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| 10/6/2014 12:00:00 AM

Vienen controles a importaciones de celulares

Este año se han robado 775.000 celulares. El gobierno alista más medidas para frenar este flagelo.

Ante el incremento en el hurto de celulares, un delito que ha cobrado la vida de decenas de personas, el gobierno alista más medidas. No solo se harán operativos policiales en todo el país, sino que se pondrán mayores condiciones a la importaciones y exportación de estos aparatos.

En los próximos días el gobierno dará a conocer un decreto sobre este tema con el fin de evitar que entren o salgan de país aparatos y partes de equipos de manera ilegal. La intención es ponerle freno a las bandas criminales que están alterando algunos IMEI, número de identificación de los celulares. Por eso, aunque algunos aparatos hayan sido reportados y bloqueados, los delincuentes los vuelven a activar para comercializarlos aquí o en otros países.

Y uno de los destinos preferidos es Venezuela, nación con la que el gobierno colombiano no ha logrado que se pongan en marcha políticas para evitar la compra de celulares robados, a diferencia de Ecuador y Perú, naciones con las que se ha logrado mayor colaboración.

Adicionalmente, el proyecto del Ministerio de Defensa sobre un nuevo Código de Policía establece que los locales que vendan celulares deben tener autorización del Mintic.

Pero sin lugar a dudas, la acción más contundente es la extinción de dominio de los locales que comercializan teléfonos robados, porque se ataca a las bandas donde más les duele, y se lanza un mensaje contundente a las organizaciones delictivas.

Sin embargo, hace falta que la ciudadanía haga su parte y denuncie los robos y que no compre aparatos ilegales ni usados porque mientras haya demanda será más difícil combatir este delito.

Si bien los hurtos han bajado entre 8 y 10 por ciento en los últimos años, siguen siendo escandalosos. Según cifras de la Policía cada mes se roban en Colombia entre 80.000 y 100.000 aparatos -cerca de 3.000 celulares al día-. En lo corrido el año los delincuentes hurtaron 775.764 celulares, de los cuales alrededor del 40 por ciento fueron robados en Bogotá.

Hace tres años el gobierno lanzó la “Estrategia Nacional contra el Hurto Celular” para frenar la demanda de celulares robados, atacar la economía criminal y concientizar a los ciudadanos sobre este problema.

En esta lucha estaban involucrados el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), la Comisión de Regulación de Comunicaciones,  la Policía, la Dian, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las operadoras de telefonía celular.

De ahí la importancia de darle un mayor impulso a la estrategia del gobierno para detener este flagelo. En este sentido, una de las primeras tareas de los operadores de telefonía móvil era crear dos bases de datos. Una positiva, en la que debían registrar todos los celulares del país, y otra negativa en la que se debían reportar los aparatos hurtados o extraviados. Para inscribir los celulares en planes prepago se concedieron varios plazos, el último de los cuales venció en marzo del año pasado. A partir de ese momento los aparatos que no estuvieran registrados podían ser bloqueados.

Las cifras de Asomóvil, que reúne a Claro, Movistar y Tigo, muestran los esfuerzos que se han hecho. Según Nancy Patricia Gutiérrez, su presidenta, en lo corrido del año se han bloqueado 3 millones de celulares, de los cuales 1,7 millones corresponden a aparatos que no fueron inscritos, 775.000 hurtados y más de 550.000 extraviados.

Por eso rechazó las acusaciones del exsecretario de Gobierno de Bogotá, Hugo Zárrate, quien presentó un video en el cual mostró que algunos teléfonos robados, pese a haber sido reportados, no estaban siendo bloqueados por las empresas. “Ninguna compañía de telefonía celular está cumpliendo con el bloqueo de celulares”, dijo el exfuncionario.

Gutiérrez aseguró que “las empresas no son cómplices de delincuentes y, por el contrario, les colaboran a las autoridades para combatir este delito”. Las firmas han invertido en los últimos años 60.000 millones de pesos para implementar estas bases de datos y han lanzado campañas de publicidad para concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de hacer los denuncios y evitar comprar celulares robados.



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