Las víctimas, una responsabilidad de todos los niveles del Estado

Independientemente de quién haya cometido los crímenes que les causaron daño, las víctimas del conflicto armado tienen derecho a recibir una atención y una reparación que les permita recuperarse y seguir adelante.

El Estado colombiano asumió esta responsabilidad a través de la Ley 1448 de 2011, que asignó a diferentes entidades, en todos los niveles, tareas que deben llevar a cabo para cumplir con este propósito, y creo el Sistema Nacional de Atención  y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), a través del cual todas deben articularse.

El reconocimiento exige a todas las entidades territoriales incluir dentro de sus planes de desarrollo una política pública encaminada a la prevención, protección, atención y reparación integral de las víctimas y el diseño de un Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas (PAT).

Además, antes del 28 de febrero de cada año, los municipios y distritos deben identificar las necesidades de la población víctima y definir los compromisos que asumirán para atenderlas, con cargo a sus recursos, durante el año siguiente. Los departamentos, por su parte, tienen hasta el 30 de marzo siguiente para definir sus propios compromisos, de acuerdo con la información que les reportaron los municipios y distritos. Todo esto, igualmente, deberá articularse con la oferta que tiene el Gobierno nacional para las víctimas de todo el país.

Para evitar que estos diferentes niveles del Estado se crucen en la atención y reparación integral de las víctimas o peor aún, se pasen del uno al otro sus responsabilidades, el Gobierno nacional expidió en diciembre pasado el Decreto 2460 de 2015, que establece unas reglas para la corresponsabilidad de Nación, departamentos y municipios en la atención y reparación de las víctimas.

Este sistema, según explica Viviana Ferro, Subdirectora de la Unidad para las Víctimas, es un vehículo que conjuga de una manera armoniosa y efectiva todas las acciones y capacidades de las entidades, en función de las víctimas.

Aunque cada entidad puede poner en marcha los programas que se requieran para atender las necesidades de las víctimas (vivienda, educación, salud, etc.) ha demostrado ser más efectivo que municipios y departamentos que comparten unas problemáticas similares, se junten para sacar adelante proyectos comunes.

Por ejemplo, Medellín, una ciudad a la que llegaron huyendo de la violencia muchos habitantes de municipios de diferentes regiones de Antioquia, se alió con ellos para trabajar en los planes de retorno que le permitieran a esa población regresar a sus lugares de origen. Atlántico, un departamento con una importante presencia de la empresa privada, ideó un sistema de microfranquicias que permitió a víctimas en diferentes municipios poner en marcha proyectos productivos.

El sistema de corresponsabilidad está diseñado para fomentar la colaboración entre los diferentes niveles del Estado en la atención y reparación de las víctimas. Como muestra de ello, el decreto autoriza a las entidades territoriales a realizar inversiones en otras, para prevenir el desplazamiento forzado, apoyar los retornos y reubicaciones y garantizar los derechos de las víctimas, y les permite firmar convenios en los que definan las responsabilidades a cargo de cada entidad territorial y los recursos disponibles.

La Unidad para las Víctimas cuenta además con un mecanismo de cofinanciación que permite a las entidades territoriales presentar proyectos para acceder a recursos. La Unidad financia el 70 por ciento del proyecto, mientras que la entidad territorial debe hacerse cargo del 30 por ciento. A través de este sistema, 68 proyectos postulados, de 24 departamentos del país, están siendo sometidos a revisión con la intención de obtener recursos por $18.152.649.000 de pesos.

El éxito de este sistema de corresponsabilidad depende también de un cambio de cultura, en un país que ha estado caracterizado tradicionalmente por el centralismo. “El nivel nacional está para ponerse a disposición del territorio, no para ordenarle. Eso parece obvio, pero no lo es. No puedes llegar a un territorio a imponer tu criterio, supuestamente porque estamos en una pirámide y estás arriba, mientras que la entidad territorial está abajo. Eso hay que replantearlo”, dice Carolina Suárez, coordinadora de Garantías de no repetición de la Unidad para las Víctimas.
 
Así opera el Sistema de Atención y Reparación a las Víctimas (RECUADRO)

El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) es el encargado de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicas para la atención y reparación integral de las víctimas.

¿Qué hace?

El Sistema participa en la formulación e implementación de la política integral de atención, y reparación a las víctimas e integra los esfuerzos públicos y privados que buscan contribuir a ese fin. Garantiza la coordinación interinstitucional, la articulación de la oferta y la programación de los recursos.

¿Qué entidades lo integran?

Del Sistema hacen parte todas las entidades que tienen responsabilidades relacionadas con las víctimas, incluidas, entre muchas otras, los ministerios del Interior, de Defensa, de Hacienda, Agricultura, Educación, Salud, Cultura, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), el SENA, etc. También lo integran todas las entidades territoriales y las entidades descentralizadas que tengan responsabilidades con las víctimas. La Unidad para las Víctimas se encarga de su coordinación.