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| 6/7/2013 12:00:00 AM

Vientos de campaña política en Bogotá

Las firmas avaladas por la Registraduría obligan al alcalde a defender anticipadamente su obra de gobierno.

Luego que la Registraduría certificara que la iniciativa de revocatoria del mandato de Gustavo Petro superara el mínimo de firmas para convocar a los ciudadanos a las urnas, Bogotá está a las puertas de afrontar una nueva campaña política que ocupará a la opinión pública durante el próximo semestre.

La Registraduría, certificó que de las 630.623 firmas que apoyaron el proceso de revocatoria, 357.250 resultaron válidas. Los promotores cumplieron el requisito y sólo les queda esperar a que el organismo electoral convoque a los ciudadanos a las urnas.

Antes de eso, el alcalde Gustavo Petro tiene dos escenarios para evitar las elecciones. El recurso de reposición ante los registradores distritales y el de apelación que lo tendrá que resolver el registrador Carlos Ariel Sánchez. Según el código contencioso administrativo, Petro tiene diez días para presentar estos recursos y los organismos competentes deberán resolverlos en treinta días, tiempo en el cual deberán practicar las pruebas que solicite el alcalde.

Sobre el papel, en el mes de julio la Registraduría tendrá que resolver si la convocatoria al referendo es válida y a partir de ese momento tendrá dos meses para convocar las elecciones.

Jorge Ernesto Guevara, senador del movimiento Progresistas admite que esta circunstancia política inédita “obligará” a que el alcalde Gustavo Petro, más allá de gobernar tiene que “defenderse de la revocatoria”.

Guevara le anticipó a Semana.com que los Progresistas ya tienen un plan para movilizar a los bogotanos de los estratos 1 y 2, principales beneficiados de la política social de la administración Petro, para demostrar que “no les asiste razón” a quienes quieren revocar la decisión de los bogotanos en octubre del 2011, cuando fue elegido el hoy alcalde

Esta inédita campaña, según el constitucionalista Jaime Castro, se regirá por las mismas normas de los procesos electorales convencionales. Salvo que el principal afectado, Gustavo Petro, ni ningún funcionario de la administración, pueden utilizar recursos públicos para promover los dos escenarios que los benefician, el llamado a la abstención o el voto negativo a la revocatoria.

En consecuencia, el movimiento Progresistas o cualquier ciudadano, explica Castro, puede promover las actividades publicitarias para defender la obra de gobierno e invitar a la ciudadanía a rechazar. “A ser este un debate sobre el contenido de gobierno el alcalde puede intervenir”, explica Castro, pero aclara que no puede incurrir en actividades proselitistas tradicionales, al referirse a un reciente concepto de la Procuraduría.

Las consecuencias políticas las podrían pagar la ciudad, pues este proceso podría detener la ejecución de los principales proyectos de la administración.

Para que Gustavo Petro, en caso de que se convoque a los bogotanos, sea revocado, deberán acceder a las urnas el 55 por ciento de los que participaron en la elección del alcalde en octubre del 2011, es decir aproximadamente 1’200.000 electores. Y si de esta cifra la mitad vota a favor de la salida de Petro, el mandatario local está en la obligación de abandonar el cargo.

Incluso, el número de votos podría ser inferior si la Corte Constitucional se pronuncia sobre la reciente ley aprobada por el Congreso que reformó los mecanismos de participación ciudadana y que es de autoría del Partido Verde.

Esta ley, aprobada en junio del 2012, establece que para presentar la solicitud de votación para revocatoria de un mandato se requiere del apoyo de al menos el treinta por ciento (30%) del número de los votos obtenidos por el elegido. Cifra inferior a la que se establecía en la Ley 134 de 1994, que era el 40% del total de votos válidos emitidos en la elección del respectivo mandatario.

Sin embargo, aunque ya fue sancionada por el presidente de la República, no ha entrado en vigencia porque la Corte Constitucional no se ha pronunciado sobre la exequibilidad de esta nueva norma. El magistrado Mauricio González es el en cargado de rendir la ponencia, pero ha pasado un año sin que se produzca el pronunciamiento del alto tribunal.

De presentarse la decisión, de forma inmediata se revocaría la anterior norma que regula los mecanismos de revocatoria (expedida en 1994), y reduciría el mínimo de votos exigidos para la revocatoria. Los promotores de la revocatoria ya no tendrían que convocar a 1.200.000 bogotanos a las urnas sino casi 950.000.

Por eso los promotores del referendo también esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a esta norma.

La certificación de la Registraduría, de avalar las firmas que apoyaron la iniciativa del referendo, prácticamente pone a la capital en un ambiente de campaña política.
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