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| 6/30/2017 8:59:00 PM

¿Por qué no todas las víctimas de Pablo Escobar son iguales ante los ojos de la justicia? 

La estela de muertes que dejó el capo de capos sigue teniendo desenlaces sorpresivos en los tribunales colombianos. No todas las víctimas que dejó la guerra contra la mafia y contra el jefe del cartel de Medellín son indemnizadas. Análisis. 

*Por Juan Pablo Vásquez

De manera sorpresiva, un fallo del Consejo de Estado hace unas semanas negó una condena en contra de la Nación a varias víctimas de un atentado terrorista protagonizado por el cartel de Medellín, en el centro de Bogotá. Esta decisión contrastó con otros fallos judiciales en donde el Consejo de Estado por el contrario ha ordenado pagar millonarias indemnizaciones. El bombazo a la sede del DAS en 1989 es un ejemplo claro. 

Más que un asunto de suerte, el Consejo de Estado ha marcado una línea jurídica para poder establecer en qué casos existió responsabilidad de la Nación y en cuáles no. Sin embargo, aun se siguen abriendo caminos judiciales y en lo que respecta a las indemnizaciones del Estado por los muertos de Escobar, también hay acciones por resolver en tribunales internacionales. 

Carro bomba en la carrera 7 con calle 57 
Bogotá, 30 de mayo de 1989

Elsa Stella Prados de Cuervo estaba acostumbrada a acompañar a su hija todas las mañanas mientras el transporte del colegio la recogía. Cuando se regresaba a su casa, cerca a ella pasó una caravana de carros blindados y escoltas, que transportaban al general Miguel Maza Márquez. En cuestión de segundos, una estruendosa explosión sacudió el lugar y causó la muerte de varios transeúntes, entre esos, Elsa.

Su esposo emprendió acciones legales y logró que el Consejo de Estado condenara a la Nación y lo indemnizara. El tribunal basó su fallo en que se trató de un acto terrorista que estaba dirigido contra un alto funcionario del Estado, y que tenía por fin socavar las instituciones, destruirlas y buscar concesiones importantes. El fallo proyectado por el magistrado Julio Cesar Uribe condenó a la Nación al considerar que existió un daño especial, esto es, que murió una víctimas indefensa de las agresiones de un conflicto sobre el que no tienen control. Esta tesis en consecuencia, considera que el Estado es el que debe responder por ataques terroristas que estén dirigidos contra el establecimiento, ya que estas actuaciones están orientadas a socavar las instituciones. Esto, dice el Consejo de Estado, permite que haya un balance entre los particulares y las cargas públicas. La decisión acogió las pretensiones de la demanda y favoreció a la familia de la víctima con aproximadamente 14 millones de pesos en razón a los perjuicios morales que sufrieron.

El bus con 500 kilos de dinamita estalló en la sede del DAS 
Bogotá, 6 de diciembre de 1989

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El sector de Paloquemao, en Bogotá, fue el epicentro de una de las acciones terroristas más sangrientas que vivió el país por cuenta de la mafia. Media tonelada de dinamita fue detonada al frente de las instalaciones del antiguo DAS, dejando una estela de heridos, muertos y cuantiosos daños materiales.  El objetivo de este ataque también era su director, el general Miguel Maza Márquez.

Luis Carlos Castellanos, uno de los empresarios afectados por la explosión, demandó a la Nación. Argumentó que este tipo de ataques eran previsibles si se tiene en cuenta que no era la primera vez que se buscaba agredir la integridad de un alto mando de la Policía. El Consejo de Estado le dio la razón y concluyó que hubo una falla del servicio público de vigilancia y seguridad. También aplicó la tesis del daño especial. 

En consecuencia la Nación fue condenada a pagar más de 72 millones de pesos por los perjuicios materiales. 

Carro con dinamita en El Poblado
Medellín: 14 de junio de 1990

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Los habitantes de la capital antioqueña esperaban el inicio del segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol, cuando fueron sorprendidos con la detonación de 80 kilos de dinamita que estallaron en un exclusivo sector de la ciudad. Fallecieron 4 personas y más de 90 resultaron heridas.

Las investigaciones revelaron que previo a este ataque la Policía había realizado una verificación de los vehículos parqueados en esa zona; una semana antes del atentado, en el mismo lugar fue descubierto otro carrobomba que lograron desactivar.

Con base a este hallazgo el Consejo de Estado falló en favor de las víctimas, al considerar que era previsible una acción violenta y que el aparato estatal no desplegó la suficiente seguridad para proteger a los ciudadanos.
Debido al alto número de personas damnificadas, el Estado fue condenado por 129 millones pesos.  

Ataque al CAI de la Policía 
Medellín, 13 de noviembre de 1992

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En el momento en que la guerra entre Escobar y el Gobierno llegaba a su peor momento, los miembros de la fuerza pública eran constantemente blanco de ataques criminales y las cifras de agentes asesinados era cada vez mayor. Ante esta violenta situación, se determinó que varios Centros de Atención Inmediata (CAI) cerrarían sus puertas. De hecho, un ciudadano, Fabio Botero, pidió que ante el riesgo que representaba tener un CAI frente a su residencia fuera demolido. 

Un viernes, cuando Botero descansaba junto con su madre, una carga de dinamita explotó en el CAI y afectó de forma sustancial las viviendas aledañas.

En esta ocasión, el alto tribunal administrativo confirmó que en efecto existía una responsabilidad patrimonial del Estado ya que la no demolición de la edificación donde operaba el CAI había sometido al demandante a un riesgo innecesario.
 

Atentado en el barrio Veracruz 
Bogotá, 30 de enero de 1993

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En dirección contaria de los fallos antes mencionados, el Consejo de Estado marcó en este caso un distanciamiento con lo que venía siendo en apariencia la línea jurídica de la Sección Tercera. En el centro de la capital, explotó una bomba que dejo un saldo de 70 personas heridas y 24 víctimas mortales.

Pese a la magnitud del hecho, la sentencia no acogió los argumentos de la parte demandante y encontró que la Nación no tenía responsabilidad alguna en el atentado. Según el alto tribunal, el artefacto no estaba dirigido contra representantes del Estado ni instalaciones públicas y, además, no existía manera alguna de prever este accionar criminal.

Vuelo Avianca 203  Bogotá-Cali 
27 de noviembre de 1989

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El Cartel de Medellín pretendía asesinar a César Gaviria, precandidato liberal para las elecciones del año siguiente. Por ello instaló explosivos dentro de un avión comercial que tendría entre sus pasajeros al aspirante pereirano. Gaviria nunca abordó la aeronave, pero la bomba sí estalló. 

En esta tragedia, fallecieron todos los pasajeros y tripulantes que realizaban el trayecto.

Cuando las víctimas presentaron la demanda ante la justicia, esta fue rechazada de plano porque, según el alto tribunal, no había forma de probar la existencia de una bomba dentro del avión.

Posteriormente, cuando se descubrieron residuos de fragmentos de un artefacto explosivo en la aeronave y decidieron promover su actuación en el ámbito internacional ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En la actualidad, el caso se encuentra bajo revisión de la Comisión Interamericana y podría tener un desenlace sorpresivo en cualquier momento.

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