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| 10/5/2013 10:00:00 AM

El debate del 'turismo' a La Habana

¿Es una falta o un delito que funcionarios públicos y particulares vayan a conversar con las Farc en Cuba?

En su ímpetu purificador, el largo brazo de Alejandro Ordóñez está incursionando en un área novedosa: el ‘turismo’ de la paz. Con el insólito efecto de que, por primera vez, el procurador le está haciendo un favor al gobierno en el proceso de paz que con tanta insistencia ha criticado: ayudarle a evitar que funcionarios, políticos elegidos y hasta particulares viajen a La Habana a conversar con las Farc sin autorización oficial.

Como es ya tradición en Colombia, todo proceso de paz tiene, entre otros efectos colaterales, el de generar un desfile de interesados en conversar con la guerrilla para toda clase de propósitos, desde escucharla o hacerle propuestas y pedidos hasta ofrecerle ayuda o retratarse con sus jefes. Y el de Cuba, pese a la distancia, los costos y los requisitos, no es excepción. 

Pocos saben quiénes y para qué viajan a reunirse con Iván Márquez y sus colegas, muchas veces disfrazando su visita de inocente viaje turístico a Varadero. El caso es que el procurador está decidido a averiguarlo y a castigar a los turistas políticos con todo el rigor de su báculo administrativo. 

Ya anunció que está investigando qué funcionarios públicos han viajado a Cuba a verse con los guerrilleros y sugirió que algunos concejales podrían estar entre los primeros implicados. Y hasta escribió a los presidentes de Senado y Cámara pidiéndoles justificar el viaje de una comisión de parlamentarios y directivos de los partidos que tendrá lugar próximamente, con autorización del gobierno. 

El asunto, sin embargo, se está volviendo polémico. Para empezar, ha generado un nuevo enfrentamiento del procurador con el fiscal Eduardo Montealegre, lo que ya no sorprende a nadie. Este último declaró “un despropósito” considerar que quien vaya a La Habana sin permiso del gobierno estaría incurriendo en un delito. 

El fiscal fue categórico: como las órdenes de captura de los guerrilleros que se hallan en Cuba están suspendidas y quienes los visitan “tienen unos fines altruistas, de colaborar a construir la paz en el país, sería un despropósito pensar que acudir a La Habana sin permiso se convierta en un delito y mucho menos en una falta disciplinaria”.

Las Farc coincidieron con él, lo citaron y se quejaron en un comunicado el viernes:  “Resulta ahora que visitar La Habana es un delito (y) estar de acuerdo con una Constituyente es un crimen. ¿Dónde está la democracia?”.

Mientras tanto, el procurador ve posibles faltas, no solo de funcionarios del Estado sino de políticos elegidos como concejales o congresistas, que hagan el periplo sin permiso o solicitud del gobierno. Este, por su parte, no solo coincide con Ordóñez sino que va aún más lejos y aspira a que ni siquiera los particulares puedan ir de turismo a La Habana a hablar con los guerrilleros sin permiso suyo. 

El fantasma de Álvaro Leyva (que según algunos les habla al oído a las Farc en materias como la Constituyente y según él mismo solo tendría interés en el bien de la paz) planea sobre las declaraciones que dio en este sentido el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, la semana pasada en una sesión del Congreso. En una entrevista con El Espectador ratificó que al gobierno le molesta que “algunos particulares se aprovechen para ir sin autorización a tener conversaciones con los voceros de las delegaciones”.

En la discusión están mezcladas figuras distintas. Una son los funcionarios públicos, otra los políticos elegidos a cargos de elección popular y otra más los particulares. Y las opiniones sobre las potestades de cada uno de los representantes de estas categorías para ir a Cuba sin permiso del gobierno son muy disímiles. 

Harold Penagos, un abogado especialista en Derecho administrativo consultado por SEMANA, hace el paralelo con políticos condenados por reunirse con jefes paramilitares y cita el artículo 48 del Código Único Disciplinario que califica como “falta gravísima” que un funcionario público colabore con un grupo armado ilegal. Aunque probar que una reunión con un guerrillero en La Habana para hablar de paz implica colaborar con las Farc es otra historia, el funcionario estaría como mínimo desbordando sus funciones “y muy seguramente estaría incurso en una falta disciplinaria”, según Penagos.

El exprocurador Jaime Bernal Cuéllar es de otra opinión. “Creo que la guerrilla está libremente en La Habana, lo que significa que no tiene limitación para hablar con alguna persona, lo cual significaría que esa persona, ya sea funcionario o particular, pueda dialogar y que eso no se considere una falta disciplinaria”, dice. 

Cuéllar aclara que si el funcionario usa recursos públicos sin autorización para ese fin sí puede incurrir en una falta. Y que, de todas maneras, así no sea punible la conducta de reunirse con la guerrilla, sí es “irresponsable” hacerlo sin autorización del gobierno, pues, dada la confidencialidad del proceso, puede contribuir a alterarlo. Con este último argumento coincide el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, quien dijo que, más allá de su responsabilidad jurídica, quienes viajan a Cuba a hablar con las Farc sin permiso “están entorpeciendo el proceso de paz”.

Algunos casos ilustran la complejidad de la discusión. El concejal Horacio José Serpa reconoció que, en un viaje de turismo a Cuba, saludó en el lobby de un hotel a Andrés París, vocero de las Farc, y dijo que había visto a Holman Morris, director del Canal Capital, del Distrito, hablando con los guerrilleros. 

Si bien para un funcionario público quizá existan restricciones más severas que las del común de los mortales, ¿debe ser investigado o castigado un político elegido que habla casualmente con un guerrillero en La Habana, o, incluso, uno que viaje expresamente a escuchar los puntos de vista de los voceros de las Farc? Y Morris, que es a la vez funcionario público por dirigir un canal del Estado, pero también periodista que, como cualquier representante del oficio, busca generar información sobre el proceso y entrevistas con sus protagonistas, ¿debería ser objeto de alguna sanción administrativa?

Todo ello sin hablar de los particulares. Aunque el gobierno aspire a limitar su turismo a la isla estrictamente a las playas, en rigor están al margen de la égida del procurador y, a juzgar por las declaraciones del fiscal, mientras no incurran en colaboración con las Farc para delinquir, también están por fuera de la órbita de la Justicia. Con lo cual prohibirles que vayan a Cuba no será nada fácil.

Más allá de todas estas consideraciones, el efecto final del debate es tan pragmático como conveniente para los fines del gobierno. Con la guadaña del procurador Ordóñez sobre sus cabezas, funcionarios, congresistas y políticos lo pensarán dos veces antes de irse a conversar con las Farc sin permiso. 

Eso es justamente lo que quiere el gobierno, que aspira a que incluso los particulares no puedan incurrir en turismo habanero sin su venia. Con lo crítico que ha sido el procurador de las negociaciones con las Farc, nadie hubiera creído que terminaría haciéndole a este gobierno semejante favor en el proceso de paz. 
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