Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2002/07/19 00:00

Vientos de guerra

Los empresarios dieron un sólido voto de confianza a la declaratoria de conmoción interior, con todo y el esfuerzo que implica pagar el nuevo impuesto al patrimonio.

u Una buena parte de los dos billones de pesos que el gobierno busca recaudar con el impuesto de seguridad se destinarán a un plan de choque que cubre la incorporación de 10.000 carabineros, 100.000 soldados campesinos y policías auxiliares, el fortalecimiento de fuerzas antiterroristas y la creación de dos brigadas móviles el próximo año

Colombia desperto la mañana del lunes 12 de agosto, por sexta vez en los últimos 10 años, en estado de conmoción interior. A la medianoche del día anterior el presidente Alvaro Uribe, con la firma de todos los ministros del despacho, estrenó la figura constitucional que su antecesor, Andrés Pastrana, había evitado emplear en los últimos meses de su mandato. La oleada terrorista del día de la posesión presidencial y las amenazas a alcaldes y gobernadores fueron las razones más importantes que esgrimió Uribe para acogerse a estas herramientas de excepción.

La recepción de la medida fue francamente entusiasta. Los sectores políticos del Congreso, académicos, ex magistrados de la Corte Constitucional y representantes de los sectores productivos aplaudieron la decisión presidencial y aceptaron el primer trago amargo de la conmoción: la creación de un impuesto para la seguridad. No es fácil pedirle plata a una economía que apenas despega. Sería, como han afirmado algunos economistas, sacarle sangre a un anémico.

Y no pocos litros. El impuesto se cobrará sobre el patrimonio líquido de las empresas y personas con una tarifa del 1,2 por ciento. El gobierno calcula que alrededor de 420.000 colombianos tendrán que pagar unos dos billones de pesos, esto es. un punto porcentual del PIB.

Muy pocas voces se han levantado contra la declaratoria de conmoción. Hay un consenso social de la necesidad de que el Estado acuda a mecanismos extraordinarios para responder los ataques que desde distintos frentes está desplegando la guerrilla. Para Manuel Iturralde, investigador de la Universidad de los Andes, "las Farc tienen nuevas formas para atacar al Estado, como el terrorismo, y éste no tiene cómo defenderse".

El inmenso flujo de recursos que los grupos al margen de la ley reciben del narcotráfico también hizo parte de los considerandos del decreto presidencial. Ante la combinación de terror, narcotráfico y guerra de guerrillas tradicional el gobierno necesitaba inyectar de capital a las Fuerzas Militares para contrarrestar la actividad subversiva. Y la manera más expedita de conseguir recursos era acudir a los estados de excepción.

La mano al dril

El éxito de un impuesto recae en que se pueda cobrar en su totalidad y que no despierte un rechazo político tal que se presione su anulación o modificación. Según esto el impuesto de seguridad del gobierno Uribe tiene todos los elementos para cumplir su cometido. El apoyo de los gremios de la producción al primer decreto de conmoción ha sido unánime y la voluntad para pagarlo irrestricta.

SEMANA hizo un sondeo informal entre 17 representantes de los distintos sectores de la economía sobre la conmoción interior y el nuevo impuesto. Las respuestas gremiales (ver cuadros) muestran que, a pesar de las preocupaciones sobre sus efectos recesivos, todos aceptan la imperiosa necesidad de meterse la mano al dril. "Apoyamos el impuesto, cosa que no solemos hacer los gremios, porque no hay más alternativa que asumirlo", dijo Sabas Pretelt, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco.

Es más que simbólico este espaldarazo desde sectores tan diversos como los avicultores, las empresas de servicios públicos y los importadores de partes para autos. Es un voto de confianza de la economía al naciente gobierno de Alvaro Uribe en materia de seguridad. Algunos dirigentes gremiales expresaron su tranquilidad por la presencia de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, a la cabeza del manejo de los recursos que se recaudarán: "Sus características gerenciales son una garantía de eficiencia".

Además, es indicativo del hastío de los sectores económicos con el rumbo que ha tomado el conflicto interno en Colombia. Los gremios comprenden que sin mayores recursos la Fuerza Pública no tendrá cómo contrarrestar el crecimiento y la contundencia de los ataques de las Farc. "Esto no es recesivo, es una inversión a largo plazo", afirmó Diego Miguel Sierra, de la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi.

Esta percepción es compartida por los otros gremios. Sin seguridad no habrá reactivación económica, es el mensaje que mandan los sectores productivos al pagar sin chistar esta nueva carga a sus golpeados balances. Claro está que una cosa es respaldar al gobierno con un nuevo impuesto y otra muy distinta la realidad financiera de las empresas.

En una carta dirigida al ministro de Hacienda, Roberto Junguito, cuatro gremios, los generadores de energía, los de gas natural, los distribuidores de energía y las empresas de servicios públicos, han pedido plazos para pagar. Por otro lado, a Eduardo Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, le preocupa que el recaudo sea sobre el patrimonio ya que muchas constructoras sufren problemas de liquidez.

Es que el entusiasmo gremial por la conmoción no oculta el golpe fuerte que este desembolso implica. Al escoger como base gravable el patrimonio líquido, el gobierno revive un impuesto que llevaba años sin ser aplicado en Colombia. Con seguridad habrá empresas y personas con grandes patrimonios cuyo flujo de caja o ingresos estén disminuidos por la crisis y que, de todas maneras, tendrán que pagar sobre sus bienes y no sobre sus rentas. La situación es tan común que se abrió la posibilidad de pedir créditos en los bancos para pagar el impuesto.

Más allá del patriotismo los empresarios quieren que la plata que sacarán de sus bolsillos con gran esfuerzo se invierta bien. En esto el gobierno tiene a los mejores fiscales y no se puede dar el lujo de desperdiciar un respaldo tan amplio. Algunos gremios ya han ofrecido establecer una veeduría ciudadana, si el gobierno la acepta, para vigilar los destinos de los dineros.

En un discurso ante los militares el jueves pasado, el presidente Uribe interpretó este sentir del sector privado al exigirles a los uniformados "resultados rápidos y contundentes" en contraprestación con el esfuerzo económico.

Otras medidas

La conmoción interior no sólo cubre la creación de impuestos. El gobierno anunció la interceptación de llamadas a celulares con previa orden judicial y en casos de personas vinculadas a un proceso penal. El anuncio causó polémica ya que, en un principio, no se hizo claridad sobre a quiénes se les 'chuzarían' las conversaciones.

El viernes pasado las empresas operadoras de telefonía celular establecieron un convenio con la Fiscalía General de la Nación para denunciar situaciones anómalas y "agilizar el camino a la justicia". No obstante, como afirmó José Fernando Bautista, de Asocel, "en ningún momento el acuerdo entre la Fiscalía y las empresas implica la violación de los procesos legales".

El apoyo a la conmoción traspasó fronteras. La semana pasada el presidente Uribe se reunió con una delegación del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Marc Grossman, subsecretario de Estado para asuntos políticos. Grossman expresó su satisfacción por la declaratoria del estado de excepción y por la creación del impuesto: "Serán los colombianos quienes lideren la solución de los problemas internos de Colombia".

Esta decisión del gobierno Uribe concuerda con los recientes llamados de Estados Unidos para que la sociedad colombiana se comprometa mucho más en la lucha contra la guerrilla. Compromiso que se expresa en un mayor gasto militar como porcentaje del PIB. Estas declaraciones de las autoridades estadounidenses han sido interpretadas como el guiño de la administración Bush a las primeras puntadas de la política de seguridad de Uribe. Y con seguridad tendrá un efecto positivo en la discusión de la ayuda a Colombia que la Casa Blanca presentará al Congreso a finales de septiembre.

¿Y despues que?

En resumidas cuentas, soplan vientos de guerra. Con las medidas de la conmoción, el lanzamiento de la red de informantes en Valledupar y el discurso a los militares el presidente Uribe está cumpliendo lo que prometió en la campaña. Según la Constitución, el gobierno contaría con prácticamente un año para emplear los instrumentos de excepción en estructurar una respuesta más inteligente, eficiente y efectiva del Estado a las acciones de los guerrilleros.

No obstante, no se puede esperar que medidas concebidas para situaciones de emergencia sean la panacea para problemas estructurales del Estado en materia de seguridad. La incorporación de nuevos soldados, por ejemplo, debe contar con una financiación fija y es evidente que no se puede sufragar con un impuesto temporal como el que se creó bajo la conmoción. De hecho, el gobierno está considerando esta realidad y ya ha producido los cálculos para que los gastos permanentes que se generen ahora sean contemplados por la nueva reforma tributaria que presentará el gobierno en los próximos días.

Con los vientos de la opinión a su favor el presidente Uribe tiene su cuarto de hora para tener éxito en la guerra, al igual que el presidente Pastrana tuvo el suyo para la paz. Quizá porque se trata de un camino que seguramente va a ser más costoso el compás de espera para Uribe puede ser más corto.

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