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| 5/13/2016 3:29:00 PM

La mala herencia que recibió la ministra Parody

El Ministerio de Educación perdió la batalla que libró para evitar indemnizar a las víctimas de un programa universitario que funcionó sin licencia.

La ministra de Educación, Gina Parody, perdió el pulso que libró ante el Consejo de Estado por evitar que su administración tuviera que pagar los platos rotos que dejaron sus antecesores, quienes durante años permitieron el funcionamiento de programas académicos universitarios que no tenían licencia.
 
Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo, la Sección Quinta del alto tribunal negó una tutela que presentó la cartera, hace unos meses, desligando su responsabilidad de reparar a los alumnos de un curso de ‘Terapias de cuidados paliativos’, ofrecido por la Universidad Antonio Nariño, que operaba sin licencia.
 
En octubre del año pasado se conoció la noticia sobre una condena de reparación directa que les impuso el Consejo de Estado al Ministerio de Educación y al Icfes por el daño que sufrieron los estudiantes, que no pudieron obtener su título.
 
Para esa corporación, las entidades demandadas debían asumir los costos del daño a los alumnos, pues interpretó que los perjuicios por el tiempo, dinero y esfuerzo intelectual que perdieron los graduandos se debieron a que dichas autoridades permitieron que ese proyecto académico siguiera funcionando, a pesar de que años atrás ellas mismas advirtieron su ilegalidad.
 
Para evitar tener que responder patrimonialmente por los errores de las gestiones pasadas, el ministerio de Parody buscó tumbar la decisión a través de una acción de tutela que interpuso ante la Sección Quinta.
 
Sin embargo, esa Sala consideró que la determinación era justa y que no era excesivo imponerle a la cartera el deber de resarcir económicamente a los estudiantes que se vieron perjudicados por la Universidad Antonio Nariño y la deficitaria labor de vigilancia de las instituciones.
 
Así las cosas, para que el Ministerio no tenga que exponer los recursos de la Nación por la irresponsabilidad de quienes participan del mercado de la oferta educativa, es claro que la vigilancia sobre esos actores se debe redoblar. 

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