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| 10/14/2006 12:00:00 AM

Vientos de reforma

Los cambios que anunció el Ministro de Defensa pueden ser la cuota inicial para un nuevo modelo de defensa y seguridad en el país.

El ministro Juan Manuel Santos ya tiene listo el borrador de la nueva política de defensa. La seguridad democrática, que fue la bandera del Presidente Álvaro Uribe durante su primer gobierno, por exitosa que haya sido no alcanza para este segundo tiempo. Sirvió para que el Estado recuperara el control territorial en buena parte del país, para bajar los índices de violencia, para aumentar y fortalecer las Fuerzas Militares, y hacer retroceder a las Farc que, en palabras del propio Manuel Marulanda 'Tirofijo', volvió a la forma de vida y de lucha que tenía dos décadas atrás.

Sin embargo, en estos cuatros años han surgido y se han agudizado nuevos problemas. La guerra se desplazó a las fronteras, el crimen organizado y la mafia siguen en ascenso, y aunque las Fuerzas Militares lograron contener a las Farc, aún no logran darles golpes que signifiquen una derrota estratégica para esta guerrilla. Por eso la nueva política de consolidación tiene como principales ejes un plan de fronteras y un nuevo plan de guerra que reemplace el Plan Patriota. Habrá nuevos énfasis en la lucha contra las drogas, y en la formulación de una política criminal. Todo ello se financiará con el impuesto al patrimonio.

Pero antes de que todo eso se pueda lograr, las Fuerzas Militares serán sometidas a una reingeniería que ayude a subsanar los problemas que han dejado al desnudo los recientes escándalos de montajes, torturas en las guarniciones militares, corrupción y ejecuciones extrajudiciales. Esta reingeniería comenzó esta semana con los anuncios que hizo el ministro Juan Manuel Santos. En cinco áreas, todas muy sensibles, empezará el revolcón. Las reformas no son formales. Implican cambios profundos que pondrán a las Fuerzas Militares y a la Policía de cara a un nuevo modelo de seguridad. Posiblemente, el modelo para un país que enfrenta el posconflicto.

Educación y formación de la Fuerza Pública

La vergüenza se apoderó del Ejército este año cuando SEMANA publicó un reportaje sobre las torturas a las que fue sometido un contingente de soldados durante un entrenamiento. Este caso dejó en evidencia las distorsiones que hay en el reclutamiento y la capacitación de soldados, suboficiales y oficiales. El vicealmirante Fernando Román es el encargado de hacer un diagnóstico completo sobre los procesos de incorporación, formación y entrenamiento en el interior de las Fuerzas Militares y la Policía. No se trata sólo de mirar temas como el maltrato o los currículos. También construir un sistema donde la meritocracia y el talento tengan más peso que la 'rosca' en la carrera de los oficiales. Román es un destacado oficial que inexplicablemente había sido retirado de la Armada hace pocos meses, y a quien el ministro Santos devolvió al servicio activo.

Definición de roles y funciones

Esta es la columna vertebral de la reingeniería que se viene en las Fuerzas Militares. Gran parte de las fricciones y el fuego amigo que ha habido entre Policía y Ejército tiene su origen en una enorme confusión de funciones. Hay duplicidad porque todas las fuerzas hacen lo mismo, se pisan las mangueras, y de allí que reine un ambiente de celos y competencia. Esta confusión tiene su origen en la imbricación de las violencias del país, donde es difícil establecer cuál es el terreno de la guerra -que le toca al Ejército- y cuál el de la criminalidad y el orden público -que le corresponde a la Policía-. También hay celos entre el Ejército y la Fuerza Aérea, por el tema de la aviación de combate.

Al frente de este tema estará el vicealmirante David René Moreno, quien coordinará un equipo de oficiales de todas las fuerzas y la Policía que deberán entregar el 15 de diciembre un informe completo de recomendaciones. Si se hace un trabajo serio, este documento podría ser la base para un nuevo modelo de orden público y defensa en el país.

Para el caso particular del malestar que existe entre Policía y Ejército, el gobierno creó una comisión de amigables componedores para que se reúnan con los generales Jorge Castro, de la Policía, y Mario Montoya, del Ejército. La idea es que ayuden a limar las asperezas y la desconfianza. De la comisión hacen parte el empresario Manuel Santiago Mejía, el ex ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, el periodista Mauricio Vargas y el asesor presidencial Jorge Mario Eastman. ?

Reforma a la justicia penal militar

El problema más grave que tiene la justicia penal militar, que le quita la credibilidad y la transparencia, es que los jueces no hacen carrera dentro de esta jurisdicción y pasan de esta área a otras que hacen parte de las unidades operativas. Este es el punto sobre el que está trabajando Marina Gil, actual directora de esa jurisdicción, con el grupo de países amigos: Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Holanda y España; y con el ex ministro de Defensa Juan Carlos Esguerra y el jurista Fernando Arboleda Ripoll. Aunque aún no hay una propuesta consolidada, lo más seguro es que a la postre la justicia penal militar funcione como un arma, donde los oficiales hacen su carrera de principio a fin y donde haya una carrera judicial como ocurre en la justicia ordinaria. Eso les daría mayor independencia.

Si a esta decisión se suma que ya se aprobó una ley para descongestionar los tribunales militares, y que ya pasó en segundo debate en el Congreso, que extiende a los militares el sistema oral, el panorama será muy diferente. El ministro Santos fue enfático en que se mantendrá y se fortalecerá el fuero militar.

Facultades discrecionales

Las facultades discrecionales le dan al alto mando militar el poder de separar de la institución a cualquier persona sin tener que explicar por qué. Estas son fundamentales para combatir la corrupción, pues basta con tener sospecha razonable de que algún miembro de la Fuerza Pública está actuando indebidamente, para tomar medidas, sin que haya un proceso disciplinario o judicial de por medio. A pesar de que estas facultades existen, no se usan con eficiencia. El mejor ejemplo es lo sucedido con el coronel Bayron Carvajal, investigado por la masacre de Jamundí, quien antes de estar involucrado en este crimen tenía un historial de dudosas actuaciones señaladas por la contrainteligencia y que nunca desembocaron en su separación de la institución. El Ministro dijo que estas facultades se fortalecerán como un arma de lucha contra la corrupción. De hecho, Santos usó esta semana las facultades para separar de sus cargos a los policías involucrados en la pérdida de más de 40.000 discos compactos.

La ley de inteligencia

Como lo anunció SEMANA en su anterior edición, ya existe un proyecto de ley de inteligencia orientado básicamente a proteger a los agentes que trabajan en operaciones encubiertas. La ley se orientará a proteger la información para evitar la filtración y el uso indebido de la misma. El otro aspecto es mejorar la protección jurídica a los militares que hacen acciones encubiertas, para que no sean capturados cuando están infiltrados y para proteger su identidad. Incrementar el secreto, necesariamente implicará hacer más fuertes los controles. En Estados Unidos, por ejemplo, los archivos de la CIA permanecen ocultos durante varios años, dependiendo el nivel de confidencialidad que requiera la información. Pero existe el mecanismo de la desclasificación, que permite que pasadas varias décadas, el público pueda acceder a los mismos. También existen en otros países controles por parte de comisiones especiales del Congreso. En Colombia, esa posibilidad se tendrá que estudiar, pero es muy difícil. Baste recordar que el año pasado, el entonces ministro, Jorge Uribe, sostuvo una conversación privada sobre asuntos de seguridad nacional con la comisión segunda de la Cámara de Representantes, y al día siguiente, un congresista les contó todo a los periodistas, lo que generó un grave incidente diplomático con Venezuela.
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