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| 1/16/2015 9:15:00 PM

¿Se les está cumpliendo a las víctimas del desplazamiento?

El Dane y la Unidad de Víctimas dieron a conocer los resultados de una encuesta que muestra cómo está la población desplazada en el país. Los resultados son impactantes.

Desde el 2013 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y la Unidad para la Reparación Integral a las Víctimas se dieron a la tarea de mirar qué tan efectivo ha sido el Estado en el cumplimiento de los derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.

Después de 15 meses, en los que se encuestaron a 112.334 personas de 151 municipios del país, los resultados de la denominada “Encuesta Goce Efectivo de Derechos” salieron a la luz y permiten hacer un balance de cómo se encuentra esta población.

Hablar de víctimas o desplazados suena muy normal. Sin embargo, la lucha que esta población ha tenido enfrentar para que se le reconozca ha sido mucha. Aunque se habla de un conflicto con más de 60 años, las personas víctimas de desplazamiento apenas fueron reconocidas en el gobierno de Ernesto Samper, con el Conpes 2804 de 1995. Han pasado apenas 19 años desde cuando se reconoció la existencia del fenómeno.

Ahora son 6.044.151 las personas en condición de desplazamiento en el país y esta evaluación permite saber qué tanto está haciendo el Estado y hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos y el presupuesto de las instituciones que se ocupan de las víctimas del conflicto armado.

¿Cómo va la pobreza?

Uno de los resultados más importantes es el relativo a la pobreza. Según la encuesta, el 63 % de los hogares de desplazados son pobres y el 33 % se encuentran en condición de pobreza extrema. La última cifra muestra una disminución respecto al 2010, cuando los pobres extremos eran, según estudios del Gobierno, el 74 %.

Educación y Salud

Otra cifra alentadora es la educación. El 87 % de las personas desplazadas que tienen entre 5 y 17 años asisten a una educación preescolar, básica y media. Una cifra que se ha mantenido más o menos constante desde el 2010. En cuanto a la salud, el 93 % de las personas encuestadas afirman estar afiliadas a algún régimen de seguridad social.

Derecho a no repetir

Según el estudio, el 91 % de los encuestados aseguran que no han sido víctimas de un nuevo desplazamiento. Un aspecto importante, pues el Estado colombiano debe garantizar a las personas desplazadas el derecho a la no repetición. Así mismo, los resultados aseguran que 9 de cada 10 personas no se han visto afectadas por acciones que atenten contra su libertad, como la desaparición forzada o el secuestro.

Vivienda digna: privilegio de pocos

El resultado más aterrador es el derecho a una vivienda digna. En el país, solo el 19 % de los hogares cuentan con una vivienda ubicada en una zona segura, con un espacio suficiente, hecha con los materiales adecuados, con acceso a los servicios públicos y con una seguridad jurídica. Este último aspecto hace referencia a las personas que tienen un contrato de arrendamiento o que tienen la propiedad registrada a su nombre. El Pacífico colombiano, en particular, es la región más afectada, pues solo el 8,5 % de la población tiene acceso a una vivienda digna.

Escasez de alimento


El alimento es una necesidad básica del ser humano, y en este punto el Gobierno quedó muy mal parado. Solo el 9,6 % de los encuestados tiene una seguridad alimentaria. Este concepto, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se refiere a que todas las personas deben tener “acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. Lo que quiere decir que solo una de cada diez personas víctimas del desplazamiento tiene el alimento seguro.
 
Los resultados de esta encuesta muestran que aunque se ha avanzado en la garantía de los derechos a las víctimas del desplazamiento forzado, aún falta muchísimo camino por recorrer. Desde la implementación de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la inversión de presupuesto para las personas desplazadas ha aumentado. Sin embargo, estos resultados deben servir al Gobierno para saber dónde es necesario actuar con prontitud y saber qué es lo que más aqueja a la población en condición de desplazamiento en el país.
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