Por qué los excomisionados de paz se quedaron sin seguridad

Este viernes, el mismo día en que el expresidente Andrés Pastrana fue protagonista de primera plana por sus revelaciones inéditas sobre el proceso 8.000, que levantaron una nueva tormenta en el mundo político, dos exfuncionarios de su gobierno, Camilo Gómez y Víctor G. Ricardo, quienes se desempeñaron como comisionados de paz, recibieron la misma notificación: el gobierno les anunció que les despojaría de su esquema de seguridad.

Así se lo confirmaron a Semana.com Gómez y Ricardo, quienes solamente informaron que en la tarde, y de “forma extraña”, funcionarios de la Agencia Nacional de Protección del Ministerio del Interior los notificaron de la decisión, al reducir de alto a ordinario el nivel de riesgo de ambos excomisionados.

A Víctor G. Ricardo, quien contaba con un carro blindado, un conductor y cuatro escoltas, dos funcionarios de la Agencia le hicieron una entrevista en su despacho, que al parecer sería para evaluar su nivel de riesgo. “Me preguntaron cosas como si cuando paro en un semáforo se me colgaban de los espejos, me preguntaban qué cargos púbicos había desempeñado, qué actividades realizaba en esos cargos y de quién dependía”, dice Ricardo al calificar de extraña las preguntas y al admitir que se negó a contestar algunas de ellas. “Eso no se trataba de una entrevista para evaluar el nivel de riesgo”. Los mismos funcionarios practicaron similares preguntas a los escoltas.

Según Ricardo la Fiscalía y otras entidades del Estado han conocido de las amenazas en su contra y asegura que por haber sido comisionado de paz está expuesto. Recuerda que en una reciente carta de Iván Márquez a María Jimena Duzán, publicada en SEMANA, este miembro del secretariado de las FARC utiliza frases que podrían ser amenazantes.

“Víctor G. Ricardo ha afirmado en todos los tonos, que buscaron el diálogo como una maniobra para ganar tiempo frente a problemas claramente identificados como la sequía de recursos para la guerra y la urgencia de una reingeniería del ejército y de la estrategia contrainsurgente. No importaba despejar cinco municipios si lo que se buscaba era salvar un régimen tambaleante”, decía Márquez en dicha carta.

De forma simultánea, Camilo Gómez recibió una llamada telefónica de la Unidad Nacional de Protección en la que le manifestaban que tenían una notificación de carácter urgente y posteriormente llegaron dos funcionarios para notificarle la decisión. Gómez tenía un conductor y un carro blindado. En la noche del viernes, en una circunstancia que también calificó de extraña, tuvo que devolver el vehículo y el chaleco antibalas. No hubo mayor explicación a que se había declarado que el nivel de riesgo pasaba de alto a ordinario. Gómez se desempeña como abogado particular, y apodera al expresidente Pastrana ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el proceso por el fallo de La Haya.   

La decisión que tomó por sorpresa a los dos excomisionados de paz se produce en momentos de agitada controversia y crispación política, por cuenta de las declaraciones de Pastrana quien al revivir detalles del proceso 8.000, el escándalo por la infiltración de dineros del narcotráfico a la política, aseguró que el presidente César Gaviria había ocultado la verdad de los narco-casetes para favorecer a Ernesto Samper. Gaviria controvirtió con dureza esas afirmaciones, y aseguró que en esas grabaciones se mencionaba aportes del cartel de Cali a ambas campañas.

Aunque pueda ser una coincidencia, los dos exfuncionarios del gobierno de Pastrana coincidieron en que el Gobierno sería el responsable de cualquier cosa que les pudiera pasar.