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| 4/1/1996 12:00:00 AM

VIENTOS DE ABSOLUCION

SE ESTA COCINANDO LA EXONERACION DEL PRESIDENTE EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES, CUAL VA SER EL PROCESO?

El Presidente puede estar muy caído en el mundo de los negocios pero en el de la política definitivamente no. No han transcurrido 15 días desde que el Fiscal denunció penalmente al primer mandatario y ya el sentimiento en el Congreso es más de solidaridad que de rechazo. La Cámara de Representantes va a ser el escenario para lo que los colombianos llaman el 'juicio' al Presidente que, en términos reales, no lo va a ser. Un juicio a un presidente tiene lugar cuando una acusación, después de pasar por la Cámara y el Senado, llega a la Corte Suprema de Justicia. Esto no va a suceder en el caso de Ernesto Samper. Tanto él como el Congreso han llegado a una especie de pacto de caballeros para que el asunto sea definido en la plenaria de la Cámara de Representantes. No se pretende otro auto inhibitorio por parte de la Comisión de Acusaciones, presidida por Heine Mogollón, pues esto sería inaceptable políticamente. Tampoco se espera, sin embargo, que el caso llegue hasta el Senado. La aspiración de las dos partes es un gran debate político en directo por televisión en la plenaria de la Cámara de Representantes cuyo resultado sería un cierre de la investigación con las siguientes palabras: "En mérito a lo investigado ordénese precluir la presente investigación". Muy probablemente van a conseguir ese resultado. De los 165 representantes a la Cámara no hay más de 20 que estén en ánimo de bronca contra Ernesto Samper Pizano. Por ahí otros 20 están tibios. La mayoría de los restantes, más de 100, expresan en privado su solidaridad con él. De lo que han leído en los medios de comunicación nada les parece mortal. Son veteranos del mundo de la política y no les escandaliza ni les sorprende que la mano de Gilberto Rodríguez hubiera estado detrás de todo. Consideran que así funciona este país y que si bien al Partido Liberal se le fue la mano en la campaña de 1994, ello no da para que ruede la cabeza del Presidente. Si algo tienen claro es que después de la cabeza de éste inmediatamente seguiría la del Congreso, y esto si no están dispuestos a aceptarlo. "Si se cae el Presidente, se cae encima de nosotros", afirmó un congresista a SEMANA. Los plazos de este proceso serán los siguientes: antes de 60 días la Comisión de Acusaciones proyectará una acusación a la plenaria de la Cámara. De ahí en adelante el debate no durará más de un mes. De las cuatro acusaciones que el Fiscal formuló al Presidente por lo menos una será eliminada en la propia Comisión de Acusaciones. La más probable será la de enriquecimiento ilícito, que es el cargo verdaderamente grave que pesa sobre el Presidente por ser el cargo narco. Los abogados del Presidente ya están preparando la argumentación para neutralizar el enriquecimiento ilícito, y tiene bastante validez.En primer lugar dirán que se trata de una ley diseñada para combatir al narcoterrorismo y que es un exabrupto aplicarla por fuera de esta órbita y más aún al Presidente de la República. En segundo lugar invocarán el hecho de que el Presidente no está acusado de recibir un solo centavo personalmente sino de un supuesto enriquecimiento por 'aumento de estatus', lo cual es una interpretación arbitraria que va más allá de la tipificación original del delito. Como ejemplo del absurdo de esta interpretación van a llamar la atención sobre el hecho de que el enriquecimiento ilícito interpretado en esa forma es un delito que sólo se comete si se ganan las elecciones pero no si se pierden. Esto significa que el delito no se comete cuando se reciben dineros del narcotráfico sino el día del triunfo, pues sin triunfo no hay aumento de estatus.Invocando los anteriores argumentos el cargo más grave contra el primer mandatario sería eliminado en la Comisión y a la plenaria no serían remitidos sino los delitos relacionados con la violación de los topes legales y el encubrimiento. Las acusaciones sobre violaciones a las normas del Consejo Electoral son más sólidas que el propio enriquecimiento ilícito pero aún así son defensables. El argumento central va a ser que el Presidente ni firmó los libros contables, lo cual hizo el director administrativo de la campaña, Juan Manuel Abella, ni era el representante legal de la Fundación Colombia Moderna, que era el núcleo de la campaña cuyo representante era Fernando Botero. La responsabilidad de Samper se derivaría entonces del artículo 109 de la Constitución que a la letra dice: "(...) Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos.". Los abogados del Presidente se han remontado a los orígenes de esa norma y han establecido que la palabra 'candidato' en ese contexto se refiere a los particulares que no se presentaron ni a nombre de un partido ni de un movimiento. Por lo tanto la responsabilidad no se refería a la totalidad de los candidatos. Los que sí lo hicieron a nombre de un partido o un movimiento no serían responsables personalmente sino a través de sus movimientos o partidos. Esta interpretación no será compartida automáticamente por todo el mundo, pero lo que sí es un hecho es que en derecho penal el único responsable es el que firma o el representante legal mientras no se demuestre la autoría intelectual de otras personas. De esta realidad jurídica se van a aferrar los abogados de Samper para sacarlo adelante del lío de los topes en la plenaria de la Cámara.Quedaría entonces solamente el cargo de encubrimiento. Este sólo se configura cuando se establece qué delitos se están encubriendo y que el encubridor tenía conocimiento de que sus subalternos habían cometido esos delitos. Los abogados del Presidente van a tratar de demostrar que esos requisitos no se cumplen en relación con las múltiples denuncias sobre encubrimiento que ha formulado Fernando Botero. Si no logran probar esto van a argumentar que no podría haber encubrimiento de hechos sobre los cuales ya se había abierto una investigación penal. Como la mayoría de las reuniones denunciadas por Botero tuvieron lugar después de que la Fiscalía abriera el llamado proceso 8.000 se va a afirmar que mal se podría encubrir algo sobre lo cual ya existe un proceso en curso.Por ese lado van las cosas y muy pocos expertos con mediano conocimiento de la clase política contemplan la posibilidad de que el Presidente no salga absuelto. Mientras esto sucede Ernesto Samper y el ministro del interior Horacio Serpa están aceitando burocráticamente la Cámara de Representantes como nunca se había visto en el pasado. Esta generosidad no se limita ni mucho menos a la Comisión de Acusaciones sino que se extiende a todos los representantes y particularmente a la bancada conservadora, que está siendo más consentida que el propio partido de gobierno. El fenómeno es tan evidente que muchos senadores están disgustados de los cargos que les han quitado a ellos para poder aumentar la torta de los representantes.'El juicio' en la Cámara va a ser menos público de lo que se cree. Las declaraciones de Fernando Botero y Santiago Medina, que deberían ser los platos fuertes del proceso, no van a ser escuchadas en vivo. Nadie está dispuesto a darles pantalla para poner en peligro la credibilidad del Presidente. Sus testimonios serán presentados en privado ante la Comisión de Acusaciones y leídos en público, si es necesario, posteriormente. Sin embargo, micrófono como el que tuvo 'Nacho' Vives contra Carlos Lleras en 1968 no va a haber para ningún acusador del primer mandatario.En lo que todo el mundo está de acuerdo es en que a este episodio le va a faltar un Laureano Gómez. La Cámara de Representantes no cuenta en la actualidad ni con grandes potencias morales ni con gigantes de la oratoria. Los representantes, por lo general, son desconocidos para la opinión pública y no existen liderazgos reconocidos dentro de la corporación. Por lo tanto los acusadores de Samper en la Cámara acabarán siendo los pocos parlamentarios que apostaron en contra del Presidente sacrificando cuotas burocráticas. En esta categoría están personajes como Pablo Victoria, Roy Barrera, Roberto Camacho, Ingrid Betancur y María Paulina Espinosa. Individualmente algunos de ellos pueden tener grandes méritos, convicciones o principios. Sin embargo, colectivamente, enfrentados a Horacio Serpa, pueden dar la impresión de una pelea entre tigre y burro amarrado. Todo lo anterior no significa que el juicio contra Ernesto Samper vaya a ser una farsa. Los redactores de la Constitución, tanto de ésta como de la anterior, tuvieron la voluntad expresa de que fuera prácticamente imposible tumbar a un presidente. Para esto inventaron que sus jueces naturales fueran sus propias mayorías políticas, que pueden ser llamadas al orden o alineadas con todas las prebendas que puede ofrecer el poder central. A esta situación no se llegó ni por omisión ni por ligereza de los constituyentes sino por la convicción de que en un país con la inestabilidad de Colombia, la estabilidad de la institución presidencial tenía que ser salvaguardada a sangre y fuego. Ernesto Samper no está haciendo nada diferente que utilizar esta prerrogativa.
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