Vías de hecho

El punto donde la autopista de Bogotá a Sogamoso pasa por el pueblo de Tocancipá ha estado en obra por casi dos años. Allí se han construído cuatro kilómetros de doble calzada con inversiones por más de treinta mil millones de pesos. El lío es que tanto el Instituto Nacional de Concesiones como la Contraloría General no se explican cómo se acometió una obra de semejante magnitud sin contrato que la sustente. Al parecer esta se basó solo en una instrucción que les dio de viva voz el gobierno anterior a los contratistas durante un consejo comunitario. Con esta insólita situación de antecedente, las autoridades pusieron bajo la lupa toda la concesión que va desde Briceño, al extremo norte de la capital colombiana, a Tunja y de ahí a Sogamoso, otra población boyacense.

Esta concesión para mejorar esta crucial arteria del país fue renegociada varias veces, con adiciones, de manera que el contrato original, de 1,2 billones de pesos, está costando más de dos billones.

El protagonista del cuento es el consorcio Solarte Solarte, uno de los pesos pesados del país, con más de seis billones de pesos en contratos de concesión y de obra pública. En 2002, este grupo ganó la licitación para habilitar esta autopista en seis años, y en contraprestación el Estado le permitía usufructuar los peajes por veinte años. Pero hoy la obra ha sufrido tantas modificaciones que aún no ha culminado.

El contrato que se firmó a finales del gobierno de Andrés Pastrana seguía las recomendaciones de la banca de inversión internacional que decían que, dados los recursos de los que disponía la Nación y el tráfico de esta vía, era suficiente con hacer treinta kilómetros de doble calzada, unos tramos de vía en tercer carril y rehabilitar el resto. La clase dirigente del departamento quedó furiosa porque querían que se hiciera doble calzada en toda la vía.

El 7 de agosto de 2003, el nuevo gobierno de Álvaro Uribe, en una celebración patria en el Puente de Boyacá, literalmente con bombos y platillos, anunció el primer gran cambio del proyecto. El entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, en un improvisado tono libertario informó que el gobierno daba vía libre a que todos los 160 kilómetros de la vía se hicieran en doble calzada. "Con la firma de este otro sí, le estamos cumpliendo al pueblo de Boyacá", dijo.

Además de que es muy cuestionable que el ministro Gallego le hubiera dado mayor peso a los criterios políticos sobre los técnicos y financieros. Y lo es más aún que, sin concurso público, hubiera decidido adjudicar los nuevos trabajos al mismo contratista y negociar a cada paso, según como se fueran presentando las cosas.

Es por eso que a los Solarte, además de ampliarles el plazo del contrato original y de autorizarles un mayor valor, les pagaron aparte los nuevos diseños y les entregaron unos 500.000 millones de pesos de recursos de la Nación como anticipo para nuevas obras, esto sin contar con los más de 400.000 millones que han recibido en peajes. Semejante generosidad con un contratista subvierte toda la lógica del modelo de concesión, pues esta consiste en que, por falta de recursos, el Estado le cede a un particular la ejecución de una obra para que este los ponga, y con el tiempo, vía peajes, recobre su inversión. Algo que no ha sucedido del todo acá. Entonces ¿para qué la concesión?

Al contrato, además, le fueron colgando otras obras que nada tienen que ver con el corredor vial principal. Así les incluyeron la construcción de un tramo que conecta la represa del Sisga, por donde pasa esta vía, con los Llanos Orientales. En esa sola obra ya han desembolsado 80.000 millones de pesos, y hacen falta otros 120.000 para dejarla medianamente terminada. Esto le da pie al consorcio Solarte para buscar una nueva renegociación del plazo de todo el proyecto.

Con este singular sistema del gobierno pasado de negociar por el camino una obra, como si se tratara de la casa de alguien, la vía ha terminado frenada en cuatro puntos. En el sector del Puente de Boyacá se tuvo que cambiar el trazado en varios kilómetros para no afectar la zona de monumento nacional. A la altura de Paipa, sus habitantes se han opuesto a que la doble calzada pase por su vía y están presionando para que se haga un desvío. En Gachancipá y en Tocancipá no se han podido obtener todos los predios. Y en este último punto es donde ahora se descubre que sin mayor soporte contractual se realizaron ya varios kilómetros de doble calzada.

Tan pronto el nuevo gobierno encontró esta situación, ordenó parar todos los trabajos. Los Solarte salvan su responsabilidad. "Nada se ha hecho buscando ventaja para nosotros, ni por fuera de la ley", dice el vocero del consorcio. Sobre los trabajos que no tienen sustento legal dice que "fueron resultado de muchos escenarios que se dieron en su momento". Y explica que el gobierno les decía simplemente "que le hiciéramos". Además le dijo a SEMANA que no es cierto que hayan tenido un tratamiento especial frente a otros contratistas. "Con nosotros no se ha hecho nada diferente de lo que se ha hecho con otros concesionarios", dijo. Y a pesar de la evidente colcha de retazos en que va la otra, para ellos este "es un proyecto exitoso, que no está exento de los problemas que se pueden dar en este tipo de obras".

Sin embargo, el galimatías contractual que se armó en estos años tiene preocupado al gobierno al punto de suspender los trabajos de por sí ya atrasados frente al calendario original, hasta no aclarar lo que ha pasado. Mientras tanto, el concesionario sigue cobrando sus peajes y los boyacenses continúan esperando que se termine la gran obra que les anunciaron con tanto beneplácito y a la que le salieron tantas curvas.