VIENTOS DE GUERRA

Aunque el fin de la tregua viene siendo anunciado desde el mismo día de su nacimiento, en todos los sectores del país cayó como una bomba la noticia de la sangrienta emboscada tendida por las FARC a dos camiones del Ejército en una carretera del Caquetá, con un impresionante saldo de víctimas: veintisiete muertos--24 soldados, un oficial, un suboficial y un "civil del Ejército"-- y cuarenta y dos heridos. Los autores de la matanza, sin que al respecto hubiera al parecer ninguna duda, fueron los Frentes XIV y XV de las FARC, bajo los comandantes Avelino Ruíz y Jorge Suárez. Dentro del difícil discurrir de la tregua, con sus asesinatos, sus roces y sus hostigamientos, nadie esperaba una sacudida de tales dimensiones.

Primero, por venir de donde vino: el Caquetá, que precisamente era considerado la "tierra de promisión" de la tregua y el "laboratorio de la paz". A diferencia de zonas tan incesantemente convulsionadas como el Magdalena Medio, el Cauca o Urabá, las selvas del Caquetá habían conocido desde el cese al fuego un desarrollo mucho más político que militar. La "guerra sucia" era allí prácticamente desconocida, comparando la región, por ejemplo, con el vecino Meta. Ningún dirigente de la Unión Patriótica había sido asesinado allí, pese a que su éxito en las últimas elecciones fue grande, logrando la victoria en cuatro municipios: Puerto Rico, Paujil, Montañita y Cartagena del Chairá. En Florencia, el periódico Unión, de la UP, ha denunciado la muerte de doce personas "a manos de militares" en los últimos meses, pero se trata de secuelas de una situación anterior ya prácticamente superada. El Caquetá es una zona casi totalmente pacificada, y en donde se venía desarrollando, con éxito, un plan piloto para el proceso de integración de la guerrilla a la vida civil, de lo cual es un buen ejemplo el citado por el columnista Enrique Santos Calderón en El Tiempo: Avelino, el comandante del XV Frente, tenía un estanque de piscicultura con asesoría del Inderena.

Segundo, por venir cuando vino. Hace apenas dos meses, en abril, el consejero presidencial para la Rehabilitación, Carlos Ossa Escobar, había estado en Remolinos del Caguán entrevistándose con los jefes de los dos frentes hoy implicados en la emboscada a los camiones militares. Era la primera vez que Ossa hablaba directamente con los comandantes locales de las FARC, y según supo SEMANA lo hizo por invitación expresa de Jacobo Arenas. El momento escogido para el ataque sorprende todavía más si se sabe que el mismo Arenas, en sus periódicas conversaciones con la Consejería Presidencial a través del "teléfono verde", acababa de afirmar que en el Caquetá no había problemas y "todo estaba tranquilo". En su relación habitual de quejas sobre hostigamientos militares, Arenas no incluyó ninguna proveniente de los Frentes XIV y XV.

Tan general fue la sorpresa, que nadie encontró nada nuevo qué decir frente a la súbita masacre. Las primeras declaraciones y comentarios fueron la simple repetición de lo que cada cual llevaba meses, o incluso años diciendo. "Aquí nunca hubo tregua", declararon generales retirados como Landazábal, Camacho Leyva y Lema Henao, "es lo que siempre hemos dicho". Y la Unión Patriótica, por su parte, recurrió a su ya manida explicación: "Esas cosas pasan porque aquí no hay comisión verificadora, como hemos dicho siempre".

Sin embargo estas dos interpretaciones extremas de lo sucedido son ambas simples sofismas de distracción. Que sí existía la tregua quedó demostrado, precisamente, con la sorpresa provocada por su ruptura por parte de los dos Frentes de las FARC. Y que si se rompió no es por falta de una comisión verificadora lo prueba el hecho de que en el Caquetá no hubiera venido pasando nada que hubiera sido necesario verificar. De haber existido, la comisión hubiera tenido que limitarse a contar los muertos.

Entre la opinión de los generales retirados y la del comunicado de la UP se situaron las demás reacciones, que fueron por una vez unánimes en la condena y sorprendentemente moderadas en el tono. Moderado, y revelador de una gran paciencia, fue el comunicado dirigido por el consejero Ossa al Secretariado de las FARC. Después de acusar directamente a los dos Frentes de haber "cobardemente emboscado y asesinado" a los soldados y de anunciar que los responsables serían "perseguidos, capturados y castigados", Ossa pidió al Secretariado que asumiera sus responsabilidades al respecto para saber si es o no es acatado por sus Frentes. "No se podría mantener indefinidamente un cese al fuego a cuyo amparo las FARC cometen crímenes, sin que ello implique una responsabilidad del Secretariado y de todos y cada uno de los Frentes", advirtió Ossa. Un tono semejante de moderación se traslucía en el comunicado de los militares, víctimas y blancos directos de la matanza. Aunque sus términos eran duros --"cuadrilla autodenominada... cuyo cabecilla es el antisocial..."--el comunicado firmado por el general Rafael Samudio, ministro de Defensa, se limitaba a anunciar que pediría al procurador y al director nacional de Instrucción Criminal que se adelantara la correspondiente investigación penal y a subrayar que "se mantienen incólumes la voluntad y decisión de las Fuerzas Armadas para cumplir estrictamente su misión". En cuanto a los gremios, encabezados por la Andi y Fenalco, adoptaron en esta ocasión la línea de no echar leña al fuego. Tras reiterar su "grave preocupación por el deterioro del proceso" insisten en que nunca han pedido soluciones de guerra, y anuncian su apoyo al gobierno para que "tome las definiciones que más convengan al interés de la nación".

La prensa se mostró más agresiva. El Espectador editorializó sobre la masacre como la "prueba palpable de la falta de buena fe" de los firmantes guerrilleros de los pactos de tregua. El Tiempo, bajo el título de "¡Basta ya, bandoleros!" ,llamó a la ruptura, y otro tanto hizo, con mayor virulencia aún, El Siglo, para el cual lo acaecido en el Caquetá es "la comprobación de que la subversión se halla en guerra a muerte contra el Ejército Constitucional y contra ei Estado de Derecho". El Siglo agrega que su "apoyo irrestricto" es para las Fuerzas Armadas, puesto que el gobierno, según él, rechaza tales solidaridades. Pero sin duda la reacción más improvisada y visceral de todas fue la de la Unión Patriótica, que se vio enredada en sus propias contradicciones. "Lamentamos profundamente este episodio de confrontación"--dice la Coordinadora de la UP para referirse a la emboscada; y al culpar a continuación del hecho, no a los Frentes de las FARC que la organizaron, sino a la falta de una comisión verificadora que lo verificara, pierde de un plumazo buena parte de la credibilidad como partido independiente de la organización guerrillera que se había esforzado por ganar en los últimos meses. Algo parecido le sucede al Partido Comunista, cuyo Cómité Ejecutivo expidió una declaración en la cual pasa
por encima de la matanza ("los sucesos del Caquetá", llama al asunto) para denunciar más bien a los "sectores derechistas" que pretenden explotarla para "dar un golpe mortal a las aspiraciones sociales y democráticas de todo el pueblo". Dentro del bloque de la UP existen, sin embargo, fisuras, como lo mostró la disidencia de Alberto Rojas Puyo, probablemente el miembro del PC que con más dedicación ha trabajado en el proceso de paz desde las primeras conversaciones de la Casa Verde.

El comunicado del PC, que tiene razón al señalar que un escándalo como el de ahora no se ha producido nunca ante el asesinato continuado de más de trescientos militantes de la UP, es sin embargo injusto con el gobierno. El cual, siguiendo su ya acostumbrado comportamiento de embarrullarse en lo cotidiano pero mantener entera su serenidad en las crisis, abrió un compás de espera con respecto a la actual. Según declaró a SEMANA el consejero Carlos Ossa, el gobierno aguarda la respuesta del Secretariado a su pregunta frontal: controlan o no controlan a sus frentes. Jacobo Arenas, que escuchó la lectura del comunicado por el "teléfono verde", prometió reunirse lo más pronto posible con sus compañeros del Secretariado (al parecer Manuel Marulanda no se encuentra en la zona de la Casa Verde) para dar una respuesta concreta, de la cual dependerá, sin duda, la suerte definitiva de la tregua.

En lo que al Caquetá se refiere, por supuesto, la tregua está rota. El general Samudio anunció, y el gobierno reiteró, la decisión del Ejército de lanzar una ofensiva a fondo contra los dos Frentes responsables. De inmediato fueron enviados al Caquetá comandos aerotransportados, e infantes de marina para reforzar a la XII Brigada, que tiene ya allí cuatro batallones de contrainsurgencia: Cazadores (cuyos hombres sufrieron la emboscada), Juanambú, Héroes de Guepi y el de Ingenieros Liborio Mejía. Pero lo que suceda en las restantes partes del país en donde existen frentes de las FARC depende de cuál sea la respuesta del Secretariado, que hasta el momento del cierre de esta revista no había sido recibida.

Militantes de la UP consultados por SEMANA --el representante por el Caquetá Iván Márquez y el miembro de la Coordinadora Alvaro Salazar, ambos de extracción FARC--insistieron en el tema de los hostigamientos militares en la región. "Lamento profundamente la muerte de esos soldados campesinos y no la justifico --dice Márquez--, pero sí debo decir que me parece extraño que haya ingenieros haciendo carreteras en esa zona, que es donde existe la carretera mejor pavimentada y más espaciosa del Caquetá. La carretera que se está construyendo allá es otra, la de Paujil a Cartagena del Chairá, que se halla muy distante de donde ocurrieron los hechos (en Santa Marta, entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, ver mapa). Además, el batallón Cazadores no es el que hace obras de ingeniería". Salazar y Márquez recuerdan que la tensión en la zona ha venido creciendo, azuzada según ellos por el representante liberal Hernando Turbay Turbay, quien denuncia virulentamente la tregua con las FARC y es partidario de que se suspenda la elección de alcaldes en aquellos municipios en donde la Unión Patriótica puede ganar.

Sin embargo, la opinión de la Consejería Presidencial sobre los hostigamientos de que habla la UP es distinta. Se trata, dicen, de que en la medida en que a través del Plan de Rehabilitación el Estado recupera su presencia en zonas como el Caquetá, con él llega también el Ejército--que efectivamente sólo solía hacer apariciones esporádicas y fugaces por allí. El gobierno--subraya Ossa Escobar--no reconoce a las FARC "la extra-territorialidad" (lo que algunos llaman "repúblicas independientes"); insiste en que la verificación de la tregua sea "institucional" (por parte de la Procuraduría y los jueces, y no mediante una comisión ad hoc); y mantiene su decisión de no discutir con las guerrillas sino sobre su reincorporación a la vida civil, sin reconocerles personería de la comunidad para tratar en su nombre de otros temas. Todo eso, por supuesto, quita a las FARC piso político y control militar, al tiempo que lo devuelve al Estado y al Ejército. El consejero Ossa dice interpretar el "acto de desesperación" de los dos frentes del Caquetá como una tentativa para recuperar la iniciativa perdida--a la cual se suma, naturalmente, la erosión de prestigio inevitable que sufre una guerrilla que no combate sino que se mantiene en tregua. Ossa, por otra parte, apunta un segundo componente en la decisión de regresar al combate: los golpes dados en los últimos días a las zonas de siembra de coca en el Putumayo. Los frentes XIV y XV, que extraen buena parte de sus recursos de impuesto a los coqueros, pudieron temer que algo semejante se estuviera preparando en el bajo Caguán y decidieron desviar la atención hacia otros temas.

Pero en todo caso no resulta fácil creer que una acción de la envergadura de la emboscada al batallón Cazadores haya sido emprendida sin el conocimiento del Secretariado, o sin sus instrucciones. Al respecto, un documento capturado el 13 de marzo pasado a un guerrillero de las FARC muerto en un enfrentamiento con tropas de las XII Brigada en el Caquetá, y que al parecer es auténtico, da una luz reveladora. Se trata de una carta dirigida por Rolando (jefe de una comisión de finanzas del XV Frente) a Jaime Sarmiento (comandante de una columna del III Frente), que fue publicada por El Tiempo el 8 de abril y dice: "Los biejos mandan adecir que le demos duro (a la tropa) y Jorge (Suárez, comandante del XIV Frente) también ha resibido la orden de peliar y él ba a subirse para Cartagena a peliar lo mismo que ban a actuar los otros frentes cuando nos acosen mucho". "Los viejos", o "los cuchos", son, dentro de las FARC, Manuel Marulanda y Jacobo Arenas. Y esa "orden de peliar" impartida por ellos confirmaría lo que ellos mismos han sostenido siempre: que el Secretariado sí mantiene absoluto control sobre todos sus frentes, los cuales no toman decisiones inconsultas de esta naturaleza.

De confirmarse que la cruenta emboscada del Caquetá correspondió a una orden de lo alto, el mantenimiento de la tregua con la totalidad de las FARC se convertiría en algo muy difícil. Y su ruptura tendría consecuencias desastrosas: no sólo para la Unión Patriótica--primer blanco visible para posibles retaliaciones--sino para todo el país. Se trata del chantaje de la guerra generalizada, lanzado por el sector más "guerrerista" de las propias FARC, que nunca se ha sentido verdaderamente a gusto dentro de los pactos de tregua. Y es recibido con complacencia- por los "guerreristas" del otro lado, tanto comentaristas de la prensa como generales en retiro: como dice el general Landazabal, el reto se debe "afrontar con virilidad, que es lo que pide el pueblo colombiano en estos momentos". Pero ese sentimiento parece corresponder, de lado y lado, a un cálculo equivocado y alegre de las fuerzas propias y de las del adversario: tan equivocado es creer que se puede "darle duro a la tropa que ya ba de salida", como dicen las cartas de las FARC, como pensar que para acabar con la guerrilla basta con "perderle el miedo al vocablo represión", como propone Alvaro Gómez desde El Siglo. Es mucho más probable que se regrese a la situación que existía antes de que se empezara a hablar de tregua, y que precisamente condujo a que se hablara de ella: el empate militar descrito por el general José Joaquín Matallana. Las FARC deliran si piensan que el Ejército Nacional es incapaz de mantener hostilidades simultáneas en todos sus frentes, sumados a los que ya están en guerra de la Coordinadora Guerrillera. Pero los generales retirados deliran igualmente si creen que basta con "virilidad" para eliminar la subversión de un tajo. Puede ser, simplemente, el comienzo de otros treinta años de guerra como los que el país ya padeció. A un costo todavía mayor de sangre, de destrucción, de agravamiento de la pobreza general y de fortalecimiento de los sectores más radicales tanto dentro del establecimiento como dentro de la subversión.

La crisis de la tregua
El 28 de marzo de 1984 el gobierno de Belisario Betancur firmó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, los acuerdos de paz. La tregua empezó a cumplirse dos meses después, el 28 de mayo de 1984. Sin embargo, el cese al fuegó sólo comenzó a regir a partir del 1° de diciembre de 1984, por un año, una vez se conformó la Comisión de Verificación. En septiembre de 1985 el Secretariado de las FARC le propuso al gobierno una prolongación de los acuerdos hasta septiembre de 1986 dado que las reformas políticas prometidas no se habían llevado a cabo. El 2 de marzo de 1986 se realizó una reunión entre la Comisión de Paz y la dirección de las FARC, en la cual se decidió prolongar indefinidamente los acuerdos. Una vez el nuevo gobierno nombró a Carlos Ossa Escobar como consejero presidencial para la paz, éste se reunió con el Secretariado de las FARC y le prpuso un cronograma de desmovilización de los frentes. El Secretariado no aceptó esta propuesta aduciendo que no existía espacio político para su integración a la vida civil.
Durante estos tres años de tregua se han dado varias violaciones que han puesto en grave peligro los acuerdos de paz con las FARC. Los principales casos han sido:

Diciembre 85.- Asalto del ejército contra el V frente de las FARC en Urabá. 22 guerrilleros muertos.
Julio 86.- Asalto del XX frente de las FARC a la Policía en la carretera entre Bucaramanga y Barrancabermeja. Once policías muertos.
Febrero 87.- Asalto y toma del V frente de las FARC a la población de Mutatá (Antioquia), que tiene alcalde de la UP. Muerto un civil.
Febrero 87.- Voladura de un camión militar por el XII frente de las FARC en San Vicente de Chucurí (Santander). Muertos siete militares.

Junio 87.- Emboscada a dos camiones del batallón Cazadores por los frentes XIV y XV de las FARC en el Caquetá. 27 militares muertos.-
Aparte de estas acciones militares la UP ha venido denunciando el asesinato de más de 300 miembros de esta agrupación por parte de militares y paramilitares, lo que ha tenido el proceso de paz a punto de romperse en varias ocasiones, como cuando asesinaron a dos de sus parlamentarios, en septiembre de 1986, Pedro Nel Jiménez, en Villavicencio (Meta) y Leonardo Posada en Barrancabermeja (Santander), o cuando fue asesinado, en noviembre de 1986, el diputado de la UP a la Asamblea del Meta, Eusebio Prada Díaz.

Guerra sin frontoras
Probablemente desde las guerras de la independencia los pueblos de Colombia y Venezuela no se conmocionaban al mismo tiempo y por las mismas causas. La semana pasada sendos ataques de grupos guerrilleros pusieron de luto a ambos países y se ganaron el repudio general de los dos pueblos. Según las declaraciones del general venezolano Alfredo Sandoval, cerca de cien hombres del ELN, asaltaron un destacamento de la Guardia Nacional de ese país, en territorio venezolano. El enfrentamiento, ocurrido en la sierra del Perijá, dejó un saldo de 15 soldados y 33 guerrrilleros muertos.

El gobernador del Estado de Zulia, Omar Barbosa, afirmó que se trató de "un ataque de los narcoguerrilleros originado en la acción de la Guardia Nacional que había destruido sus plantaciones y laboratorios dos semanas antes". En esta apreciacion coincidieron varios de los voceros venezolanos, tanto gubernamentales como militares.

Algunos afirmaron que se trataba únicamente de una represalia por parte de bandas de narcotraficantes contra una patrulla que descubrió y destruyó cultivos de más de 100 hectáreas de marihuana y coca, y otras versiones de prensa venezolanas acusaron a grupos guerrilleros colombo-venezolanos. Sin embargo, no hay ninguna información concreta sobre la identificación de los autores de la emboscada.

Las versiones al parecer se basan en que la serranía del Perijá se ha caracterizado desde hace algunos años por ser centro de operaciones de narcotraficantes y una esfera de influencia de la guerrilla colombiana, y, además por cuanto no han sido pocos los encuentros entre ésta y la Guardia Nacional en los últimos años. En septiembre de 1983 una célula del ELN asesinó a un guardia y dejó ocho heridos en un asalto al puesto militar de Cutufí. A mediados del año pasado asaltó la guarnición de Los Bancos y mató a tres e hirió a once.

Guerrilleros, narcotraficantes, o narcoguerrilleros, lo que se vivió en la frontera colombo-venezolana fue una verdadera batalla campal y la magnitud del acontecimiento obligó a los presidentes de las dos naciones a pronunciarse. "Pido en nombre de mi país, con todo respeto y con toda fraternidad, la colaboración que nosotros siempre hemos prestado al poder político, a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos policiales y a la paz del vecino país, la partida correspondienye", dijo el presidente Jaime Lusinchi en Maracaibo durante el entierro de los soldados muertos.

El presidente Barco ofreció a su vez, al jefe de Estado venezolano "todo el apoyo para dar con el paradero de 105 atacantes y continuar en la frontera la lucha contra los contrabandistas de narcóticos".

Pero a pesar de las buenas intenciones que puedan tener los gobiernos colombiano y venezolano, este nuevo monstruo (casi que inidentificado) no será fácil de combatir, sobre todo si se tiene en cuenta la difícil topografía y lo escurridizos que resultan los grupos guerrilleros. Los ingredientes, selva, narcotráfico y guerrilla ensombrecen aún más el panorama.