Versión de Uribe, "la prueba de la persecución política": víctimas

Por más de cinco horas Álvaro Uribe entregó su versión sobre las chuzadas del DAS. El ex presidente de la República reiteró que ningún funcionario de su gobierno puede decir que recibió órdenes suyas para actuar por fuera de la ley.

Fueron cinco horas en las que Uribe defendió a los directores del DAS, especialmente a María del Pilar Hurtado, y al secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, ambos, los más altos funcionarios investigados por los seguimientos ilegales.
 
Cinco horas en las que Uribe dijo que durante su gobierno se dieron todas las garantías para ejercer la oposición. Aseguró que se fortaleció el poder judicial y se respetó el ejercicio de los periodistas y de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
 
Para las víctimas de las chuzadas, que aguantaron esas cinco horas sin poder hablar, sin contrapreguntar como era su voluntad, la versión libre que rindió Álvaro Uribe se podrá convertir en la “mejor prueba” para demostrar las persecuciones que sufrieron durante los ocho años de su gobierno.
 
Por lo menos esa es una de las lecturas del representante a la Cámara Iván Cepeda (Polo), una de las víctimas reconocidas en este proceso. Porque además de esa especie de rendición de cuentas de Uribe, en la que se convirtió la versión libre, el expresidente “atacó” a varias de las personas que fueron ‘chuzadas’ por el DAS.
 
“Uribe, acá en la Comisión de Acusaciones, nos trató de aliados de los terroristas”, dijo Cepeda al recordar frases concretas del expresidente en la versión libre.
 
Porque a Piedad Córdoba se refirió como enemiga del país, a Iván Cepeda lo calificó como una persona que “actuaba por fuera de la ley”, de Hollman Morris dijo que era “publicista del terrorismo”, y al colectivo de abogados José Alvear Restrepo lo calificó de “defensores del terrorismo”.
 
Por eso, Iván Cepeda considera que la versión libre es la prueba para demostrar que durante los ocho años de gobierno sí hubo persecuciones. Y que se hicieron desde un organismo adscrito a la Presidencia.
 
Más aún cuando Uribe admitió, ante una pregunta del representante investigador Yahir Acuña, que las únicas órdenes de inteligencia que impartió al DAS fue las de hacer inteligencia contra los terroristas.
 
Sin embargo, el expresidente Uribe le dio otra lectura a sus palabras. Porque insistió que como presidente que fue, y así estuviera en ejercicio, tiene el derecho a opinar de política. “Soy vehemente en el discurso, pero transparente en el juego democrático”, fueron las palabras con las que cerró su intervención.
 
Pero Cepeda considera que esa prueba sólo servirá ante los organismos internacionales de justicia, instancia a la que las víctimas pretenden acudir, pues consideran que la Comisión de Acusaciones es un organismo “inoperante, viciado y que no brinda plenas garantías”.
 
Otro de los representantes de las víctimas, el abogado Luis Guillermo Pérez Casas, miembro del Colectivo de abogados y apoderado de la exsenadora Piedad Córdoba (otra de las víctimas reconocidas en el proceso), cuestionó la validez de la diligencia judicial de este 18 de agosto.
 
A su juicio, la Comisión de Acusaciones violó los derechos de las víctimas al no aplazar la versión libre hasta que se produjera un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que decidiera si las víctimas podían o no contrapreguntar al versionado.
 
Pérez dijo que presentará la queja a la Corte Suprema de Justicia y a la Procuraduría para evaluar la conducta de los congresistas investigadores, y no descartó la posibilidad de pedir la nulidad de la diligencia. “No sólo se violaron los derechos de nosotros como víctimas. Se violaron los derechos de la sociedad colombiana, que debe conocer la verdad”.
 
Este pronunciamiento se produjo cuando Álvaro Uribe les entregó a los investigadores todos los documentos que sustentaban su defensa y cuando la señal de televisión pública suspendió su transmisión.
 
Uribe se levantó de la silla del versionado, se despidió de la mano de los investigadores y dio la espalda a las víctimas que usaban el micrófono. Detrás de él salieron los exministros Óscar Iván Zuluaga y María del Rosario Guerra de la Espriella, y el senador Juan Carlos Vélez Uribe, quienes nunca se movieron durante las cinco horas que habló su jefe.
 
Yahir Acuña, el cuestionado investigador, considera que en la Comisión de Acusaciones hay plenas garantías. Les aclaró a las víctimas que en ningún proceso penal una versión libre puede contar con la intervención de ellas para una especie de interrogatorio. Eso, recordó, “sólo podrán hacerlo en la etapa de juicio”. Y este proceso apenas está en su fase preliminar.
 
¿Qué vendrá ahora para Uribe? Acuña dijo que una versión libre podrá ser ampliada. Se espera recibir más testimonios. Las declaraciones de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno, que serán solicitadas en los próximos días. Luego los representantes evaluarán si hay méritos para abrir investigación formal.
 
Si eso se produce, Uribe tendrá que volver a la Comisión de Acusaciones, pero ya no podrá hacer uso libre de la palabra, tendría que someterse a las preguntas de los investigadores en una indagatoria formal.