativo que se había llevado a cabo para liberar a una ciudadana alemana que había sido secuestrada en Ciudad Perdida por el ELN tenían que correr por cuenta de ella y no del fisco alemán. La justicia de ese país responsabilizó a la víctima, llamada Reinhilt Weigel, por haberse metido en "una aventura" en la selva, y le pasó una cuenta de cobro por 12.640 euros que fue el costo del helicóptero que se requirió para recogerla, después de haber permanecido 74 días en cautiverio.

Un improbable fallo favorable de la justicia a la demanda de Íngrid Betancourt no solo sería injusto, sino también contraproducente. Teniendo en cuenta que en el caso de ella hay más responsabilidad individual que en prácticamente todos los otros secuestros del país, de prosperar su demanda se presentaría una avalancha de acciones legales de personas que quizá tienen más justificación en echarle la culpa al Estado y que invocando el fallo a favor de Íngrid podrían quebrar a la Nación. Alan Jara, el ex gobernador del Meta, por ejemplo, aceptó el viernes que estaba considerando seguir el mismo camino que Íngrid. En la última década el número de plagiados por parte de las Farc supera los 3.000 y casi todos ellos sin ninguna responsabilidad personal como la que tuvo Íngrid. Tal sería el caso de los diputados del Valle que fueron sacados del recinto de la Asamblea Departamental en plenas calles de Cali en momentos en los que desempeñaban labores legislativas en un lugar supuestamente custodiado por organismos de seguridad del Estado.

La gran pregunta es qué busca Íngrid Betancourt con su demanda y por qué se jugó el prestigio que le quedaba en una apuesta tan inconveniente y de poca probabilidad de éxito. Durante su secuestro, la ex candidata había alcanzado los primeros lugares en las encuestas de popularidad, con cifras que les seguían los talones a Álvaro Uribe y a otras figuras como el general Óscar Naranjo. Pero posteriormente, con las revelaciones sobre su personalidad y sobre su conducta en cautiverio, se desbarató el mito de la Juana de Arco colombiana para darle paso a la imagen de una mujer egoísta y caprichosa. Un ser como cualquier otro, afectado por el trauma del secuestro, que sin embargo cayó del pedestal en el que la tenían tanto la opinión pública internacional como la nacional.

Íngrid Betancourt, sin embargo, conservaba hasta ahora parte de su prestigio. Se esperaba que en algún momento regresara a la arena política, y la elección de Juan Manuel Santos le abría una gran oportunidad. El nuevo Presidente había sido su mentor en el Ministerio de Comercio Exterior, y se habían reencontrado en la Operación Jaque. Los 'gabinetólogos' le auguraban a Íngrid posibilidades en la Embajada en París, que tenía lógica por el simbolismo que representaba y por el aprecio que le habían demostrado los franceses. Pero lo que ha hecho ahora es un suicidio político que prácticamente delata su intención de irse del país de forma definitiva. Un indicio en este sentido es que se excusó de asistir a un homenaje que en las próximas semanas un grupo de intelectuales organizó para su padre, Gabriel Betancourt Mejía, considerado uno de los grandes ideólogos de la educación en Colombia.

Basta ver el número y el tono de las manifestaciones que pulularon en Internet en los últimos días para tener una medida del costo que ha pagado. Raras veces hay un hecho que produzca una reacción tan negativa y, a la vez, tan unánime. ¿Por qué lo hizo? La decisión es difícilmente comprensible. Analizadas las consecuencias políticas, se podría deducir que el objetivo es económico. Pero Íngrid acaba de firmar contratos por casi siete millones de dólares por su libro sobre su secuestro en las siguientes proporciones: por el mercado europeo, la editorial francesa Gallimard pagó 3.700.000 dólares. Por el mercado en inglés, la editorial Penguin de Random House pagó 2.500.000. Hace ocho meses recibió 300.000 dólares de anticipo de Santillana para la publicación en América Latina. Y hace tan solo dos semanas, otros 300.000 del mismo grupo editorial, para el mercado español. Gracias a su próximo libro, Betancourt ya era millonaria. La demanda, en síntesis, no era necesaria en razón del dinero.

Esto solo aumenta el misterio sobre sus motivaciones, y nadie ha podido dar con la respuesta. ¿Qué podía esperar Íngrid Betancourt con una decisión que lo único que ha producido es indignación nacional, pérdida de prestigio individual, y que no tiene asegurada su viabilidad jurídica? Un error solo explicable por los estragos que produce un secuestro tan inhumano y prolongado como el que ella sufrió en las selvas colombianas.
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