Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/07/06 01:00

Víctimas: la bandera de Santos

¿Cómo un presidente que se asociaba a la seguridad democrática terminó apostándoles a las víctimas como punta de lanza de su estrategia política?

El Salado, 8 de julio de 2011. El presidente ha pedido perdón en El Salado y ha marchado en Necoclí, Bogotá y El Carmen de Bolívar. La bandera de las víctimas podría ser la base de la reelección en 2014, pues es complementaria con el proceso de paz de La Habana.

En sus tres años de gobierno Juan Manuel Santos ha sufrido una transformación. Durante su campaña e incluso en su discurso de posesión, el tema de las víctimas tuvo un papel marginal. De hecho, Santos como candidato fue el único que no firmó un decálogo sobre las víctimas que se elaboró durante la campaña de 2010. 

Y no era para menos, pues el gobierno de la seguridad democrática (a quien representaba Santos) y las víctimas tuvieron una relación difícil, hasta tal punto que un intento de legislar a su favor se hundió en la etapa de conciliación. Sin embargo, cuando Santos llegó a la Presidencia su actitud cambió.

Mientras la infraestructura se ha demorado en mostrar resultados concretos y la seguridad ha sido blanco de críticas, las víctimas se convirtieron en  la bandera más visible del gobierno con miras a la eventual reelección. ¿Cómo y por qué se dio el cambio?

Todo comienza con una obsesión de vieja data del presidente: hacer la paz. Al llegar al palacio presidencial se dio cuenta de que uno de los prerrequisitos para este objetivo, además de arreglar la relación con Venezuela, era el reconocimiento a las víctimas. La entrada del Partido Liberal a la unidad nacional, por ejemplo, quedó condicionada por el apoyo del primer mandatario a un nuevo intento de legislación. Durante el trámite de la Ley de Víctimas, convertida en prioridad de Palacio, el presidente entendió la magnitud del problema de las víctimas –más de 5 millones en todo el país–.Después de aprobar el texto, uno de los más ambiciosos en materia de reparación, vino la parte difícil: el andamiaje institucional. 

Si bien precario y con mil cabezas, el aparato estatal  incluye el sistema nacional para la atención y reparación, la Unidad de Víctimas,  tribunales especializados para la restitución de tierras y un rediseño de la Fiscalía. Actualmente, según el Ministerio del Interior, 119.151 víctimas cuentan con planes de reparación individual; se han invertido 912.621 millones de pesos para la indemnización administrativa de cerca de 157.000 víctimas; y se adelantan más de 7.000 reclamaciones de tierras de las cuales se ha dado respuesta favorable a más de 400 casos.  

También existe la voluntad política del presidente. Por ejemplo, ha pedido perdón en El Salado y en San José de Apartadó y ha asistido a tres marchas—Necoclí, Bogotá y El Carmen de Bolívar—y en sus discursos esta población no pierde su lugar. Y aunque críticos y opositores del gobierno crean que esta postura es superficial y  pura ‘pantalla’, quienes conocen de cerca el proceso hablan de un compromiso presidencial a largo plazo. 

Santos supo entender que las víctimas, si bien le granjeaban enemigos en la derecha, también le podrían abrir el camino en la comunidad internacional. Por ejemplo, la sanción de la ley contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, y en cada viaje no pierde oportunidad para decir que su gobierno es aliado de las víctimas. 

Sin embargo, no es una bandera exenta de desafíos. Por ejemplo, de cómo se desarrolla ese punto de la agenda entre las Farc y el gobierno dependerá su valor estratégico en la campaña de 2014. Nada más importante que la guerrilla reconozca a las víctimas y prometa la no repetición.

Por otro lado, el actuar de la Fiscalía deja a más de uno insatisfecho pues la lentitud en las investigaciones atenta contra la restitución de tierras y la seguridad de los líderes, y promueve la impunidad. También es cierto que entre las instituciones del gobierno falta más coordinación y, hacia afuera, todavía existe una gran deuda de pedagogía sobre qué significa ser un país de víctimas. De resolver estos pendientes, Santos podría liderar una campaña de reelección con una agenda poco antes vista: la de las víctimas.

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