Viento en contra

Hace dos meses, las cabezas de las altas cortes posaron, en la Casa de Nariño, junto al presidente Juan Manuel Santos, acompañadas por los ministros y el presidente del Congreso. La foto fue una señal de consenso estatal en torno al gran proyecto de reforma a la justicia. Varios críticos avizoraron entonces que el consenso mataría el proyecto. Que lo que habría al final sería una reformita inocua porque una verdadera reforma no deja a todo el mundo contento.

Hoy los presidentes de las cortes no solo se oponen a la iniciativa, sino que ven en esta un esperpento peligroso. El respaldo se ha ido desgranando conforme el proyecto avanza en su trámite y va mutando de su idea original.

El primero en bajarse del bus fue el Consejo de Estado. Argumentó el pasado 21 de noviembre que se marginaba porque encontraba una contradicción entre lo inicialmente anunciado y lo que estaba aprobando el Congreso. Para esa Corte la iniciativa no ataca los problemas más importantes de la rama: la congestión de los despachos y el acceso real que haga de la justicia un derecho efectivo al alcance de todo ciudadano. La corporación dice que sus observaciones no fueron tenidas en cuenta y critica que el proyecto en marcha otorgaría "funciones exorbitantes" a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que originalmente se pensaba sería eliminado. Ahora lo que se contempla es fortalecer la Sala Disciplinaria y reemplazar la Administrativa. Por ello, la primera sigue firme junto al gobierno -es el único sector de la justicia que apoya la reforma-, mientras que la segunda se sumó a la desbandada.

Lo propio hizo la Corte Suprema de Justicia en pleno. Camilo Tarquino, su presidente, dijo que la reforma en ciernes -que les quita a las cortes la facultad de postular ternas para procurador, contralor, registrador y auditor general de la Nación- "atenta contra la estructura del Estado democrático que inspira la Constitución Política de 1991, al concentrar el poder público en las ramas ejecutiva y legislativa. En consecuencia, rompe el balance de pesos y contrapesos". Y como si fuera poco, auguró que la reforma, como va, sería "un instrumento de revancha o retaliación ante el cumplimiento de la función judicial". Esto en referencia al papel que ha desempeñado la Corte Suprema en la parapolítica, que investiga y juzga a los congresistas, función que pretende ser modificada y que algunos políticos desean le sea arrebatada a la Corte, por lo menos en la primera instancia de juzgamiento.

El viernes, en un intento por reanimar el proyecto, el ministro Germán Vargas aclaró que el gobierno no está de acuerdo con quitarle a la Corte Suprema el juzgamiento de los congresistas. La idea es que la Sala Penal juzgue en primera instancia y la Sala Plena, en segunda. Aunque el ambiente en el Congreso es pésimo, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, le dijo a SEMANA que no se está considerando retirar el proyecto. "El gobierno está más convencido que nunca de las bondades del proyecto y de su necesidad".

El ministro asegura que el proyecto sí ataca la descongestión de la justicia. "Ese fue y sigue siendo un aspecto central", dijo. Frente a la fórmula para despolitizar las cortes explica que el gobierno no está quedándose con facultades de ellas sino volviendo a las formas anteriores a la Constitución del 91. Dice que el gobierno hará un esfuerzo adicional para dotar de mayores recursos la rama, aunque no será el 5 por ciento del presupuesto nacional, como lo propuso el Consejo de Estado.

Aunque Esguerra no sabe cómo seducirá a las cortes para que retornen a la discusión, espera poder lograrlo. "Faltan cuatro debates y creo que es un tiempo propicio para el análisis, el diálogo y la reflexión". Pero fuera del gobierno, nadie cree posible que la foto del consenso se pueda recomponer.