Domingo, 21 de diciembre de 2014

| 2013/08/22 00:00

Vicepresidente: “El fallo de La Haya es inaplicable”

Angelino Garzón cuestiona la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le quitó 75.000 kilómetros del mar al país.

Garzón se suma así a otras voces del alto gobierno que ven inmensas dificultades para poner en vigencia el fallo y para definir una línea clara en las relaciones exteriores con Managua. Foto: Archivo SEMANA

Otra voz más que se suma a los diversos cuestionamientos para establecer una frontera definida de Colombia y Nicaragua. El vicepresidente Angelino Garzón aseguró este jueves que el fallo emitido en el 2012 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que otorgó 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe a Managua, es sencillamente “inaplicable”.

Para el vicepresidente no es cuestión de voluntad ni de tiempo. “El fallo de la Corte de La Haya es un fallo inaplicable en nuestro país; no se puede aplicar ahora, ni dentro de cinco años, ni dentro de diez años”, aseguró Garzón en el marco de un foro en la Universidad Externado.

El vicepresidente dijo que el fallo que entregó a Nicaragua los derechos económicos en el Caribe que pertenecen a Colombia no contribuye a la convivencia de las naciones, sino que por el contrario “agudiza los conflictos”.

Garzón se suma así a otras voces del alto gobierno que ven inmensas dificultades para poner en vigencia el fallo y para definir una línea clara en las relaciones exteriores con Managua. La canciller, María Ángela Holguín, aseguró hace unos días que Nicaragua no puede pretender “pasar impunemente por encima de todos sus vecinos”, en alusión a las aspiraciones de ese país en el mar Caribe.

Colombia ha “seguido de cerca los documentos presentados por Nicaragua ante la Comisión de Límites de Plataforma Continental y hemos hablado con nuestros vecinos que también se verían afectados y comparten nuestra preocupación”, afirmó Holguín en referencia a la aspiración nicaragüense de una plataforma continental ampliada.

La canciller señaló, asimismo, que “la pretensión de la plataforma continental extendida de Nicaragua afecta no solo a Colombia sino también” a los “vecinos en el Caribe”.

“Nicaragua no puede pretender pasar impunemente por encima de todos sus vecinos. Colombia cuenta con la información jurídica y técnica necesaria para enfrentar esta situación”, señaló.

El pasado 25 de junio Colombia denunció que Nicaragua pretende ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas que tiene sobre el Mar Caribe y señaló que el Gobierno actuaría con la “firmeza necesaria”.

Ese día, Colombia informó que había remitido en abril a la oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, un oficio en el que reafirmaba los derechos del país sobre su plataforma continental “tanto en el caribe occidental como en el Océano Pacífico”.

Entonces, recordó que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental se estableció en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, “instrumento que Colombia no ha ratificado y del cual no es parte”.

Hace una semana, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración de respaldo al Gobierno en su solicitud ante la Comisión de Límites de las Naciones Unidas de extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental en la parte sur occidental del Mar Caribe.

En una declaración, aprobada por unanimidad, los parlamentarios nicaragüenses demandaron, además, al Gobierno de Colombia “someterse” al imperio del derecho internacional y “acatar”, como es debido, el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, del 19 de noviembre pasado, “que es definitivo y de ineludible cumplimiento”.

En ese fallo la CIJ redefinió los límites marítimos entre los dos países en el Caribe y dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a esta nación en el 2007.

Pero otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 70.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

El Gobierno colombiano no acepta el fallo y encargó a la firma británica Volterra Fiettapar que busque alternativas para recurrirlo.

A mediados de este año, el Parlamento de Nicaragua aprobó una polémica ley que cede a una empresa china hasta por un siglo la construcción y administración de un canal que permita el paso de grandes buques entre el Atlántico y el Pacífico, decisión que también ha sido recibida con desconfianza en Colombia.

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