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| 2/22/2011 12:00:00 AM

Víctima de una tortura, a la espera de justicia

Wilson Gutiérrez Soler fue torturado por orden de un coronel. La CIDH logró que la unidad de derechos humanos de la Fiscalía reabriera el proceso. El ente ya tomó decisiones. Esta es la historia.

Para Wilson Gutiérrez Soler haber tenido en su poder unos documentos que comprometían a una reconocida empresa de electrodomésticos con el manejo de una serie de actividades ilícitas se convirtió en su calvario. Tenía 29 años cuando por esa razón fue citado a una cafetería en el centro de Bogotá.

El 24 de agosto de 1994, el gerente de la empresa se encontró con Wilson. Quería ofrecerle dinero a cambio de la información. Y fue en una cafetería, el lugar de encuentro, donde empezó su drama. Sin saber por qué, integrantes del grupo de antiextorsión y secuestro (UNASE) de la Policía, bajo las órdenes del entonces coronel Luis Gonzaga Enciso Barón, lo capturaron. Estaba sindicado por el delito de extorsión.

Lo que vino después fue una tortura. Literalmente. Wilson fue llevado en una camioneta de vidrios oscuros a una especie de calabozo, en las instalaciones del UNASE. Allí permaneció por cerca de dos horas. Lo interrogaron, querían saber cómo había llegado a sus manos la información que ponía en evidencia una evasión de impuestos de la empresa a la que él pretendía denunciar, sin saber que el gerente, con el que estaba cuando lo detuvieron, tenía una estrecha relación con el coronel Enciso.

Las horas en que Wilson permaneció en ese lugar fueron las peores de su vida. Fue esposado a un tanque de agua, con unos fósforos que cargaba en un bolsillo de su pantalón le quemaron sus órganos genitales, le introdujeron el palo de un recogedor en el ano. Débil y sabiendo a lo que se atenía si no obedecía las órdenes que le daban, Wilson terminó por aceptar ante las autoridades el delito de extorsión del que lo acusaba el gerente de la empresa.

Su paso por la cárcel fue corto. A los pocos meses de permanecer allí fue absuelto de los cargos por extorsión en sentencia proferida por el juzgado octavo de Bogotá. Fue un montaje. Esa era una pequeña victoria. Ya estaba claro que él no era un extorsionista. Ahora venía el desafío de demostrar que fue víctima de una tortura y lograr justicia.

Pero desde el principio fue difícil. Aunque denunció ante la Fiscalía, la Procuraduría y hasta intentó llevar su historia a la Corte Constitucional, nada fue suficiente. Su caso fue cerrado. Y su vida amenazada. Persecuciones constantes, permanentes y un artefacto explosivo en su vivienda lo obligaron a dejar el país.

Pero estar afuera no le impidió seguir buscando que los responsables pagaran por lo que habían hecho. Buscó al colectivo de abogados José Alvear Restrepo para que llevara la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, aunque el caso del coronel de la Policía, retirado en 1999, ya era cosa juzgada, se logró reabrir la investigación.

Y pese a que el procedimiento cesó en 1998, en 2005 la Corte consideró como probados “la detención y tortura del señor Wilson Gutiérrez Soler, así como la existencia de secuelas físicas y psicológicas derivadas del suceso”. Y la decisión de dicha instancia fue enfática en declarar al Estado colombiano como responsable de estos hechos, al haber sido precisamente un agente suyo el encargado de perpetrarlos.

Durante el proceso se creyó que el gerente de la empresa que desencadenó la situación era familiar del coronel Enciso. Eso no se logró comprobar, pero sí está claro que tenían una estrecha relación. “Sí, yo tenía amistad con él y mi señora laboraba para ese entonces en esos almacenes como asesora laboral”, señaló en algún momento del proceso el coronel Enciso. Además se conoció que el gerente de la cadena de almacenes era también un coronel, pero en retiro y del Ejército.

A principio de este año, la Fiscalía 53 de derechos humanos profirió medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación en contra de Luis Gonzaga Enciso Barón, como coautor de los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad, según hechos registrados en las instalaciones del grupo UNASE de la Policía Nacional.

Jomary Ortegón, una de las abogadas que ha estado al tanto del proceso de Wilson, señala que éste no solo ha sido duro a instancias de la justicia, sino también a nivel interno.

“Lo acusaron de haberse hecho él mismo las lesiones, de haberse quemado con sus propios fósforos”, cuenta la abogada, para quien a pesar de lo que significa la reciente decisión de la Fiscalía “aún falta por aclarar la situación del otro hombre implicado”, el gerente de la empresa, quien, dice ella, habría fraguado el montaje y auspiciado la tortura de la que fue víctima Wilson.
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