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| 9/4/2005 12:00:00 AM

Verificación "Insulza"

Es urgente que se compruebe cómo se ha hecho la desmovilización de las AUC. ¿Está la OEA en capacidad de verificar lo que falta del proceso?

Dos cosas tranquilizan a Sergio Caramagna, director de la Misión de Apoyo de la OEA para el proceso de paz con los paramilitares: que la suma de las desmovilizaciones siga subiendo y que los homicidios en las zonas donde esto ocurre sigan bajando. Por fuera de estas cifras, muchas son las preocupaciones de la OEA respecto al proceso y, en particular, a su misión de verificar el cumplimiento del cese de hostilidades, el desarme y la reinserción.

Respecto a la verificación del cese de hostilidades, hay que ser realistas: ha sido una labor imposible y no ha cumplido su objetivo. Hace un año y medio, al crear la misión, el ex secretario de la OEA César Gaviria, declaró que era un requisito esencial que las tropas paramilitares se concentraran porque de lo contrario sería imposible verificar el cese de hostilidades. No hubo concentración, pero sí una pretendida verificación, que deterioró la credibilidad de la misión de la OEA y le ha hecho un flaco favor al proceso.

Si bien resulta exagerada la pretensión de algunas ONG de que Caramagna verifique más de 2.000 homicidios, de los cuales una cuarta parte son de N.N; también es cierto que en algunas regiones, como Norte de Santander, algunas organizaciones han hecho denuncias concretas sobre las cuales no hay resultados. "Nosotros decidimos no compartir más información con la OEA. A la oficina regional le consta que después de la desmovilización del Bloque Catatumbo, han seguido actuando paramilitares. Pero la respuesta que han dado en Ralito es que son bandas de delincuentes por las que ellos no responden. Y hasta ahí llega la verificación", dice Wilfredo Cañizales, de la Fundación Progresar, que ha hecho un seguimiento detallado a la violencia en ese departamento.

Al respecto, el propio Caramagna reconoce que el comité para la verificación que se constituyó en Ralito, y que estaba conformado por un delegado de la OEA, uno de la Oficina del Alto Comisionado y otro de las AUC, nunca cumplió su función. "Ellos no se lo tomaron en serio", dice.

Para Caramagna, la persecución y la detención de 'Berna', por el asesinato de un diputado y su familia en plena zona de ubicación, es un ejemplo de que la verificación del cese de hostilidades ha funcionado. Sin embargo, admite que no sabe qué ha pasado con los más de 140 casos que su oficina ha verificado como presuntas violaciones al cese por parte de las AUC. ¿Los está investigando la Fiscalía? ¿Sirvieron como espada de Damocles en la mesa, como asegura Luis Carlos Restrepo? ¿Por qué no se le ha informado al país sobre estos casos? Estos interrogantes han tendido un manto de duda a la labor verificadora de la OEA, una misión a la que todos le reconocen sus buenas intenciones, pero también su falta de dientes.

Lo que sigue, verificar la desmovilización y la reinserción, es aun más complicado. "Por ahora no tengo condiciones para decir si las AUC fueron honestas o nos trampearon. Para eso necesitaría mucha más gente", dijo Caramagna a SEMANA. Pero verificar la desmovilización no sólo implica tener la gente suficiente. Los paramilitares actúan como redes de bandas criminales sobre las cuales los jefes de las AUC no tienen total control. El caso más representativo es el de Medellín donde, a pesar de haber desmovilizado a todo el Bloque Cacique Nutibara, quedaron más de 200 bandas al servicio de 'Don Berna', incluida la temida 'oficina' de Envigado (ver recuadro). Hace un mes tuvieron que desmovilizarse con el Bloque Héroes de Granada, en el oriente de Antioquia. Casos similares se viven en el Valle, en Putumayo y en Arauca.

La verificación en el tema de reinserción es aun más compleja. Caramagna confiesa que no tiene condiciones para garantizar que se pueda hacer. "Hoy no podría ser confiable esa verificación", dice. Su explicación es la falta de recursos. La falta de credibilidad del proceso de negociación, sobre todo en la comunidad internacional, ha redundado en un bloqueo económico a la Misión. El mayor aportante a la misión es el propio gobierno colombiano, con 1,2 millones de dólares, seguido por Holanda y Suecia, dos países que no son de la OEA, que aportaron un millón y 80.000 dólares, respectivamente.

Pero el dinero no es el único ni, posiblemente, el principal problema. Analistas de distintas orillas le critican a Caramagna la falta de independencia respecto al gobierno, y el poco ejercicio que ha hecho de otros instrumentos de su mandato como son la formulación de recomendaciones para las partes, y el apoyarse en organizaciones de la sociedad civil para cumplir su labor. Además, el no haber hecho públicas muchas de sus acciones. "El objetivo de verificar es crear confianza en el proceso. Si no usas la opinión pública, no tienes ningún instrumento para incidir en las partes. Si las partes saben que todo se maneja de bajo perfil ¿qué incentivo tienen para cumplir?", explicó a SEMANA un experto internacional.

La verificación es crucial en este momento, cuando ya más de 10.000 ex paramilitares están en la calle, afrontando el reto de convertirse en ciudadanos de bien, y abandonar sus historias de violencia. Por eso, aunque algunas ONG se exceden en sus críticas y desconocen la buena fe y el esfuerzo de la OEA, la Misión debería repensar su papel.

Mientras tanto, otras organizaciones civiles están moviéndose para hacer una veeduría autónoma. Es el caso del oriente de Antioquia, donde 23 municipios ya declararon que harán una veeduría ciudadana a la reinserción del Bloque Héroes de Granada. "Lo que quieren es definir unos mecanismos de verificación y que las denuncias se discutan públicamente con las comunidades que hacen parte del proceso" , dijo Jaime Fajardo, director del Plan Congruente de Paz en Antioquia.

También hay quienes aspiran a que otros organismos se sumen a la tarea de verificación. "La Unión Europea debería acoger, el 6 de septiembre, cuando se reúne para definir una posición frente a la Ley de Justicia y Paz, la propuesta del presidente Álovaro Uribe de hacerle una veeduría a la implementación de la ley", dice el analista León Valencia.

Lo que hay en juego es mucho. El futuro de las regiones donde han ocurrido las desmovilizaciones depende de la manera como se culmine el proceso de paz. Y de cómo se acometa la difícil tarea de una reinserción que apenas comienza.

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